Pago por Servicios Ambientales y Comunidades Rurales. - UNAM

pos-revolucionarios – el planteamiento de poner en circulación mercantil las tierras y abrirlas a
las inversiones del sector privado.
En los años subsecuentes, en el ámbito internacional se dejó atrás el papel de liderazgo que
México había jugado entre el tercermundista grupo de los no-alineados durante la década de
1970 a 1980, hacia la participación plena en el mercado capitalista globalizado, con la firma del
Tratado General sobre Aranceles (GATT), en 1986, el ingreso en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1993, y el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC) en 1994.
México acudió a las políticas ambientalistas consecuentes con la estrategia de “normas y
castigos” (“command and control”) con énfasis exclusivo en normas regulatorias aplicables a
residuos líquidos y sólidos, y también gaseosos – de forma que, hasta el presente, siguen vigentes
aproximadamente 80 reglamentos sobre deshechos reproducidos en su mayoría de la Agencia
para la Protección Ambiental de los Estados Unidos. (Urquidi, 1999)
En un confiado esfuerzo por establecer las bases jurídicas para la neo-liberalización del campo,
el presidente Carlos Salinas modificó, en 1992, el Artículo 27 constitucional para permitir la
venta de las parcelas ejidales; se establecieron procedimientos para la enajenación irrestricta de
los ejidos con posibilidades inmobiliarias urbanas y turísticas. Sin embargo, se mantuvo la
persistencia del dominio colectivo sobre las tierras forestales.
En adición, dos leyes claves fueron modificados. La Ley de Aguas estableció las bases para la
transferencia a los particulares de la gestión de los Distritos de Riego y de los sistemas de agua
potable, así como la posibilidad de apropiación de los cursos de agua y el trasvasamiento entre
cuencas por los particulares para crear un mercado del agua. La Ley Forestal retiró la mayoría
de los dispositivos de control de los aprovechamientos forestales y propició las condiciones para
el establecimiento de plantaciones comerciales, especialmente orientadas a la producción de
materia prima celulósica.
Sin embargo, la exploración de incentivos económicos para la conservación no estuvo ausente.
En 1992 hubo una iniciativa desde la academia para investigar y proponer mecanismos del
mercado para completar – o aún sustituir a – las medidas regulatorias que habían sido los
instrumentos predilectos por el gobierno mexicana. La estrategia de normas y castigos,
experimentada desde 1972, era ampliamente criticada por ineficaz por este grupo de
intelectuales (incluyendo a Víctor Urquidi y otros). La problemática bajo su consideración fue la
de reducir la contaminación ambiental, principalmente por parte del sector industrial, y se
observó que los “impuestos ecológicos” (por emisiones y otros desincentivos basados en el
principio de “quien contanima paga”) no iban a ser aguantables para la micro- y pequeña
empresa – siendo un sustento fundamental de la economía mexicana.
También esta escuela de ambio-economistas criticaba los “permisos comerciables” (“tradeable
permits”) – preferidos por los neo-liberales por no distorsionar la economía porque los vieron
como altamente susceptibles a la corrupción. Pueden dar lugar a un mercado ‘seminegro’, en el
que incluso se falsifiquen los documentos respectivos… Los compradores de los permisos
pueden no hacer las inversiones ambientales necesarias sino contentarse con ‘pagar por
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