Ciencia para la paz y el desarrollo: el caso del ... - unesdoc - Unesco

Ciencia para la paz y el desarrollo: el caso del Juramento Hipocrático para Científicos
Específicamente, su artículo 12 se titula “El
deber y la responsabilidad de promover un
desarrollo científico y tecnológico seguro, responsable
y equitativo”. Pero ello es una tarea
compartida, que sólo se logra plenamente
cuando las voluntades de todos los involucrados
-científicos, gobiernos, sector privado,
ONG y todos en general- convergen. Allí el
parágrafo 6 enuncia: “Las comunidades de
investigación y los científicos tienen la obligación
de actuar con pleno respeto a la vida y
el bienestar de todo ser humano y tomar todas
las medidas necesarias, incluyendo la adopción
de un código de ética, para impedir que
los resultados de la investigación científica y
tecnológica sean utilizados para amenazar la
paz y la seguridad”.
Pero igualmente se hace necesario decir que,
aún en un sistema opresor en que no se otorgue
el reconocimiento de los derechos humanos
de los individuos, el científico también
mantiene su responsabilidad y no está exento
moralmente de cumplir con sus deberes en
tanto un agente moral.
4. El actual marco constitucional
argentino desde 1994 3
El JBA se formuló y comenzó a adoptarse en
un momento histórico único de la República
Argentina: se estaba paulatinamente recuperando
el estado de derecho, se reinstauraba
la vigencia de la Constitución Nacional, y se
enfatizaba el significado de los derechos y
también los deberes humanos. Los tiempos
precedentes habían constituido un atropello
a la misma ley suprema, utilizando mecanismos
de persecución y desaparición forzada de
personas.
En 1994 se aprueba una reforma constitucional
4 que contiene específicamente el reco-
3 En relación al marco constitucional vigente al tiempo de
enunciación del juramento, Constitución de 1853.
4 Véase: Constitución de la Nación Argentina de 1853, con la
reforma de 1994.
120 Estudios y documentos de política científica de América Latina y el Caribe. Vol. 2.
nocimiento de la dignidad humana y de los
derechos humanos universales, que de la misma,
se deducen. Se da rango constitucional a
los principales documentos internacionales y
regionales de derechos humanos. El artículo
75, inc. 22 es un buen ejemplo de ello: “…
Los tratados y concordatos tienen jerarquía
superior a las leyes. La Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre; la
Declaración Universal de Derechos Humanos;
la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
su Protocolo Facultativo; la Convención sobre
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;
la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial; la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; la Convención sobre los
Derechos del Niño: en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional…”.
Esta nueva versión de la ley suprema da un
contexto tardío pero acorde al JBA, lo que
puede considerarse como un impulso extra
al mismo. También se hace una referencia al
valor del avance científico en el artículo 75,
inc. 19, que tiene un carácter muy sucinto:
“Proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a
la productividad de la economía nacional, a
la generación de empleo, a la formación profesional
de los trabajadores, a la defensa del
valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo
científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento”.
Pero si bien el Artículo 41 hace referencia
implícita a una cultura de paz, la paz en sí
misma no es promovida tampoco en este texto
reformulado: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las