selección de decisiones del comité de derechos humanos

con el requisito de no discriminación del artículo 26
del Pacto. A este respecto, el Comité reitera su jurisprudencia
de que no puede considerarse que toda diferenciación
de trato sea discriminatoria con arreglo al
artículo 26 del Pacto 2 . Una diferenciación compatible
con las disposiciones del Pacto y basada en motivos
razonables no constituye una discriminación prohibida
a tenor del artículo 26.
12.5. Al examinar si los requisitos legales para la
restitución o la indemnización son compatibles con el
Pacto, el Comité debe examinar todos los elementos
pertinentes, inclusive el derecho originario del padre
del autor sobre los bienes de que se trata y el carácter
de la confiscación. El propio Estado Parte ha reconocido
que durante los gobiernos comunistas las confiscaciones
eran lesivas y por ello se promulgaron leyes
específicas para que hubiera una forma de restitución.
El Comité señala que esta legislación no debe discriminar
entre las víctimas de las confiscaciones anteriores,
ya que todas las víctimas tienen derecho a reparación
sin distinciones arbitrarias. Dado que el derecho
originario del autor a sus bienes por herencia no dependía
de la nacionalidad, el Comité considera que el
requisito de nacionalidad que impone la Ley Nº
87/1991 no es razonable.
12.6. A este respecto, el Comité recuerda la explicación
dada en su dictamen sobre la comunicación Nº
516/1992 (Simunek y otros c. la República Checa)
aprobado el 19 de julio de 1995 3 , en que se considera
que los autores de ese caso y muchos otros en situaciones
análogas habían abandonado Checoslovaquia
debido a sus opiniones políticas y, para protegerse de
las persecuciones, se habían refugiado en terceros
países donde finalmente establecieron su residencia
permanente y obtuvieron una nueva nacionalidad.
Considerando que el propio Estado Parte es responsable
de la partida de los padres del autor en 1949, sería
incompatible con el Pacto exigir al autor y a sus hermanos
que obtuvieran la nacionalidad checa como
condición previa para la restitución de los bienes o, en
su defecto, el pago de una indemnización adecuada.
12.7. El Estado Parte afirma que no se ha infringido
el Pacto porque al aprobar la Ley Nº 87/1991 los legisladores
checos y eslovacos no tenían el propósito
de discriminar. Sin embargo, el Comité opina que el
propósito de la asamblea legislativa no es el elemento
________
2 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
cuadragésimo segundo período de sesiones, Suplemento
Nº 40 (A/42/40), anexo VIII.D, comunicación Nº 182/1994
(Zwaan-de Vries c. los Países Bajos), dictamen aprobado
el 9 de abril de 1987, párr. 13.
3 Ibíd., quincuagésimo período de sesiones, Suplemento
Nº 40 (A/50/40), vol. II, anexo X.K.
que determina la infracción del artículo 26 del Pacto,
sino más bien que ésta viene determinada por las consecuencias
de la legislación promulgada. Sea cual
fuere el motivo o la intención de la asamblea legislativa,
una ley puede violar el artículo 26 del Pacto si
sus efectos son discriminatorios.
12.8. Considerando lo expuesto, el Comité llega a la
conclusión de que la Ley Nº 87/1991 y la práctica
permanente de no restituir bienes a quienes no sean
ciudadanos de la República Checa han producido
sobre el autor y sus hermanos efectos que violan los
derechos que les reconoce el artículo 26 del Pacto.
13.1. El Comité de Derechos Humanos, actuando en
virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del
Protocolo Facultativo, estima que la denegación de la
restitución de los bienes o la indemnización correspondiente
al autor y sus hermanos constituye una violación
del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
13.2. Con arreglo al apartado a) del párrafo 3 del
artículo 2 del Pacto, el Estado Parte está obligado a
proporcionar al autor y a sus hermanos un remedio
efectivo, que puede ser una indemnización si no es
posible devolver la propiedad de los bienes de que se
trate. El Comité insta al Estado Parte a reexaminar la
legislación correspondiente para asegurar que ni el
derecho en sí, ni su aplicación sean discriminatorios.
13.3. Teniendo presente que, al pasar a ser Parte en el
Protocolo Facultativo, el Estado Parte ha reconocido la
competencia del Comité para determinar si ha habido
o no una violación del Pacto y que, conforme al
artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido
a garantizar a todas las personas en su territorio y
bajo su jurisdicción los derechos reconocidos en el
Pacto y a proporcionarles un recurso efectivo y aplicable
en caso de que se determine que se ha producido
una violación, el Comité desea recibir del Estado
Parte, en un plazo de 90 días, información acerca de
las medidas tomadas para poner en práctica el dictamen
del Comité.
APÉNDICE
Opinión individual del Sr. Nisuke Ando, con arreglo al
párrafo 3 del artículo 94 del reglamento del Comité,
en relación con el dictamen del Comité sobre la
comunicación Nº 586/1994, Joseph Frank
Adam c. la República Checa
En relación con el dictamen del Comité de Derechos
Humanos sobre la comunicación Nº 586/1994, no me
opongo al dictamen aprobado por el Comité en ese caso. Sin
embargo, deseo señalar lo siguiente.
En primer lugar, en virtud de las normas vigentes del
derecho internacional general, los Estados son libres de
elegir su sistema económico. De hecho, cuando las
Naciones Unidas aprobaron el Pacto Internacional de Dere
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