selección de decisiones del comité de derechos humanos

de distrito de Inari (28 de julio de 1993) muestran que
en la reunión se expresaron dos opiniones: una a favor y
otra en contra de los autores. El Comité de Pastores
Muotkatunturi no hizo ninguna declaración en contra
del Servicio.
6.2. El Estado Parte recuerda además que algunos
sami son propietarios de zonas de bosque y practican
su ordenación, en tanto que otros están empleados por
el Servicio en funciones relacionadas con la ordenación
forestal. Subraya que la comparación efectuada
por los autores de las zonas que está previsto talar no
es ilustrativa, pues no está referida a las prácticas de
ordenación de bosques, y que sería preferible comparar
los planes del Servicio con los planes de tala de
bosques privados de la zona de Angeli: las actividades
de tala previstas en los planes del Servicio cubren 900
ha hasta el año 2005, en tanto que el plan regional de
propietarios privados de bosques de la zona de Angeli
(1994-2013) comprende la regeneración de 1.150 ha
de bosques utilizando el método de los árboles previamente
plantados.
6.3. El Estado Parte recuerda que las denuncias de
los autores fueron examinadas diligentemente por los
tribunales internos (es decir, el tribunal de distrito de
Inari, el Tribunal de Apelación de Rovaniemi y el
Tribunal Supremo). En todas esas ocasiones, el tribunal
dispuso de amplia documentación, basándose en la
cual se examinó el caso, entre otras cosas, a la luz del
artículo 27 del Pacto. Los tres órganos rechazaron las
denuncias de los autores refiriéndose explícitamente al
artículo 27. El Estado Parte añade que sus autoridades
tuvieron debidamente en cuenta en todo momento lo
dispuesto en el artículo 27 al aplicar y ejecutar la legislación
nacional y las medidas en cuestión.
6.4. En este contexto, el Estado Parte afirma que,
habida cuenta de que los autores reconocieron ante el
Tribunal Supremo que el Tribunal de Apelación de
Rovaniemi había actuado correctamente al declarar
probados los hechos, están de hecho pidiendo al Comité
que evalúe y valore una vez más los hechos a la luz del
artículo 27 del Pacto. El Estado Parte afirma que el
magistrado nacional está en condiciones mucho mejores
que un órgano internacional para examinar el caso en
todas sus facetas. Añade que el Pacto ha sido incorporado
a la legislación finlandesa por una ley del Parlamento
y que sus disposiciones son oponibles directamente
a las autoridades de Finlandia. Así pues, no hay
por qué afirmar, como han decidido hacer los autores,
que los tribunales finlandeses se abstienen de interpretar
las disposiciones del Pacto y esperar a que el Comité se
exprese a propósito de "casos límite y nuevas situaciones".
Del mismo modo, es infundado el argumento de
los autores de que la interpretación del artículo 27 del
Pacto por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelación
es "minimalista" o "pasiva".
6.5. El Estado Parte reconoce que la comunidad
sami forma una comunidad étnica conforme al significado
del artículo 27 del Pacto y que los autores, en su
condición de miembros de esa comunidad, tienen
derecho a la protección de esa disposición. Pasa revista
a la jurisprudencia del Comité sobre el artículo
27 del Pacto, comprendidos los dictámenes en la comunicación
Nº 167/1984 (B. Ominayak y miembros de
la Banda del Lago Lubicon c. el Canadá), la comunicación
Nº 197/1985 (Kitok c. Suecia) y la comunicación
Nº 511/1992 (I. Länsman y otros c. Finlandia) y
reconoce que la noción de "cultura" que contempla el
artículo 27 abarca la cría de renos, que es un elemento
esencial de la cultura sami.
6.6. El Estado Parte admite asimismo que el término
"cultura" conforme se entiende en el artículo 27 dispone
la protección de los medios de sustento tradicionales
de las minorías nacionales, en la medida en que
sean esenciales para la cultura y necesarios para su
supervivencia. De lo anterior no cabe deducir que toda
medida o sus consecuencias, que de alguna manera
modifiquen las condiciones anteriores, puedan ser
consideradas una injerencia prohibida en los derechos
de las minorías a disfrutar de su propia cultura. Este
razonamiento ha sido seguido por el Comité Parlamentario
para el Derecho Constitucional, el cual ha
afirmado que las obligaciones de Finlandia en virtud
de los convenios internacionales exigen no imponer
restricciones innecesarias a la cría de renos por parte
de los sami.
6.7. El Estado Parte se refiere al comentario general
del Comité sobre el artículo 27, comentario general Nº
23 [50], aprobado en abril de 1994, en que se establece
que los derechos previstos en el artículo 27 tienen por
objeto "garantizar la preservación y el desarrollo continuo
de la identidad cultural, religiosa y social de las
minorías interesadas..." (párr. 9). Invoca además la ratio
decidendi del dictamen del Comité sobre la comunicación
Nº 511/1992 (I. Länsman y otros c. Finlandia), en
el que se sostuvo que los Estados Partes pueden desear
razonablemente alentar el desarrollo económico y permitir
actividades económicas, y que las medidas que
tienen determinadas repercusiones limitadas en el modo
de vida de las personas pertenecientes a una minoría no
violan forzosamente el artículo 27. El Estado Parte
afirma que la presente comunicación es en muchos
aspectos similar a la comunicación Nº 511/1992, pues:
1) la responsabilidad de las actividades controvertidas
recae una vez más en el Estado Parte; 2) las medidas
impugnadas tienen únicamente ciertas consecuencias
limitadas; 3) las actividades económicas y la cría de
renos se han conjugado de forma adecuada; y 4) las
talas anteriores y los planes de talas futuras fueron tenidos
explícitamente en consideración en sus fallos por
los tribunales internos.
6.8. Además, el Estado Parte recuerda la solución
dada en un caso comparable por el Tribunal Supremo
de Noruega, ante el cual los sami habían impugnado la
inmersión de una pequeña zona a raíz de la construc-
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