selección de decisiones del comité de derechos humanos

del mar representaba una "detención administrativa" y,
por consiguiente, no podía examinarse en virtud del
párrafo 1, y mucho menos del párrafo 3, del artículo 14.
El Comité observó que la detención del autor, en el
derecho australiano, no se debía a que se hubieran formulado
acusaciones de carácter penal en su contra ni a
la determinación de sus derechos y obligaciones en un
juicio. Consideró, sin embargo, que la cuestión de si los
procedimientos relativos a la determinación de la condición
del autor con arreglo a la Ley de enmienda de la
Ley de migración quedaban comprendidos, con todo,
dentro del ámbito de aplicación del párrafo 1 del
artículo 14 era una cuestión que debía examinarse en
cuanto al fondo.
6.6. Por último, con respecto a la denuncia formulada
en virtud del párrafo 1 del artículo 2 junto con los
artículos 9 y 14, el Comité observó que, a los efectos de
la admisibilidad, no se había demostrado que el autor
hubiera sido víctima de discriminación por motivos de
raza y/u origen étnico. Además, resultaba claro que no
se habían agotado los recursos internos a este respecto,
ya que la cuestión de una presunta discriminación por
motivos de raza u origen étnico no se había planteado
ante los tribunales u otros órganos. En las circunstancias
del caso, el Comité consideró que esta denuncia era
inadmisible a tenor del artículo 2 y del inciso b) del
párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.
6.7. Por consiguiente, el 4 de abril de 1995 el Comité
de Derechos Humanos declaró que la comunicación era
admisible en la medida en que parecía plantear cuestiones
en relación con los párrafos 1 y 4 del artículo 9 y el
párrafo 1 del artículo 14.
Observaciones del Estado Parte en cuanto al fondo y
comentarios del abogado al respecto
7.1. En las alegaciones, fechadas en mayo de 1996,
presentadas en virtud del párrafo 2 del artículo 4 del
Protocolo Facultativo, el Estado Parte complementa la
información sobre los hechos del caso y se refiere a las
denuncias formuladas en virtud de los párrafos 1 y 4 del
artículo 9 y del párrafo 1 del artículo 14. Recuerda que
la política de Australia de detener a las personas llegadas
en forma no autorizada es parte de su política de
inmigración. El fundamento de esta política es asegurar
que las personas que llegan en forma no autorizada no
se incorporen a la comunidad australiana mientras no se
evalúe debidamente su presunto derecho a esa incorporación
y los motivos que justifiquen la entrada. El objetivo
de la detención es asegurar que toda persona que
entra sin autorización en el territorio australiano tenga
la posibilidad de que se examine cualquier tipo de solicitud
que presente para permanecer en el país y que
pueda encontrarse a esa persona para su expulsión si su
solicitud es rechazada. El Estado Parte observa que a
fines de 1989 se produjo un incremento repentino e
imprevisto en el número de solicitudes para el reconocimiento
de la condición de refugiado de parte de personas
llegadas al país por mar. La consecuencia fue que
el plazo de detención de los solicitantes se amplió considerablemente,
y que se modificaron la ley y los procedimientos
para el otorgamiento de visados de protección
a los solicitantes llegados por mar.
7.2. En cuanto a la necesidad de la detención, el Estado
Parte recuerda que las personas que llegaron sin
autorización a las costas australianas en 1990 y comienzos
de 1991 fueron alojadas en albergues para migrantes,
sin ningún tipo de cerca y se les impuso la obligación
de presentarse a las autoridades. Sin embargo, las
medidas de seguridad debieron reforzarse al aumentar
el número de detenidos que se evadía y la dificultad de
lograr la cooperación de las comunidades étnicas locales
para encontrar a las personas que no cumplían su
obligación de presentarse ante las autoridades; 59 personas
llegadas en botes se fugaron entre 1991 y octubre
de 1993. En cuanto a las personas autorizadas para
residir en la comunidad en tanto se examinaba su solicitud
de asilo, se observa que de un grupo de 8.000
personas a las que se denegó el estatuto de refugiado,
alrededor del 27% permaneció ilegalmente en el territorio
de Australia, sin autorización alguna.
7.3. El Estado Parte señala que su política de detención
imperativa de ciertos solicitantes llegados a su
frontera debe considerarse a la luz del examen completo
y detallado que se hace de las solicitudes de asilo y de
las amplias oportunidades dadas para impugnar las
decisiones adversas. Habida cuenta de la complejidad
del caso, del tiempo necesario para reunir información
sobre la cambiante situación en Camboya y del plazo de
que dispusieron los asesores letrados de A para hacer
sus exposiciones, la duración de la detención del autor
no ha sido arbitrariamente prolongada. Por otra parte,
las condiciones de detención de A no eran rigurosas ni
semejantes a las de una prisión o indebidamente
restrictivas.
7.4. El Estado Parte reitera que en la primera entrevista
del autor tras su llegada a Australia se le informó
de que tenía derecho a solicitar asesoramiento jurídico y
asistencia letrada. El autor mantuvo un contacto permanente
con los grupos de apoyo de la comunidad, que
podían informarle sobre ese derecho. Según el Estado
Parte, el ejercicio de ese derecho es fundamentalmente
una cuestión de hecho, dado que para presentar una
solicitud de asilo no se requiere asesoramiento jurídico.
El Estado Parte subraya que durante todo el período de
su detención el autor hubiera podido disponer de facilidades
razonables para obtener asistencia letrada gratuita
o iniciar cualquier procedimiento, en el caso de que lo
hubiese deseado. A partir del 13 de septiembre de 1990,
el autor se hizo parte en diversas causas judiciales;
según el Estado Parte, no existe ninguna prueba de que
A no haya podido disponer de asistencia letrada gratuita
o representación cuando lo solicitó. En general, las
condiciones en que estaba detenido el autor no le impedían
disponer de asistencia letrada gratuita (véanse
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