Pago por Servicios Ambientales y Comunidades Rurales. - UNAM

La cacería ha sido siempre una actividad practicada por los campesinos y durante las últimas dos
décadas ha emergido un fuerte interés deportivo por estas actividades en dos vertientes: la de los
ranchos en el norte y la de desarrollos más ligados a los mercados emergentes ambientales. 48
En los ranchos del norte, las condiciones restrictivas ambientales imponen la necesidad de
grandes extensiones para el mantenimiento del ganado, lo que propicia la disponibilidad de
espacio para la coexistencia de la actividad productiva con la vida de la fauna silvestre y, a la vez
dificultan el control del territorio por los propietarios privados o sociales. El resultado de estas
condiciones es, por un lado, la degradación de la capacidad forrajera de las tierras de pastoreo
por causa de malas prácticas de uso, con efectos que van en detrimento de la fauna y, por otro
lado, la pérdida de valor de las piezas por la proliferación de la cacería furtiva.
El norte del país se encuentra íntimamente relacionado con los procesos de los EEUU. En este
caso, la generalización de los corrales de engorda ha puesto en crisis a la ganadería extensiva
tradicional y los ranchos han ido quebrando. Por lo tanto, los propietarios buscan un cambio de
uso a favor del establecimiento de residencias, normalmente para turismo de primera clase, en el
esquema de “turismo rural”, muchas veces ligado al interés por las actividades cinegéticas.
Los ganaderos norteños se han organizado dentro de la Asociación Nacional de Ganadería
Diversificada (ANGADI) y lograron en 1997 la promulgación de la Ley Nacional de
Organizaciones Ganaderas, que facilita la formación de organizaciones e incluyendo la
posibilidad de participación de pequeños ganaderos y del sector social. Como mencionamos en
la sección sobre el marco legal, la Ley de Vida Silvestre define una nueva entidad, la Unidad de
Manejo Ambiental (UMA), para promover que los propietarios y propietarias rurales conviertan
sus terrenos a usos económicos de protección de la biodiversidad y conservación del hábitat,
recibiendo a cambio asistencia técnica y otros incentivos por parte del gobierno. 49
Por lo que se refiere a la parte legal, Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA) escribe:
“La ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) contempla la posibilidad de que se
creen fondos y fideicomisos para la protección y la conservación de aquellas zonas del territorio nacional cuyos
ambientes originales no han sido significativamente alterados (áreas naturales protegidas). Esto esta contemplado en
la parte de los instrumentos económicos que contempla la LGEEPA, que incluye otros como son los de mercado:
permisos, licencias, autorizaciones y concesiones, así como los estímulos fiscales. También, la Ley del Impuesto
sobre la Renta contempla, vía la miscelánea fiscal, aspectos de deducibilidad fiscal a aquellas organizaciones que
realicen actividades de protección, conservación y restauración. Para ello, hay que acreditar el objeto social de la
organización para asegurar que es compatible con lo que se pretende hacer, y acreditar también que sus actividades
se hacen en un lugar determinado y que son acciones de conservación, protección o restauración. Otra figura que
contempla la LGEEPA es la de poder contar con áreas naturales privadas, de las cuales, los propietarios pueden
obtener de las autoridades un certificado, el cual a su vez les pude servir para ir ante Hacienda y obtener ciertos
incentivos. Aquí el marco jurídico aún está por desarrollarse."” (Alanís, comunicación personal, 10 de julio de
2000)
48 Como un dato poco conocido y revelador de la cultura mexicana, después de Japón y Gran Bretaña, México es el
país que más genera el interés en la caza de los elefantes. (entrevista, R. Hernández)
49 Las UMAS son concebidos en grande, ya que podrán llegar a ocupar 9.84 millones de ha (en comparación con las
Areas Nacionales Protegidas que cubren 8.79 millones de ha). (entrevista, R. Hernández)
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