selección de decisiones del comité de derechos humanos

única indagación que la persona presa debía tener derecho a
pedir al tribunal que hiciera en virtud del párrafo 4 del artículo
9 era si la prisión se ajustaba a las disposiciones del
derecho interno, fueran cuales fueren. No obstante, ello sería
interpretar en forma demasiado restringida el texto del párrafo
4 del artículo 9, que consagra un derecho humano. No sería
apropiado adoptar una interpretación que atenuara un derecho
humano. La disposición debe interpretarse en forma amplia y
extensa. La interpretación defendida por el Estado permitiría a
éste promulgar legislación interna que negara virtualmente el
derecho consagrado en el párrafo 4 del artículo 9, quitando a
esta disposición todo su sentido. El Estado podría, en tal caso,
promulgar legislación interna que validara una categoría
concreta de prisión y toda persona presa comprendida en tal
categoría se vería de hecho privada del derecho que le asistía
en virtud del párrafo 4 del artículo 9. Por consiguiente, yo
optaría por una interpretación amplia de la palabra "legal" que
abarcara el objeto y el fin del Pacto y, a mi juicio, el párrafo 4
del artículo 9 exige que el tribunal esté facultado para ordenar
la puesta en libertad "si la prisión fuera ilegal", es decir, arbitraria
o incompatible con el requisito del párrafo 1 del artículo
9, o con otras disposiciones del Pacto. Indudablemente, es
cierto que los autores del Pacto han utilizado la palabra "arbitrario"
junto con el término "ilegal" en el artículo 17, mientras
que la palabra "arbitrario" no figura en el párrafo 4 del artículo
9. Sin embargo, es obvio el hecho de que la prisión que
sea arbitraria lo es también ilegal, o sea, injustificada en derecho.
Por otra parte, la palabra "legalidad", que exige interpretación
en el párrafo 4 del artículo 9, figura pues en el Pacto y
debe ser interpretada por consiguiente en el contexto de sus
disposiciones, teniendo presentes el objeto y el fin del propio
Pacto. Esta conclusión está respaldada además por el párrafo
5 del artículo 9 que rige el derecho a obtener reparación en
caso de prisión "ilegal", bien de conformidad con el derecho
interno bien en el sentido del Pacto o por ser arbitraria. Como
el artículo 54R de la Ley enmendada de migración impedía
totalmente al autor en el presente caso impugnar la "legalidad"
de su prisión y recabar la puesta en libertad, se violó el
derecho que le asistía en virtud del párrafo 4 del artículo 9.
Comunicación Nº 563/1993
Presentada por: Federico Andreu (en representación de la familia de Nydia Erika Bautista de Arellana)
Presunta víctima: Nydia Erika Bautista de Arellana
Estado Parte: Colombia
Declarada admisible: 11 de octubre de 1994 (52º período de sesiones)
Fecha de aprobación del dictamen: 27 de octubre de 1995 (55º período de sesiones)
Asunto: Secuestro, detención en régimen de
incomunicación y posterior desaparición de la
víctima - Responsabilidad del Estado Parte por
la desaparición
Cuestiones de procedimiento: Agotamiento de los
recursos internos
Cuestiones de fondo: Desaparición forzada y derecho
a la vida - Detención arbitraria - Tortura - Juicio
con las debidas garantías - Obligación de
enjuiciar el delito de desaparición forzada
Artículos del Pacto: Párrafo 3 del artículo 2, párrafo 1
del artículo 6, artículos 7, 9 y 10 y párrafo 3 c)
del artículo 14
Artículos del Protocolo Facultativo y del reglamento:
Párrafo 2 del artículo 4, párrafo 2 a) y b) del
artículo 5, y párrafo 3 del artículo 93 del
reglamento
Conclusión: Violación [párrafo 1 del artículo 6,
artículo 7 y párrafo 1 del artículo 9]
1. El autor de la comunicación es Federico
Andreu, abogado colombiano que reside en Bruselas.
Presenta el caso en nombre de los familiares de Nydia
Erika Bautista de Arellana, ciudadana colombiana que
desapareció el 30 de agosto de 1987 y cuyo cadáver
fue descubierto ulteriormente. En la comunicación se
afirma que esta persona es víctima de violaciones, por
parte de Colombia, del párrafo 3 del artículo 2, el
párrafo 1 del artículo 6 y los artículos 7 y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los hechos expuestos por el autor
2.1. El 25 de agosto de 1986 Nydia Erika Bautista
de Arellana, miembro del Movimiento 19 de Abril
("M-19"), fue detenida en Cali (Colombia) y encarcelada
por una unidad militar de la tercera brigada. Permaneció
incomunicada durante tres semanas, período
durante el cual presuntamente fue torturada. Fue
puesta en libertad tras firmar una declaración en la que
afirmaba que había sido bien tratada durante la detención.
Se hace referencia a otros casos de desapariciones
forzadas de activistas del M-19, ocurridas antes y
después de la detención de Nydia Bautista.
2.2. El 30 de agosto de 1987, Nydia Bautista fue
secuestrada en la vivienda de su familia en Bogotá.
Según testigos presenciales, fue obligada a subir en un
jeep Suzuki por ocho hombres que iban armados pero
no vestían de uniforme. Uno de los testigos anotó el
número de matrícula del jeep.
2.3. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
comunicó inmediatamente a las autoridades locales
el secuestro de la Sra. Bautista. El 3 de septiembre
de 1987 el padre de ésta presentó una denuncia ante la
Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos de
la Procuraduría General de la Nación. Junto con el
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