Pago por Servicios Ambientales y Comunidades Rurales. - UNAM

El papel que el Estado debe jugar en la valoración económica de los bienes y servicios
ambientales también está en plena discusión. Hay quienes piensan que su papel debe ser sólo de
regulación y la operación dejarse en manos del mercado privado. 87
Otras visiones están a favor de que el Estado juegue un papel más protagónico y genere
esquemas de incentivos que den mayor reconocimiento y valor a los servicios ambientales y
participe como uno de los principales compradores de estos servicios. “El papel de la regulación
tiene dos vertientes: (a) corrección, y (b) establecimiento de un marco institucional para derecho,
transferencias y operación de los mercados. Sin estos, la evolución de los servicios ambientales
se mantiene marginal.” 88
La SEMARNAT se ha declarado a favor del enfoque de PSA y la recientemente abierta
Dirección General de Investigaciones en Políticas y Economía Ambientales puede ser una buena
señal de que se está tomando en serio el asunto. Están trabajando en modificar a mediano plazo
el marco jurídico y fiscal para favorecer una estrategia nacional de PSA, prioritariamente en
áreas naturales protegidas, y por el momento se encuentran en una primera fase de investigación
y de aplicación a nivel de programas piloto para desarrollar el esquema. 89
Vemos que será difícil que el gobierno avance más allá de un compromiso provisional y limitado
a la promoción de experiencias piloto. Más factible es imaginar posturas más claras y más
concensadas por las organizaciones de la sociedad civil. Claro, el PSA sigue siendo
controvertido. Varias organizaciones ecologistas – y en alianza con las organizaciones indígenas
y/o indigenistas – se oponen a la economización del ambiente, ven con sospecha, o rechazan
energéticamente, estrategias de PSA. Otras organizaciones civiles y otras dentro del movimiento
campesino (definido de forma más clasista) perciben beneficios mayores en las estrategias de
PSA. Falta – urgentemente – entablar un debate y posiblemente arribar a consensos entre estos
actores.
En el esfuerzo por entender el espacio que PSA ocupa en la política y práctica mexicanas, es
importante rescatar varios elementos: las estrategias de PSA (a) están parcialmente consagradas
en tratados y procesos políticos-económicos internacionales, (b) comparten premisas con las
políticas rectoras mexicanas de la privatización y descentralización de funciones públicas y
terminando con subsidios y tutelaje hacia el sector campesino, (c) pueden encontrar eco como
una nueva visión del campesino como custodio de los recursos naturales, pero (d) también puede
encontrar un rechazo por imponer la mercantilización sobre conceptos (i) del campesinado como
actores económicos no-capitalistas y (ii) del gobierno como responsable del cuidado de la
naturaleza como recurso de la nación.
87 “El papel del gobierno debería ser minimizado a largo plazo, actuando principalmente como
un catalizador y un ajustador de las reglas del juego.” Plan Estratégico Forestal para México
2025, Propuestas de Estrategia para el Desarrollo Sustentable del Sector Forestal; 12 de febrero de
2001
88 Op cit. Pag.
89 Entrevista con José Carlos Fernández director de la Dirección de Economía Ambiental y con Carlos Muñoz Director General
de Investigaciones en Políticas y Economía Ambiental.
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