El sector textil y confección y el desarrollo sostenible en ... - ictsd

78 Portocarrero Lacayo — El sector textil y confeccion y el desarollo sostenible en Nicaragua
La importancia de la transparencia en los
procesos es indiscutible; sin embargo, la
eliminación de este monto mínimo —en el
que el gobierno puede dar trato preferencial
a empresas nacionales de menor tamaño—
disminuye un espacio de política importante,
que el Estado puede utilizar a favor de grupos
que se encuentran en una posición vulnerable
frente a la competencia extranjera.
Esto evidencia que, además de los compromisos
formales que Nicaragua ha adquirido en
los tratados comerciales suscritos, existen a
lo interno pugnas entre grupos de poder que
abogan por sus propios intereses económicos, y
que podrían modificar algunos de estos espacios
para política que todavía existen.
4.3.2.5 Propiedad intelectual
En términos de propiedad intelectual, el DR-
Cafta exige el aseguramiento de los derechos
de propiedad para inversionistas y nacionales,
entre los que se encuentra el reconocimiento
de la autoría de cualquier tipo de creación.
Esto implica que para poder utilizar o adaptar
tecnología, por ejemplo, se tienen que pagar
licencias que resultan muy costosas para
muchos microempresarios.
Además, implica que las y los empresarios
deben invertir en el registro de sus creaciones
a fin de asegurar que las mismas no sean
patentadas por otras empresas y pierdan, por
tanto, el derecho a producirlas.
4.3.2.6 Derechos laborales y medio ambiente
En el Cafta se acuerda que el marco de normas
y principios adoptado en materia laboral y
ambiental no debe constituir un obstáculo
al comercio, ni debe permitir la adopción de
medidas que afecten al comercio entre los
países miembro del tratado.
Esto tiene al menos dos implicaciones. La
primera es que los países firmantes pueden
demandar al Estado de Nicaragua si algún
incumplimiento o vacío en términos laborales
o ambientales ocasiona un perjuicio al comercio
internacional.
Es decir, si las empresas extranjeras que operan
en el país llegaran a percibir, por ejemplo, un
efecto negativo en su imagen que afectara
las relaciones comerciales con sus clientes
debido a negligencia estatal en términos del
aseguramiento de los mecanismos para cumplir
la legislación ambiental o laboral, las empresas
pueden demandar al Estado por el daño que
eso les hubiere causado. La responsabilidad de
que se cumplan los marcos jurídicos laborales
y ambientales recae en el Estado, y no en el
sector empresarial. Así, la falta de monitoreo,
de definición de procesos, o de claridad en la
información y en los procedimientos que las
empresas deben realizar podría ser motivo de
que las empresas entablen demanda judicial
contra el Estado nicaragüense.
En segundo lugar, los Estados firmantes
pueden demandar al Estado nicaragüense si
a causa del incumplimiento de la legislación
ambiental o laboral vigente en el país una
empresa disminuye sus costos de producción
y por ende compite de manera desleal con las
empresas de los otros países. Es decir, si a
causa del incumplimiento del marco jurídico
del país una empresa nicaragüense vende
bienes al mercado de Estados Unidos a precios
más baratos, Estados Unidos puede demandar
a Nicaragua por competencia desleal. Esto se
vuelve especialmente importante para nuestro
país si se toma en cuenta que un gran número
de mipymes forma parte del sector informal
de la economía.
El DR-Cafta establece además que las empresas
de los países miembro del acuerdo se
regirán por las normas y leyes vigentes en el
país donde operan. Partiendo de la asimetría
que existe en términos de regulaciones
laborales y ambientales entre los países
miembro, este acuerdo implica que las
empresas estadounidenses que se instalan en
el país se enfrentan a regulaciones mucho
menos rígidas en comparación con aquellas a las
que se enfrentan las empresas nicaragüenses
que deseen operar en Estados Unidos.
Este podría considerarse un incentivo adicional
para que algunas empresas de Estados Unidos
se instalen en el país, dado que en el sector