selección de decisiones del comité de derechos humanos

vista preliminar, y 28 páginas de las actas del juicio
están dedicadas a esta cuestión. Las actas revelan también
que su declaración fue admitida más tarde por el
juez después de ponderar cuidadosamente las pruebas;
de modo semejante, el jurado llegó a la conclusión de
que la declaración era voluntaria, con lo que hizo suyo
el dictamen del juez de que el autor no había recibido
malos tratos. No existen elementos en la documentación
que permitan al Comité poner en duda la decisión
del juez y del jurado. Debe señalarse, además, que en
la apelación el abogado del autor aceptó el carácter
voluntario de la declaración del Sr. Johnson y lo utilizó
para conseguir una reducción de los cargos contra
su cliente, que pasaron de asesinato a homicidio. Sobre
la base de lo anterior, el Comité llega a la conclusión
de que no hubo violación del artículo 7 ni del
apartado g) del párrafo 3 del artículo 14.
8.8. El autor ha denunciado una violación del apartado
c) del párrafo 3 y el párrafo 5 del artículo 14, en
razón del período excesivamente largo de 51 meses
transcurrido entre su condena y la desestimación de su
apelación. El Estado Parte ha prometido investigar las
razones de esta demora pero no ha remitido al Comité
sus conclusiones. En particular, no ha demostrado que
la demora fuera atribuible al autor o a su representante
legal. Es más, el abogado del autor ha proporcionado
información según la cual el autor trató activamente de
entablar una apelación, y la responsabilidad de la demora
en la audiencia de la apelación debe atribuirse al
Estado Parte. A juicio del Comité, una demora de
cuatro años y tres meses en la audiencia de una apelación
en un caso de pena capital, salvo circunstancias
excepcionales, es excesivamente larga e incompatible
con el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del
Pacto. En el presente caso no se advierte ninguna circunstancia
excepcional que justifique la demora. En
consecuencia, en la medida en que la demora no impidió
en definitiva un reexamen expeditivo de la condena
del autor por el Tribunal de Apelación de
Jamaica, el Comité considera que se ha violado el
apartado c) del párrafo 5 del artículo 14.
8.9. El Comité reitera que la imposición de una pena
de muerte al término de un juicio en el que no se
hayan respetado las disposiciones del Pacto, y que ya
no sea recurrible en apelación, constituye una violación
del artículo 6 del Pacto. Como el Comité señaló
en su Observación general Nº 6 [16], la norma de que
una sentencia de muerte sólo puede imponerse con
arreglo a la ley y no en contra de las disposiciones del
Pacto significa que "deben observarse las garantías de
procedimiento prescritas en el mismo...". Dado que la
sentencia definitiva de muerte en el presente caso se
dictó sin haber cumplido los requisitos de un juicio
justo establecidos en el artículo 14, procede llegar a la
conclusión de que se ha violado el derecho amparado
en el artículo 6 del Pacto.
9. El Comité de Derechos Humanos, de conformidad
con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, dictamina que los hechos que tiene ante sí
indican que se ha violado el apartado c) del párrafo 3 y
el párrafo 5 del artículo 14, y por consiguiente el
artículo 6 del Pacto.
10. Con arreglo al apartado a) del párrafo 3 del
artículo 2 del Pacto, el autor tiene derecho a un recurso
efectivo. El Comité, enterado de la conmutación
de la pena capital del autor el 16 de marzo de 1995,
considera que un recurso entrañaría el estudio por las
autoridades de Jamaica, de la posibilidad de una
pronta liberación del autor. El Estado Parte está obligado
a garantizar que no se produzcan en el futuro
violaciones análogas.
11. Teniendo presente que, al hacerse Parte en el
Protocolo Facultativo, el Estado Parte ha reconocido la
competencia del Comité para determinar si ha habido
o no una violación del Pacto y que, de conformidad
con el artículo 2 de éste, el Estado Parte se ha comprometido
a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción
los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionarles
un recurso efectivo y aplicable cuando se
haya demostrado la existencia de una violación de
esos derechos, el Comité desea recibir del Estado
Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las
medidas adoptadas para dar efecto al dictamen del
Comité.
APÉNDICE I
Opinión individual de la Sra. Christine Chanet, con
arreglo al párrafo 3 del artículo 94 del reglamento
del Comité, en relación con el dictamen del
Comité sobre la comunicación Nº 588/1994,
Errol Johnson c. Jamaica
El desarrollo de su jurisprudencia por decisión mayoritaria
del Comité, con motivo de la presente comunicación,
me impulsa no sólo a mantener la posición que expuse
en el caso Barrett y Sutcliffe (comunicaciones Nos. 270 y
271/1988) mediante mi opinión individual, sino también a
explicarla en más detalle.
El dictamen aprobado en el presente caso (Nº
588/1994) lleva a concluir al Comité, que desea seguir
siendo coherente, que la detención en la galería de los condenados
a muerte no es en sí una violación del artículo 7, es
decir, que no constituye un trato cruel, inhumano o degradante,
sea cual fuere la duración de la espera en ella a que se
ejecute la sentencia, tanto si son 15 ó 20 años como si son
más.
No hay nada en los fundamentos de la decisión
adoptada que, salvo que se produzca un cambio absoluto de
la jurisprudencia, permita al Comité llegar a otra conclusión,
respecto de una duración ilimitada o de varios años.
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