selección de decisiones del comité de derechos humanos

por un nuevo juez. Por tanto, el autor solicitó las
prestaciones de desempleo. Volvió a solicitar de nuevo
el reconocimiento oficial de su estatuto administrativo,
pero su empleador no tramitó la solicitud. La misma
situación se mantuvo en 1988; por consiguiente, el
autor presentó una reclamación ante el tribunal administrativo
competente contra el Instituto Nacional de
Empleo solicitando las prestaciones de desempleo. El
27 de mayo de 1988, el Juzgado de lo Social Nº 9
(Barcelona) denegó su petición: el juez mantuvo que
el autor podía reincorporarse a su puesto anterior y
que lo que realmente pretendía era abandonar su
puesto y reclamar prestaciones de desempleo para
poder preparar su ingreso en la carrera judicial.
2.3. El 11 de mayo de 1989 el Instituto Nacional de
Empleo declaró que el autor se encontraba en "excedencia
voluntaria" desde finales de 1986. El autor
impugnó esta decisión y continuó desempeñando,
cuando así se lo pedían, las funciones de juez sustituto.
Mantenía que, puesto que todos los jueces sustitutos
cotizaban al seguro de desempleo, él debería
poder beneficiarse de sus prestaciones. Aduciendo
estos motivos, apeló contra la decisión del 27 de mayo
de 1988 ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña que, con fecha 30 de abril de 1990, desestimó
su apelación.
2.4. El 22 de junio de 1990 el autor de la
comunicación recurrió al Tribunal Constitucional. El
21 de septiembre de 1990, este Tribunal rechazó su
recurso. El autor volvió a dirigirse al Tribunal
Constitucional el 10 de noviembre de 1990, señalando
que era el único juez sustituto en toda España a quien
se negaban las prestaciones de desempleo y que esta
situación violaba sus derechos constitucionales. El 3
de diciembre de 1990, el Tribunal Constitucional
confirmó su decisión anterior, con lo cual, según el
autor, se han agotado los recursos de la jurisdicción
interna.
La denuncia
3. El autor alega ser víctima de denegación de la
igualdad ante los tribunales, prevista en el artículo 14
del Pacto, de discriminación en el acceso a la función
pública, en violación del apartado c) del artículo 25, y
de discriminación por denegación de las prestaciones
de desempleo, en contravención del artículo 26.
Exposición del Estado Parte sobre admisibilidad
4. En una exposición de fecha 17 de septiembre de
1991 el Estado Parte declara que "la comunicación del
Sr. García Pons reúne, en principio, las condiciones de
admisibilidad fijadas en el artículo 3 y el párrafo 2 del
artículo 5 del Protocolo Facultativo... y que no es
incompatible con lo dispuesto en el Pacto". Si bien no
se opone a la admisibilidad de la comunicación, indica
que en su debido momento formulará observaciones
sobre el fondo.
Decisión del Comité sobre la admisibilidad
5.1. De conformidad con el artículo 87 de su reglamento,
antes de examinar cualquier denuncia contenida
en una comunicación, el Comité de Derechos
Humanos debe decidir si esta última es admisible en
virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.
5.2. El Comité llegó a la conclusión de que el autor
había fundamentado sus alegaciones a los efectos de la
admisibilidad y consideró que la comunicación no era
inadmisible a tenor de los artículos 1, 2 y 3 del Protocolo
Facultativo. Tomó nota, además, de que el Estado
Parte reconocía que se habían agotado los recursos
internos.
6. Por consiguiente, el 30 de junio de 1994, el
Comité de Derechos Humanos decidió que la comunicación
era admisible por cuanto parecía plantear cuestiones
en virtud de los artículos 14, 25 y 26 del Pacto.
Exposiciones del Estado Parte sobre el fondo de la
cuestión
7.1. En sus exposiciones de 13 de febrero y 15 de
junio de 1995, el Estado Parte impugna que se haya
violado el Pacto. En cuanto a los hechos del caso, el
Estado Parte indica que el autor no está desempleado,
sino que es un funcionario público y que, aun cuando
en varias ocasiones se le ha dado permiso para desempeñar
el cargo de juez sustituto, siempre ha podido
regresar a su puesto de plantilla. Por ello, jamás ha
estado desempleado y, en consecuencia, no puede
aspirar a prestaciones de desempleo. La comunicación
del autor se resiente de una contradicción entre su
deseo de ser juez con nombramiento permanente y su
resistencia a renunciar a la seguridad de su condición
de funcionario público en su puesto actual.
7.2. En cuanto a la alegación del autor de que es el
único juez sustituto desempleado que no recibe prestaciones
de desempleo, el Estado Parte afirma que el
autor no ha citado un solo ejemplo de una persona que
se encuentre en la misma situación que él, es decir, un
funcionario público en situación de excedencia transitoria
de un puesto de plantilla, y que haya sido tratado
de manera diferente. Únicamente los jueces sustitutos
desempleados que efectivamente están desempleados
reciben prestaciones de desempleo. Tal no es
la situación del autor. Tampoco puede pretender que
se promulgue una ley especial que le permita mantener
su puesto de funcionario público sin desempeñar sus
funciones mientras prepara oposiciones y recibir al
mismo tiempo prestaciones de desempleo respecto de
sus funciones ya concluidas de juez sustituto.
7.3. En lo que respecta a la supuesta violación del
artículo 14 del Pacto, el Estado Parte afirma que el
autor ha tenido acceso en condiciones de igualdad a
todos los tribunales españoles, incluido el Tribunal
Constitucional, y que todas sus quejas han sido exa-
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