La red oscura - Eduardo Casas Herrer

ningún vídeo! ¡Siempre podría decir que lo había hecho otro! ¡Pronto acabaría esa
pesadilla!
Se equivocaba. Dos años después, desarmado de toda posible defensa por la
abrumadora cantidad de pruebas que aportó la Brigada de Investigación
Tecnológica, aceptaba una pena de diecisiete años de prisión y perder toda
posibilidad de volver a ver a los chavales con tal de evitar un juicio público en el que
sabía que iba a ser más expuesto aún a los medios de comunicación. Ya lo estaba
pasando bastante mal en la cárcel como para que más presos supieran cuál era el
motivo de su estancia tras las rejas.
LA CURIOSIDAD MATÓ AL GATO
Entre los legos en la materia existe la creencia de que la pornografía infantil consiste,
sobre todo, en chicas adolescentes que se desnudan delante de un espejo o que son
retratadas en poses «artísticas» y que luego, de una manera u otra, acaban en Internet.
Esa no es la realidad. Al menos no toda. Ni siquiera es una fracción importante y,
como veremos más adelante, quienes hacen eso suelen estar obligados o amenazados.
Los organismos internacionales aconsejan describir esta tipología delictiva con un
término más cercano a la realidad, explotación sexual de menores. Lo que buscan los
consumidores se divide en dos grandes áreas: softcore —desnudos— y hardcore —
actos sexuales—. Chicos y chicas son víctimas por igual y el rango de edad va desde
los pocos meses hasta la pubertad. A partir del desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios, la tipología cambia y el delito suele ocurrir por engaño o falsa seducción
en vez de por abuso de confianza o compra. Las aberraciones más retorcidas también
tienen su sitio, desde zoofilia a coprofilia, siempre con un pequeño en el centro de la
«acción». Los autores en la gran mayoría de las ocasiones son personas muy cercanas
a la víctima. Padres, familiares, tutores, profesores… Hay un porcentaje en el que el
dinero está implicado. Suelen ser turistas sexuales occidentales en países del Sudeste
Asiático, en especial Tailandia y Filipinas. Por otro lado, hay ciertas «empresas» del
Este de Europa, sobre todo rusas y ucranianas, que pagan a madres por realizar
fotografías softcore de sus vástagos. Es la excepción en un delito en que el interés
económico, aunque mueve millones, no deja de ser una anécdota.
La legislación sobre la pornografía de menores es una de las más duras que tiene
todo el código penal español. Hasta junio de 2015 estaba penada con un máximo de
nueve años de cárcel la producción, distribución, donación, exhibición o cualquier
muestra a terceros de ese material. En ese artículo se considera delictivo, al contrario
que en la difusión de obras protegidas por derechos de autor, incluso enviar a otras
personas enlaces donde se puedan ver esas imágenes. También está perseguido su
almacenamiento en el propio disco duro o en «la nube» y, desde julio de ese año,
incluso la visualización habitual puede llevar a quien lo haga a prisión. Por ello, en
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