La gestión de centros de enseñanza obligatoria en Iberoamérica

La gestión de centros de enseñanza obligatoria
en la República Argentina
Inés Aguerrondo (con la colaboración de Constanza Ortiz), Universidad Católica Argentina;
Alicia Carranza (con la colaboración de Silvia Kravetz y Vanesa López), Universidad Nacional
de Córdoba - Facultad de Filosofía y Humanidades.
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Resumen
Esta presentación sintetiza los cambios recientes producidos en la política educativa argentina
partiendo de las reformas de los 90', analizando los nuevos sentidos impulsados a partir de 2003
para modificar algunos principios, fines y valores que hoy deberían influir sobre la organización de las
instituciones educativas y su gestión. Se analiza la gestión en relación a cómo abordar la inclusión
educativa y cómo convertir la escuela en una comunidad de aprendizaje. Para efectivizar esas
modificaciones, ocupa un lugar destacado el papel del Estado Nacional como garante de la promoción
de la igualdad y equidad educativas y el concepto de justicia social y justicia escolar, para lo cual es
imprescindible reforzar algunas acciones compensatorias expresadas en programas de apoyo a las
instituciones escolares. Se abordan aspectos considerados obstáculos para convertir a la escuela
en una comunidad de aprendizaje, comenzando por la falta de formación específica del personal
directivo, la falta de horas institucionales para la conformación de espacios de trabajo conjunto, así
como la rotación docente que dificulta la generación de equipos, lo que genera un docente que
prioriza su compromiso profesional con sus alumnos (a nivel del aula) y no con la institución.
Introducción
Argentina experimentó en la década de los 90', una reforma estructural de su sistema educativo
por la aplicación de la Ley 24.195 (Ley Federal de Educación) y porque se completó la transferencia
de los servicios educativos del ámbito nacional a las provincias iniciado en los 70', (Ley 21.809/78).
Este proceso de transferencia a las provincias 1 , constituía una medida legítima para un estado
federal, pero su implementación fue cuestionada. Frente a un sistema con circuitos diferenciados de
calidad, ya diagnosticados desde los 80', la política de aplicación de la Ley Federal de Educación
(LFE, 1993) pretendió avanzar hacia la homogeneización proponiendo un modelo organizativo de
ciclos en lugar de niveles, una propuesta curricular de contenidos básicos comunes, una formación
docente diseñada para todo el país y fundamentalmente una inversión muy importante en programas
con financiamiento nacional, provincial e internacional, para compensar las diferencias.
Por todo ello, el proceso de descentralización administrativa tuvo como contraparte una
recentralización de las decisiones políticas. Si bien éstas formalmente se dirimieron en el Consejo
Federal de Educación, órgano conformado por los ministros de educación de todas las provincias, la
presentación por parte de las autoridades nacionales de iniciativas, programas y fundamentos, con
un alto componente de calidad teórica, técnica y profesional, dejó a las provincias con poca capacidad
de decisión tanto debido a sus carencias profesionales como también por su necesidad de acceder
al financiamiento. Un proceso similar se constató en las escuelas las que, bajo un discurso de
necesidad de mayor autonomía, se vieron forzadas a absorber muchos proyectos simultáneos, lo
que influyó decisivamente en los estilos de gestión y en la dinámica institucional.
La inversión en programas de apoyo a las escuelas, fundamentalmente programas de tipo
compensatorios, imprimió un giro importante en la forma de hacer política del gobierno instalando
una regulación bastante novedosa para la época ya en los 80', hubo programas nacionales pero su
diseño e implementación respondieron a una concepción contraria, privilegiando un proceso de
“abajo – arriba”, estimulando la participación de los actores institucionales en el rediseño de la
propuesta nacional y procurando experiencias piloto antes que reformas a gran escala.
Después de una seria crisis política y económica (2001-2002), a partir de 2003 las nuevas autoridades
nacionales procuraron una diferenciación con el proceso político anterior. Durante esta gestión se