selección de decisiones del comité de derechos humanos

comunicación Nº 424/1990 denuncia, además, las
demoras que sufrió el procedimiento en el Tribunal de
Apelaciones; el autor recibió los documentos presentados
por el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones
unos siete meses después de haberlos recibido
el Tribunal.
La denuncia
3.1. Los autores afirman que su detención y su
encarcelamiento fueron en contravención del párrafo 1
del artículo 9 del Pacto. Esto fue reconocido
implícitamente por el Estado Parte cuando retiró todos
los cargos contra ellos. Los autores afirman, además,
que el Estado Parte violó el artículo 19 al perseguirlos
por haber portado, leído o difundido documentos en
los que no hacía más que evaluarse la conducta de la
política togolesa, en el plano interno o en el de las
relaciones exteriores.
3.2. Los autores solicitan que se les reponga en los
cargos que ocupaban antes de ser detenidos y piden
que se les indemnice en virtud del párrafo 5 del
artículo 9 del Pacto.
Observaciones del Estado Parte en cuanto a la
admisibilidad y observaciones y aclaraciones de los
autores
4.1. El Estado Parte objeta que se admitan las
comunicaciones aduciendo que los autores no
agotaron los recursos internos disponibles. Hace notar
que el proceso sigue su curso normal en el Tribunal de
Apelaciones. En los casos relativos al Sr. Aduayom y
al Sr. Diasso (comunicaciones Nos. 422/1990 y
423/1990), el empleador (la Universidad de Benin) no
ha hecho la solicitud de rigor, por lo que la Sala
Administrativa del Tribunal de Apelaciones no puede
fallar. En cuanto al caso del Sr. Dobou (Nº 424/1990),
se afirma que el autor no presentó sus observaciones
con respecto a la declaración del Ministerio de
Correos y Telecomunicaciones. El Estado Parte llega a
la conclusión de que no se han agotado los recursos
internos, pues la Sala Administrativa no ha emitido su
fallo.
4.2. El Estado Parte afirma, además, que otro recurso
de que disponen los autores es la Ley de amnistía
de 11 de abril de 1991 decretada por el Presidente
de la República. Esa ley es aplicable a todos los casos
de índole política definidos en el Código Penal
("infractions à caractère ou d'inspiration politique,
prévues par la législation pénale") ocurridos antes del
11 de abril de 1991. En el artículo 2 de la ley se prevé
expresamente la reposición de los titulares de cargos
públicos y privados. La amnistía es concedida por el
fiscal ("Procureur de la République ou juge chargé du
Ministère Public") en un plazo de tres días a contar de
la presentación de la solicitud (art. 4). De conformidad
con el artículo 3, la presentación de una petición conforme
a dichas disposiciones no es óbice para que la
víctima haga sus denuncias ante los tribunales ordinarios.
5.1. Tras la solicitud de nuevas aclaraciones formulada
por el Comité en el 49º período de sesiones
(1993), los autores, en cartas de fechas 23 de diciembre,
15 de noviembre y 16 de diciembre de 1993, respectivamente,
informaron al Comité de que habían
sido reintegrados a sus cargos en cumplimiento de la
Ley de 11 de abril de 1991. El Sr. Diasso observa que
fue repuesto con efecto a partir del 27 de mayo de
1991, y los demás autores, con efecto a partir del 1º de
julio de 1991.
5.2. Los autores observan que no se han realizado
progresos en los procedimientos ante la Sala Administrativa
del Tribunal de Apelaciones y que parece
que sus casos se han dejado de lado una vez que los
autores fueron reintegrados a sus cargos en virtud de
la Ley de amnistía. No obstante, aducen que la ley les
fue indebidamente aplicada, ya que nunca habían sido
procesados ni condenados por haber cometido un
delito, sino que habían sido ilegalmente arrestados,
detenidos y posteriormente puestos en libertad, una
vez que se habían retirado los cargos en su contra.
Añaden que no se les han pagado los retrasos de sus
sueldos por el período comprendido entre su detención
y su reposición, durante el cual se les denegaron sus
ingresos.
5.3. En lo que respecta al estatuto de la Universidad
de Benin, los autores afirman que, si bien la universidad
es, por lo menos en teoría, administrativa y financieramente
autónoma, en la práctica está controlada
por el Estado, ya que el 95% de su presupuesto está
sujeto a control estatal.
5.4. Los autores rechazan el argumento del Estado
Parte según el cual no han agotado los recursos de la
jurisdicción interna. En este contexto, sostienen que
los procedimientos sometidos a la Sala Administrativa
del Tribunal de Apelaciones son totalmente ineficaces,
ya que sus casos evidentemente fueron archivados tras
la reposición de los autores en virtud de la Ley de
amnistía, y desde entonces no ha ocurrido nada. Sin
embargo, no indican si han presentado reclamaciones
con miras a recobrar sus sueldos atrasados.
Decisión del Comité sobre admisibilidad
6.1. El Comité examinó en su 51ª sesión, la admisibilidad
de la comunicación. Observó con preocupación
que no se había recibido respuesta del Estado
Parte con respecto a una solicitud de aclaración sobre
la cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdicción
interna que se le había dirigido el 26 de
octubre de 1993.
6.2. El Comité toma nota de que los autores hicieron
denuncias en virtud del artículo 9 y observó que su
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