La gestión de centros de enseñanza obligatoria en Iberoamérica

Capítulo VI: La gestión de los centros de enseñanza obligatoria en Nicaragua
planificación de corto, mediano y largo plazo, profesionalización docente, evaluación y seguimiento
del sistema educativo, transformación curricular, mejora de infraestructura y dotación de equipos,
introducción de TICs en la enseñanza-aprendizaje, formación de politécnicos o bachilleratos técnicos
vinculados con el mundo laboral, entre otros.
Es importante señalar que en medio de la crisis económica en la que se debate el mundo y en
especial los países altamente empobrecidos, tal es el caso de Nicaragua, cualquier recurso nunca
sobra, más aún cuando en cumplimiento de la política de gratuidad de la educación pública obligatoria,
el MINED ha prohibido tajantemente el cobro a los padres de familia, en concepto de matrículas,
aranceles o cualquier otro servicio educativo. Estos recursos ciertamente paliaban una serie de
carencias de las escuelas, cuando se encontraba en vigencia la Ley de Autonomía Escolar. Al
respecto, del Ministro de Educación, don Miguel De Castilla, ha expresado en reiteradas ocasiones
que el MINED se encuentra abierto a cualquier tipo de cooperación de las agencias o países donantes,
ya sea incorporándose como parte de la red de apoyo al Modelo Global de Calidad o a cualquiera de
los ejes del Plan de Desarrollo Institucional del MINED, lo que consideramos totalmente válido,
antes que reincidir en el castigo a la población más vulnerable, que constituía el pago de la educación
pública.
Algunas organizaciones de cooperación han permanecido enfocadas en el fortalecimiento de las
capacidades locales para participar más efectivamente en la gestión educativa, con el asidero legal
de la Ley de Municipios, Ley No. 40 de 2 de julio de 1988, publicada en La Gaceta No. 155 de 17 de
agosto de 1988, que en su Artículo 10 dice que “Los municipios pueden realizar actividades
complementarias de las atribuidas a otras instituciones y entre otras, las relativas a la educación,
sanidad, vivienda, aguas, alumbrado público, cultura y deportes”.
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A partir de la anterior norma jurídica, desde finales de los años 80', y durante los años 90', se
intentó descentralizar la gestión pública, persiguiendo que las Municipalidades asumieran un rol
activo en la toma de decisiones educativas y en la administración de los centros escolares. Sin
embargo, esta iniciativa no prosperó debido a que las restricciones presupuestarias, de las que
hemos hablado abundantemente, impidieron la transferencia completa de los fondos que determina
la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua, Ley N° 466, aprobada el
3 de julio del 2003, publicada en La Gaceta No. 157 del 20 de agosto del 2003. Siendo así, el Estado
intentaba trasladarle a los Municipios sus responsabilidades, pero pretendía no incrementar las
transferencias para el cumplimiento de las nuevas funciones, lo que derivó en un rechazo de parte de
los Consejos Municipales y por ello en un fracaso de la propuesta.
Por otro lado, a inicios de la presente década se ha pretendido remarcar la necesidad de que las
comunidades y los ciudadanos en general participen en la gestión de ciertos servicios públicos,
siguiendo la política de transferencia de responsabilidades del Estado hacia las comunidades y el
sector privado, siendo así que nace la Ley de Participación Ciudadana, Ley No. 475, aprobada el 22
de octubre del 2003, publicada en La Gaceta No. 241 del 19 de diciembre del 2003.
Siguiendo esta línea de trabajo, USAID, a través del "Cooperative Agreement" 524-A-00-06-00004-
00, apoya la aplicación y validación de un modelo de aprendizaje activo que mejore las formas de
enseñanza de los docentes y el rendimiento, retención y promoción estudiantil, tanto en escuelas
de modalidad primaria regular, como multigrado monolingües e interculturales bilingües. Alrededor
de esta propuesta se han organizado Save the Children Federation USA, MINED, Municipalidades,
Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y sector privado interesado.
Uno de los elementos fundamentales para la retención escolar, que mantiene su vigencia hasta
hoy, es el Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) del MINED, que cuenta con apoyo técnico
del Ministerio de Salud (MINSA), la Red Nicasalud, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En
conjunto estas organizaciones han elaborado un sistema de seguimiento a la nutrición escolar, la
que cuenta con guías y normativas para asegurar la seguridad alimentaria de los estudiantes, así
como la práctica correcta de procedimientos para manipulación de los alimentos en las escuelas.
Serie Informes / La gestión de centros de enseñanza obligatoria en Iberoamérica