Pago por Servicios Ambientales y Comunidades Rurales. - UNAM

Con respecto a las tierras forestales, las modificaciones de ley también son equívocas. La ley le
da un trato de excepción a las tierras forestales, en el sentido de asegurar que sigan siendo
poseídas en común y que, ante la posible terminación del régimen ejidal, hay una transferencia
obligatoria a propiedad nacional. Es la indivisibilidad de las tierras forestales.
Desgraciadamente, la falta de involucramiento mayor de los ejidatarios y comuneros en un
aprovechamiento sustentable legal del recurso forestal les ha llevado a los propietarios sociales a
(a) o frenar la regularización/privatización de sus terrenos por miedo de perderlos (b) o ¡la
deforestación inducida en los procedimientos de deslinde, titulación y certificación de parcelas,
donde los ejidatarios desmontan con el fin de recibir las tierras de manera individual y ante la
interpretación de que el gobierno incautará los predios que no se encuentren bajo cultivo!
La Ley de Vida Silvestre tuvo, entre sus objetivos, crear las condiciones para el desarrollo de las
Unidades de Manejo Sustentable (UMAS), instrumentos de control del aprovechamiento de
organismos de vida silvestre. La venta de derechos de cacería ha sido hasta ahora una de las más
importantes aplicaciones de esta ley, incluso antes de emitida y su regulación ha conducido a la
elevación muy sustancial de la captura de ingresos por los dueños de los recursos.
Aunque hasta ahora las UMAS han tenido un desarrollo fundamentalmente en los ranchos
privados del norte del país, esas experiencias han abierto un antecedente de venta directa de
recursos de biodiversidad, con efectos positivos para el mejoramiento de hábitat de animales y
plantas, aún cuando éstos no se comercialicen.
El proyecto de Ley de Conservación y Restauración de Suelos tiene una orientación
principalmente inductora de prácticas sustentables del manejo de las tierras. Hace referencia
expresa a la obligación gubernamental de atender prioritariamente áreas vulnerables y críticas de
degradación. Da cabida a la formación de mercados de servicios ambientales correspondiendo a
la conservación de las cuencas hidrográficas, en donde se establecerían mecanismos de
transferencias financieras a los gestores de las partes altas de las cuencas, con el objeto de
incrementar la infiltración y la regulación del régimen de escorrentía en las cuencas.
La Ley de Aguas Nacionales debería proporcionar el marco para la integración de las partes de
las cuencas y pagar por los servicios ambientales hidráulicos, principalmente a través de
transferencias de derechos de aguas negociados y operados en el contexto de los Consejos de
Cuenca.
Esta ley, hasta ahora, no ha considerado la integración en los consejos y en la gestión de las
cuencas a otros usuarios de la cuenca diferentes de los usuarios del agua. La ampliación de este
concepto es actualmente motivo de demanda por algunos sectores minoritarios de la sociedad.
La Ley de Bioseguridad aún no se había concluido en agosto de 2000. Se puede señalar su
importancia para PSA en términos de la regulación de los derechos de propiedad intelectual, que
son la base legal principal para los arreglos de venta de diversidad genética.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), de 1994, contiene un capítulo
compatible con aspectos del proyecto de Ley de Bioseguridad, que contemplan el tema de los
derechos de propiedad intelectual y las patentes, que protege, en cierta manera, los organismos
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