Pago por Servicios Ambientales y Comunidades Rurales. - UNAM

D. El Marco Institucional y Políticas de Gobierno y de la Sociedad Civil 13
El ajuste estructural llegó a ser la política rectora del estado mexicano, y puede señalarse como
un parámetro indicativo de la dramática reducción del gasto público la caída de un 75% en los
recursos presupuestales destinados al campo a lo largo de las últimas dos décadas, llegando a
representar sólo el 4.8% del gasto programable en 1999 a nivel federal. (AMUCSS, ANEC, et
al.).
Con respecto al campo, se definieron dos programas principales. La Alianza para el Campo fue
destinado a los productores rurales considerados viables para la promoción de la inversión,
mientras el PROCAMPO estuvo focalizado en un padrón de productores de menos viabilidad
económica y es un subsidio directo basado en el área de cultivo de granos básicos. Fue el
principal destino del presupuesto de egresos del campo, llegando a más de mil millones de
dólares anuales, según el Presupuesto de Egresos 2000. Vale mencionar que programas
destinados a la reforestación, en forma de plantaciones de parte de inversionistas medianos y
grandes, también llegaron a formularse.
Instituciones y programas
Con el establecimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en 1988 el
gobierno mexicano comenzó a reconocer la importancia estratégica del cuidado de los recursos
naturales, primero con un enfoque de contrastar los factores de aumento de la contaminación del
agua y aire, y, desde la creación del Instituto Nacional de Ecología (INE) en 1988, la ampliación
del mandato para incluir la conservación de los recursos naturales. 14 Los principales esfuerzos
para la conservación fueron restrictivos del uso de los recursos naturales a través de reservas y
vedas. Más de 500 parques nacionales designados en el papel durante el siglo pasado llegaron a
ocupar hasta la mitad del territorio nacional, pero hoy se reconocen 111 áreas protegidas,
cubriendo casi el 10% del territorio, como la pieza clave de la política ambiental mexicana. 15
Desde 1977, México comenzó a experimentar con un concepto más integral de áreas protegidas
en las cuales se reconocieron algunos derechos de los pobladores que se encuentran viviendo en
ellas. En ese año, se estableció la Reserva de Montes Azules, en Chiapas, como la primera de
una serie dentro de la iniciativa del UNESCO, “Man and the Biosphere”. Inclusive, en la
planeación de las Areas Naturales Protegidas (ANP) más recientemente han aparecido estrategias
de promoción de pagos por servicios ambientales, como forma de financiar los costos del
gobierno en vigilancia, señalización, etc. (Gómez-Pompa y Kaus, 1998)
Como efecto de la Cumbre de la Tierra en 1992 se dio impulso a la integración de la política
ambiental dentro de una secretaría de estado. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP), creada en 1995, representó un esfuerzo por racionalizar los
13 Ver Anexo II para un cuadro de dependencias gubernamentales relacionadas a políticas ambientales.
14 Por ejemplo, antes de 1988 no había evaluación de los impactos ambientales en los programas gubernamentales.
15 En 1994 Areas Naturales Protegidas tuvo un presupuesto de aproximadamente US$3 millones; en 2000, es de
US$157 millones.
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