Pago por Servicios Ambientales y Comunidades Rurales. - UNAM

RESUMEN EJECUTIVO
Por su situación de puente geográfico mesoamericano, y su variedad topográfica, México se
conoce como uno de los países de “megadiversidad” en el mundo. Hay grandes recursos
forestales (aproximadamente 56% del territorio); y hay una tasa de deforestación que es el doble
del promedio nacional.
El campesinado mexicano es un sector en transición. Viene de haber sido un pilar de la
Revolución Mexicana (1910-20) – con la cual ganó una reforma agraria que todavía hoy pone en
su posesión más de la mitad del territorio nacional – y de haber proporcionado alimentación y
mano de obra baratas durante la transformación del país hacia uno urbano (en el 75%) y en
avanzadas vías de la industrialización. La población campesina – en parte significativa indígena
– se concentra en el sur del país, donde también se concentran las reservas de agua y el bosque
más importantes. De hecho, hasta el 80% del bosque nacional se encuentra en los ejidos y
comunidades semi-colectivizados, conocidos como “propiedad social”.
En general estamos hablando de campesinos que producen para su consumo y para el mercado,
cuyas formas de organización y de acceso a los recursos naturales ofrecen oportunidades para
construir esquemas de desarrollo sustentable, y hasta de reconversión de áreas inapropiadas para
la agricultura a su vocación forestal. La situación sigue siendo de riesgo fuerte de destrucción
irreversible de los recursos naturales y biodiversidad de grandes áreas de la “propiedad social” si
la sociedad y gobierno mexicano no mostraran compromiso político de invertir en el desarrollo
sustentable.
Desde los años 1970, México ha reconocido un problema de contaminación del aire y agua, y ha
experimentado con normas y controles hacia su resolución, sin nunca retar de forma frontal la
expansión económica industrial del país. Para finales de los años 1980, la protección del
ambiente comenzó a perfilarse. Fue en 1988 que el gobierno se abrió a una secretaría del
ambiente. La creación de áreas naturales protegidas (ANP) pronto resultó estratégica.
Al mismo tiempo, organizaciones civiles (o no-gubernamentales) conservacionistas y ecologistas
emergieron con agendas de denuncia contra abusos en el modelo económico (el aire
contaminado por los autos, la industria destructora de hábitats, etc.) y de reclamo al Estado para
que asumiera su papel de protector de los recursos naturales. Con aptitudes progresistas en la
arena internacional, el gobierno mexicano figuró en el movimiento ambientalista post-Río/92, y
fue de los primeros ratificadores del Protocolo de Kioto. Un aparato gubernamental mínimo
respetable (la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1995) de ideología
avanzada en el ámbito del desarrollo sustentable y la conservación se armó. Al mismo tiempo el
país optó por la globalización neo-liberal radical, terminando en su participación en el Area de
Libre Comercio de América del Norte (1994).
Mientras tanto, los campesinos y campesinas mexicanas han experimentado con distintas
estrategias, desde la resistencia en su economía de subsistencia, el reclamo político por
programas mínimos, y la experimentación con alternativas de mercado, ya que los granos
básicos, el café convencional, y el ganado son todas opciones de poco futuro.