selección de decisiones del comité de derechos humanos

minadas equitativamente por los tribunales competentes,
como ponen de manifiesto los respectivos fallos
y demás exposiciones. Naturalmente, el autor no
está de acuerdo con la manera en que se ha resuelto su
caso, pero no ha sustanciado la alegación de que los
diversos órganos jurisdiccionales que han intervenido
no hayan observado las garantías procesales.
7.4. En cuanto a la supuesta violación del artículo
25 del Pacto, el Estado Parte señala que en ningún
momento de los múltiples procedimientos incoados
por el autor éste invocó el derecho protegido en el
artículo 25 del Pacto. Además, esta cuestión es ajena
al caso, que se centra no en el derecho de acceso en
condiciones de igualdad al servicio público, sino en la
supuesta denegación de prestaciones de desempleo.
Observaciones del autor
8.1. En sus observaciones, de fecha 29 de marzo y
29 de julio 1995, el autor reitera su denuncia de que ha
sido víctima de discriminación y sostiene que las leyes
españolas pertinentes son incompatibles con el Pacto,
en particular el reglamento de 1987 y la circular Nº
10/86 del Subsecretario del Ministerio de Justicia
concerniente al estatuto de los jueces sustitutos. Alega
también que la falta de carácter permanente y la inseguridad
de los jueces sustitutos pone en peligro la
independencia de la judicatura.
8.2. El autor rechaza la afirmación del Estado Parte
de que sus intereses son fundamentalmente económicos
y que espera que se apruebe una ley especial para
él. Lejos de haber ganado considerablemente más en
su calidad de juez, se vio obligado a regresar a su
puesto de la administración pública para atender a sus
necesidades mínimas. Subraya también que en diversos
períodos de 1986 a 1992, desempeñó con dedicación
exclusiva las funciones de juez sustituto y cotizó
al seguro de desempleo. Sostiene que deben ajustarse
la ley y la práctica pertinentes para garantizar que las
personas que hayan cotizado al seguro de desempleo
se beneficien de él cuando concluya su empleo temporal,
con independencia de que tengan la posibilidad de
volver a otro puesto en la administración pública.
8.3. El autor llega a la conclusión de que, al ser el
único juez sustituto que no recibe prestaciones de
desempleo, es víctima de discriminación en el sentido
del artículo 26 del Pacto.
Revisión de la admisibilidad y examen del fondo de la
cuestión
9.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado
la presente comunicación a la luz de toda la información
que le han facilitado las partes conforme a lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo
Facultativo.
9.2. En lo que respecta a las alegaciones del autor
sobre el artículo 25 (apartado c)) del Pacto, el Comité
observa que el Estado Parte sostiene que el autor
nunca invocó la sustancia de este derecho en ninguno
de los procedimientos incoados ante los tribunales
españoles; el autor no ha afirmado que no tuviera la
posibilidad de invocar este derecho ante los tribunales
locales; por lo tanto, de conformidad con el párrafo 4
del artículo 93 del reglamento del Comité, el Comité
desecha la parte de su decisión sobre admisibilidad
relativa al artículo 25 del Pacto y la declara inadmisible
por no haberse agotado los recursos de la jurisdicción
interna.
9.3. Antes de examinar el fondo del presente caso el
Comité observa que, aun cuando el derecho a la seguridad
social no está protegido en cuanto tal en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pueden,
no obstante, suscitarse cuestiones en relación con el
Pacto si se viola el principio de igualdad enunciado en
sus artículos 14 y 26.
9.4. En este contexto, el Comité reitera su jurisprudencia
de que no cabe considerar discriminatoria toda
diferencia de trato en virtud de las disposiciones pertinentes
del Pacto 1 . Una diferencia de trato que sea
compatible con las disposiciones del Pacto y se base
en motivos razonables no equivale a una discriminación
prohibida.
9.5. El Comité observa que el autor alega que es el
único juez sustituto desempleado que no recibe prestaciones
de desempleo. Ahora bien, la información presentada
al Comité pone de manifiesto que la categoría
pertinente de beneficiarios de prestaciones de desempleo
abarca tan sólo aquellos jueces sustitutos desempleados
que no pueden regresar inmediatamente a otro
puesto al terminar sus funciones temporales. El autor
no pertenece a esta categoría, ya que goza de la condición
de funcionario público. El Comité considera que
no cabe estimar arbitraria o irrazonable la distinción
que se hace entre jueces sustitutos desempleados que
no son funcionarios públicos en situación de excedencia
y los que sí lo son. Por consiguiente, el Comité
llega a la conclusión de que la supuesta diferencia de
trato no supone una violación del principio de igualdad
y de no discriminación enunciado en el artículo 26
del Pacto.
9.6. En lo que respecta a las alegaciones del autor
sobre el artículo 14, el Comité ha estudiado cuidadosamente
los diversos procedimientos judiciales entablados
por el autor en España, así como la manera en
que éstos han sido resueltos, y llega a la conclusión de
que las pruebas presentadas no abonan la determinación
de que se le ha negado un juicio con las debidas
garantías en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 del
Pacto.
________
1 Zwaan-de Vries c. los Países Bajos, comunicación Nº
182/1984, dictamen aprobado el 9 de abril de 1987, párrafo
13; Simunek y otros c. la República Checa, comunicación
Nº 516/1992, dictamen aprobado el 19 de julio de 1995,
párr. 11.3.
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