selección de decisiones del comité de derechos humanos

siderarse "su propio país" porque el autor no adquirió o no
pudo adquirir la nacionalidad canadiense.
Es indudablemente cierto que, según esta opinión,
tanto el Reino Unido como el Canadá serían para el autor
"su propio país". Uno sería el país de nacionalidad en tanto
que el otro sería lo que cabe llamar el país de adopción. Es
perfectamente concebible que una persona tenga dos países
que pueda llamar suyos: uno puede ser el país de su nacionalidad
y el otro un país adoptado por él como su propio
país. Por tanto, me inclino a pensar, partiendo de los hechos
expuestos en la comunicación, que el Canadá era el propio
país del autor en el sentido del párrafo 4 del artículo 12 y
que no podía ser arbitrariamente expulsado o deportado del
Canadá por el Gobierno de este país.
Queda por examinar la cuestión de si la expulsión o
deportación del autor puede considerarse arbitraria. A este
respecto me remito a la jurisprudencia del Comité según la
cual la noción de arbitrariedad no debe limitarse a la arbitrariedad
procesal sino que comprende también la arbitrariedad
sustantiva y no debe asimilarse a la noción de "contrario a
derecho" sino que debe interpretarse ampliamente de forma
que comprenda aspectos tales como la inadecuación, la
extralimitación o la desproporción. Cuando la medida tomada
por un Estado Parte contra una persona es excesiva o
desproporcionada al mal que trataba de evitar, será no razonable
y arbitraria. En el presente caso, se trata de expulsar al
autor por tender a la reincidencia. Ha cometido unos 40
delitos, entre ellos hurtos o robos con violencia por los que
ha sido castigado. La cuestión es si es necesario, dadas todas
las circunstancias del caso, expulsarlo o deportarlo para
proteger a la sociedad de su propensión delictiva o si este
objetivo puede lograrse adoptando una medida menos drástica
que la expulsión o la deportación. Hay que tener en
cuenta la proporcionalidad. Pienso que si se aplica este
criterio, la medida del Canadá encaminada a expulsar o
deportar al autor parecería arbitraria, particularmente teniendo
en cuenta que el autor ha conseguido controlar el
consumo abusivo de bebidas alcohólicas y que parece no
haber cometido ningún delito desde mayo de 1991. Si el
autor cometiera más delitos, podrá ser castigado y encarcelado
como corresponda y si, teniendo en cuenta sus antecedentes
penales, se le impone una pena de prisión suficientemente
grave, serviría para disuadirlo de nuevas actividades
delictivas y en cualquier caso no podría delinquir durante
el tiempo que estuviera en prisión. Ese es el tipo de
medida que habría que tomar contra un nacional para proteger
a la sociedad y que con respecto a un nacional se consideraría
adecuada. No entiendo por qué no debe considerarse
adecuada con respecto de una persona que no es un nacional
pero que ha adoptado el Canadá como país propio o que ha
llegado a considerar al Canadá su propio país. Opino que la
medida de expulsar o deportar al autor del Canadá con el
efecto de desarraigarlo totalmente de su hogar, familia y
ambiente, sería excesiva y desproporcionada con respecto al
daño que se pretende evitar y, por tanto, debe considerarse
arbitraria.
Por consiguiente, sostengo que en el presente caso
hay una infracción del párrafo 4 del artículo 12 del Pacto.
Dada esta opinión, resulta innecesario examinar si se han
infringido también los artículos 17 y 23 del Pacto.
Comunicación Nº 540/1993
Presentada por: Basilio Laureano Atachahua (en nombre de su nieta) [representado por un abogado]
Presunta víctima: Ana Rosario Celis Laureano
Estado Parte: Perú
Declarada admisible: 4 de julio de 1994 (51º período de sesiones)
Fecha de aprobación del dictamen: 25 de marzo de 1996 (56º período de sesiones)
Asunto: Secuestro y posterior desaparición de una menor
Cuestiones de procedimiento: Casos pendientes ante otro
mecanismo de derechos humanos
Cuestiones de fondo: Desaparición forzada y derecho a la
vida - Trato cruel e inhumano - Detención y
encarcelamiento arbitrarios - Protección de menores
Artículo del Protocolo Facultativo: Párrafo 2 a) y b) del
artículo 5
Artículos del Pacto: Párrafos 1 y 3 del artículo 2, párrafo 1
del artículo 6, artículos 7 y 9, párrafo 1 del artículo
10 y párrafo 1 del artículo 24
Conclusión: Violación [párrafo 1 del artículo 6, artículo 7,
párrafo 1 del artículo 9, conjuntamente con el
párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 24]
1. El autor de la comunicación es Basilio
Laureano Atachahua, ciudadano peruano nacido en
1920. Presenta la comunicación en nombre de su nieta,
Ana Rosario Celis Laureano, ciudadana peruana nacida
en 1975, cuyo paradero se desconoce. El autor
afirma que su nieta es víctima de violaciones por el
Perú de los párrafos 1 y 3 del artículo 2; del párrafo 1
del artículo 6; del párrafo 1 de los artículos 7, 9 y 10 y
del párrafo 1 del artículo 24 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Está representado por un
abogado.
Los hechos expuestos por el autor
2.1. El autor, agricultor, vive con su familia en el
distrito de Ambar, provincia de Huaura, en el Perú. En
marzo de 1992 su nieta, que a la sazón tenía 16 años
de edad, fue secuestrada por unos desconocidos que
iban armados, presuntamente guerrilleros de "Sendero
Luminoso". Seis días más tarde, al volver, informó al
autor de que los guerrilleros la habían amenazado con
matarla si se negaba a unirse a ellos, y la habían obligado
a llevarles el equipaje y a cocinar para ellos, pero
al final había conseguido escaparse. En mayo de 1992
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