selección de decisiones del comité de derechos humanos

ero de 1992, por lo que sostiene que el Comité sólo
puede examinar las comunicaciones relativas a presuntas
violaciones de los derechos humanos ocurridas con
posterioridad a la entrada en vigor del Protocolo para
Polonia. Dado que el procedimiento de selección del
autor terminó el 21 de septiembre de 1990 con la decisión
del Comité Central de Selección de que reunía los
requisitos exigidos para ocupar un puesto en el Ministerio
y que se le denegó al autor dicho empleo el 24 de
octubre de 1990, el Estado Parte alega que su comunicación
es inadmisible ratione temporis. A este respecto
el Estado Parte explica que el autor hubiera podido
apelar en un plazo de 14 días contra la negativa a darle
empleo ante un órgano superior. Al no hacerlo, la decisión
pasó a ser firme el 24 de octubre de 1990. El Estado
Parte aduce que no deben tomarse en consideración
las denuncias presentadas por el autor ante el Ministro
y el Alto Tribunal Administrativo, dada la imposibilidad
de agotar recursos legales inexistentes.
9.2. En opinión del Estado Parte, no existe base alguna
en el caso que nos ocupa para solicitar la aplicación
retroactiva del Protocolo Facultativo, siguiendo la
jurisprudencia elaborada por el Comité. El Estado Parte
niega que las presuntas violaciones tengan carácter
continuado y se remite a la decisión del Comité en la
comunicación Nº 520/1992 1 de que una violación continuada
debe interpretarse como una reafirmación, mediante
un acto o una implicación evidente, después de la
entrada en vigor del Protocolo Facultativo, de las violaciones
anteriores del Estado Parte.
9.3. Por lo que se refiere al agotamiento de los recursos
internos, el Estado Parte se remite al apartado f) del
párrafo 1 del artículo 90 del reglamento del Comité
relativo a la obligación que incumbe al Comité de comprobar
que el individuo ha agotado todos los recursos
de la jurisdicción interna. Con referencia a los antecedentes
legales del caso, el Estado Parte aduce que el
recurso de que disponía el autor por la negativa a darle
empleo era la apelación ante el comandante jefe de
policía y, caso de ser necesario, posteriormente ante el
Alto Tribunal Administrativo. El autor optó por no
aprovechar este recurso y en su lugar presentó una
queja al Ministro del Interior. Según el Estado Parte, no
puede considerarse que esta queja fuera un recurso, ya
que estaba referida al procedimiento de selección y no a
la negativa de empleo. De forma parecida, la apelación
ante el Alto Tribunal Administrativo en relación con la
selección efectuada por el Comité Regional de Selección
no era un verdadero recurso que había de agotar el
autor. El Estado Parte aduce, por consiguiente, que la
comunicación es inadmisible por no haberse agotado
los recursos internos.
________
1
E. y A. K. c. Hungría, declarada inadmisible el 7 de abril
de 1994.
10.1. Por lo que se refiere al fondo de la comunicación,
el Estado Parte toma nota de las alegaciones del autor
de que se le había denegado injustificadamente un empleo
en la nueva policía y de que su clasificación como
antiguo agente de la Policía de Seguridad era sólo un
pretexto para despedirlo en razón de sus opiniones políticas.
El Estado Parte sostiene que el autor no fundamentó
que la razón de su despido o de la negativa a su
solicitud de empleo era su pertenencia a un partido y
sus opiniones políticas. El Estado Parte se refiere a la
legislación aplicable y señala que el autor fue separado
por ley de su cargo, junto con otros que eran titulares de
cargos semejantes. El Estado Parte subraya la legalidad
y legitimidad de la decisión del Parlamento de disolver
la Policía de Seguridad. Añade que la orden del Ministro
del 2 de julio de 1990 sólo era una especificación de
cargos exigida por la legislación y en nada modificaba
la clasificación existente de empleos.
10.2. El Estado Parte explica que tanto la Policía de
Seguridad como la Milicia Cívica eran parte del Ministerio
del Interior. Según el Estado Parte, existían a nivel
regional y de distrito de la administración secciones
especiales de asuntos internos de la Policía de Seguridad
encabezadas por un funcionario con categoría de
director adjunto de la oficina de asuntos internos de la
región o distrito. El autor ocupó el cargo de director
adjunto de la Oficina Regional de Asuntos Internos
encargado de la Junta Política y Educativa. Según el
Estado Parte, no existe duda alguna de que el puesto era
parte integrante de la Policía de Seguridad. La aplicación
que se le hizo de la Ley de protección de oficinas
del Estado fue correcta y, en consecuencia, el autor
perdió su puesto. El Estado Parte añade que ni el tipo de
instrucción ni el uniforme que llevaban los agentes eran
elementos decisivos para determinar el cuerpo a que
pertenecían.
10.3. Por lo que respecta a la negativa a volver a emplear
al autor en la policía, el Estado Parte aduce que las
decisiones relativas al empleo se dejan en gran parte al
arbitrio y apreciación del empleador. Además, el empleador
está condicionado por el número de vacantes
disponibles. Con referencia a los trabajos preparatorios
del apartado c) del artículo 25, el Estado Parte observa
que, aunque su intención era impedir que grupos privilegiados
monopolizaran el aparato estatal, estaba aceptado
que los Estados tuvieran la posibilidad de establecer
determinados criterios de admisión de sus ciudadanos
a las funciones públicas. El Estado Parte señala que
en la disolución de la Policía de Seguridad influyeron
razones éticas y políticas. A este respecto, se refiere a la
opinión expuesta por el Comité de Expertos del Consejo
de Europa de que la selección de los funcionarios
públicos para puestos administrativos clave podría
efectuarse de acuerdo con consideraciones políticas.
10.4. El Estado Parte señala asimismo que los derechos
especificados en el artículo 25 no son absolutos, sino
que permiten ciertas limitaciones justificadas compati-
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