selección de decisiones del comité de derechos humanos

Los elementos expuestos en respaldo de esta posición
son los siguientes:
- El Pacto no prohíbe la pena de muerte.
- Si el Pacto no prohíbe la pena de muerte, no
se puede prohibir la ejecución de esta pena.
- Para proceder a la ejecución, es preciso que
transcurra un plazo, en interés del propio condenado, que
debe poder agotar los recursos a su disposición.
- El Comité no puede fijar un límite a ese
plazo, so pena de correr peligro de provocar una ejecución
precipitada. El Comité llega al extremo de decir que la vida
en la galería de los condenados a muerte es preferible a la
ejecución.
Ahora bien, el Comité, consciente del peligro de que
los Estados apliquen de forma maximalista estos considerandos,
reconoce que el mantenimiento en la galería de
condenados a muerte durante varios años no es una forma
de tratar bien al condenado a muerte.
Esta posición es muy discutible, por los siguientes
motivos:
- Es exacto que el Pacto no prohíbe la pena de
muerte;
- Es lógico extraer de ello la consecuencia de
que tampoco está prohibida la ejecución y de que es, por
consiguiente, inevitable la detención en una sección de
condenados a muerte, es decir, de cierta duración previa a la
ejecución.
No queda excluido, en cambio, deducir que ninguna
duración pueda constituir un trato cruel, inhumano o degradante,
al sentar el postulado de que la espera de la muerte es
preferible a la propia muerte y de que toda señal en sentido
contrario procedente del Comité incitaría al Estado a proceder
a una ejecución precipitada.
Este razonamiento peca por exceso de subjetividad
por los dos motivos siguientes: si analizamos el comportamiento
de los seres humanos, no es excepcional que, por
ejemplo, una persona condenada por una enfermedad prefiera
quitarse la vida en vez de soportar la espera al desenlace
fatal, optando por la muerte inmediata en vez de por la
tortura psicológica de la muerte anunciada.
En cuanto al "mensaje" que el Comité se niega a
dirigir a los Estados, por temer que si fija un plazo provoque
una ejecución precipitada, también en este caso se trata de
un análisis subjetivo en la medida en que el Comité anticipa
una supuesta reacción del Estado.
A mi parecer, es necesario volver a consideraciones
elementales de humanidad y situar de nuevo el debate en el
plano jurídico estricto del propio Pacto.
Es inútil tratar de averiguar qué es preferible en este
terreno. No cabe duda de que saber que se va a ser objeto de
una muerte administrada es una tortura psicológica. Ahora
bien, ¿es una violación del artículo 7 del Pacto? ¿Es la
detención en la galería de los condenados a muerte en sí
misma un trato cruel, inhumano o degradante?
Hay autores que lo sostienen. Ahora bien, esta tesis
topa con la inexistencia de prohibición de la pena de muerte
en el Pacto, aunque el silencio al respecto del Pacto puede
dar lugar a interpretaciones, que quedan excluidas en el
marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues
el párrafo 1 de su artículo 2 contempla explícitamente la
pena capital como una derogación admisible del derecho a
la vida. La propia existencia del Protocolo Facultativo contradice
esta tesis.
Por lo expuesto, creo que no se puede considerar que
la galería de los condenados a muerte sea en sí misma un
trato cruel, inhumano o degradante. Ahora bien, hay que
reconocer que la tortura psicológica inherente a este tipo de
espera, so pena de entrañar una violación del artículo 7 del
Pacto, debe ser reducida por el Estado al tiempo mínimo
necesario para el ejercicio de los recursos.
Así pues, el Estado debe:
- Instituir recursos;
- Fijar plazos razonables para ejercerlos y
examinarlos;
- La ejecución sólo puede ser concomitante al
agotamiento del último recurso posible; así, por ejemplo, en
el régimen aplicable en Francia antes de la ley que abolió la
pena de muerte el 9 de octubre de 1981, se comunicaba el
anuncio de la ejecución al condenado en el momento mismo
de la ejecución, cuando se le decía: "su recurso de gracia ha
sido desestimado".
No se trata de una fórmula, pues considero que no
hay ninguna forma buena de que un Estado ponga fin deliberadamente
a la vida de un ser humano, en frío, sabiéndolo
éste. Ahora bien, en la medida en que el Pacto no prohíbe la
pena capital, no se puede prohibir su aplicación, pero corresponde
al Comité de Derechos Humanos velar por que al
ejecutar la sentencia no se viole el conjunto de los dispositivos
del Pacto.
Es inevitable considerar cada caso en sí mismo: las
condiciones de trato físico y psíquico del condenado, su
edad y su estado de salud deberán tenerse en cuenta para
evaluar el comportamiento del Estado respecto de los
artículos 7 y 10 del Pacto. Igualmente, el procedimiento
judicial y los recursos posibles deben corresponder a las
exigencias del artículo 14 del Pacto. Por último, en cada
caso, la legislación del Estado, su comportamiento y el del
condenado, son otros tantos elementos que permiten determinar
si el plazo que separa la condena de la ejecución tiene
o no carácter razonable.
Estos son los límites de la subjetividad que puede
aplicar el Comité cuando ejerce su control en virtud del
Pacto y del Protocolo Facultativo, con exclusión de factores
como lo que sea preferible desde la supuesta perspectiva del
condenado: la muerte o la espera de ella, o bien el temor, a
una interpretación abusiva por el Estado del mensaje que
transmitirían las decisiones del Comité.
APÉNDICE II
Opinión individual de los Sres. Prafullachandra
Natwarlal Bhagwati, Marco Tulio Bruni Celli,
Fausto Pocar y Julio Prado Vallejo, con arreglo
al párrafo 3 del artículo 94 del reglamento del
Comité, en relación con el dictamen del Comité
sobre la comunicación Nº 588/1994,
Errol Johnson c. Jamaica
El desarrollo de la jurisprudencia del Comité en
relación con la presente comunicación nos obliga a expresar
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