La gestión de centros de enseñanza obligatoria en Iberoamérica

a) Descentralización y municipalización de la gestión educativa
Desde la década de los 60 los esfuerzos por descentralizar la educación en el país no han sido
pocos y, en los últimos diez años, se han incrementado con una serie de políticas gubernamentales
para descentralizar el Estado. A través del tiempo el proceso de descentralización educativa se ha
caracterizado por su improvisación y por su falta de continuidad al no tener claro un modelo de
gestión a alcanzar. Así, más que una descentralización ha ocurrido una desconcentración de funciones
administrativas que no ha logrado mejorar la equidad y la calidad de la educación en el país (Diaz,
H., 2008)
Del año 2002 a la fecha, se vienen dando pasos diversos para la descentralización política y
administrativa del país. Para ello se creó el Consejo Nacional de Descentralización (CND) y, dentro
del marco de este organismo, el Ministerio de Educación formuló un Plan de Transferencia de
activos y presupuestos a los Gobiernos Regionales cuya ejecución tuvo que postergarse varias
veces debido a la poca operatividad del CND en sus funciones. Mediante la descentralización se van
transfiriendo en forma paulatina las competencias, el poder de decisión y los recursos del gobierno
central a los gobiernos regionales y locales. Es un nuevo modelo de gestión que, en términos
educativos, confiere mayor autonomía para la toma de decisiones a las direcciones regionales de
educación (DRE), a las unidades de gestión educativa locales (UGEL) y a los colegios (Diaz, C. y B.
Alfaro (eds.), 2008).
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La descentralización cuenta actualmente con un marco normativo formado por cinco leyes entre
las que se encuentran la Ley General de Educación 28044 y la Ley de Bases de la Descentralización.
En esta última se indica que este proceso es gradual, “por etapas, en forma progresiva y ordenada,
conforme a criterios que permitan una adecuada y clara asignación de competencias y transferencias
de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, evitando la duplicidad”
(Ley de Bases de la Descentralización, 2002: 2). Debido a esto, la transferencia de las funciones y
competencias en el sector educación así como en el de salud han sido dejadas para una etapa final
(Ministerio de Educación, 2006), empezando formalmente en el año 2007 pero habiéndose iniciado
en la práctica años antes. Esto nos indica que el cronograma inicialmente previsto en la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales 27867 no se ha cumplido en su totalidad debido a que no se ha observado
la acreditación previa del manejo de competencias especializadas antes de realizar la transferencia.
Más bien el proceso de descentralización ha sido desordenado, falto de coherencia con la normativa,
y ha irrespetado el carácter gradual de la transferencia de competencias a los gobiernos regionales
y locales. Asimismo, ha faltado la entrega de recursos financieros y técnicos, la capacitación y
asistencia técnica (PRODES USAID, 2007).
Por otro lado, en el marco normativo del proceso de descentralización se indica que los gobiernos
regionales y locales asumen funciones normativas y reguladoras, de planeamiento, administrativas
y ejecutoras, de promoción de las inversiones y de supervisión, evaluación y control. Con respecto
al sector educación se establece que los gobiernos regionales y locales velan por el cumplimiento
de políticas y metas nacionales de educación. Además fijan la autoridad técnica del Ministerio de
Educación sobre las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y sobre las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL). Se indica también que los gobiernos regionales ejercen competencias
compartidas en la gestión de servicios de los distintos niveles educativos orientados a potenciar la
formación y la difusión de la cultura. Asimismo los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de
formular, ejecutar y evaluar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología,
deporte y recreación, el Proyecto Educativo Regional, los programas de desarrollo de la cultura,
ciencia y tecnología, y el deporte, así como diversificar los currículos nacionales incorporando
contenidos significativos de su realidad, diseñar e implementar las políticas de infraestructura y
equipamiento, en coordinación con los gobiernos locales, y llevar a cabo procesos de
profesionalización, capacitación y actualización del personal docente y administrativo del sector.
Por último, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las unidades de gestión
local (Ley de Bases de la Descentralización 27783 (LBD), Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
27867 (LOGR).