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El movimiento ecologista suele funcionar con base en redes, a veces ad hoc y a veces más
formales, que consisten en organizaciones civiles dedicadas a la ecología. 8 El peso del
movimiento llevó a la ayuda no-declarada del partido gobernante, en los 1980s, para formar el
Partido Verde Ecologista Mexicano, con la esperanza de canalizar las iniciativas políticas del
movimiento ecologista urbano. Claro, su impacto mayor fue la decisión de establecer, por
primera vez en 1982, una secretaría con responsabilidad por la ecología, la SEDUE (como se
verá más adelante).
C. Marco Legal
El marco jurídico-normativo que rige la gestión de los recursos naturales, se encuentra disperso
en una variedad de instrumentos legales. Los contenidos de la Constitución y las leyes generales
federales son materia del Congreso de la Unión, de igual forma que los tratados internacionales.
Todas las leyes generales requieren de leyes reglamentarias. Las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM) establecen patrones con la fuerza de ley.
El Artículo 27 de la Constitución sigue dando la definición básica del carácter nacional de la
propiedad de los recursos del país. En este espíritu patrimonial, el Estado, establece los medios
para la constitución de la propiedad social 9 y privada y restringe aquellas a la preservación del
interés público.
Por primera vez, en 1971, el gobierno mexicano aprobó una ley ambiental consolidada, que
respondió a la acelerada industrialización y urbanización del país, desde los 50s, y que estaba
dedicada estrictamente al control de la contaminación del aire, agua y mar. En la Ley Federal de
Protección del Ambiente (1982) se vieron incluidas provisiones para la protección y preservación
de los ecosistemas, incluyendo por primera vez un marco legal para la protección de la flora,
fauna, tierra y agua. Marcó también el inicio de la conjugación de la conservación de los
recursos naturales con el desarrollo socio-económico; y coincidió con la conformación de una
nueva secretaría federal con responsabilidades ecológicas-ambientales, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE).
En 1988 se aprobó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) que está considerada como una de las más avanzadas de América Latina, “por su
carácter comprensivo y en particular por la introducción del ordenamiento ecológico, la
evaluación del impacto ambiental y los planes de manejo, y por incorporar elementos
participativos como la denuncia popular”. 10 Sin embargo “no prevé expresamente el uso de
instrumentos económicos dentro de la política ambiental”. 11
8 Además de las organizaciones mencionadas en la nota anterior, figuran Pronatura, el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, Conservación Internacional, Greenpeace, y redes como el Pacto de Grupos Ecologistas, el Grupo de los
Cien, y otras más.
9 La “propiedad social” consiste en los ejidos y los bienes comunales de los pueblos indígenas.
10 Ver Instrumentos Económicos, PNUMA/SEMARNAP, 1998.
11 Ibid.
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