selección de decisiones del comité de derechos humanos

puedan conllevar a una condena a muerte y la eventual abolición
de la pena de muerte.
En relación con la presente comunicación -y las numerosas
que durante la última década se han presentado
contra Jamaica-, resulta lamentable que el Estado Parte le
haya negado al Comité de Derechos Humanos la oportunidad
de pronunciarse acerca de la aplicación de la pena de
muerte en Jamaica dentro del procedimiento de examen de
informes, al haberse negado a cumplir con su obligación de
informar al Comité impuesta por el artículo 40 del Pacto
durante diez años. Jamaica debió haber presentado su segundo
informe periódico el 1º de agosto de 1986 y el 3 de
agosto de 1991.
Esto quiere decir que durante 15 años el Comité de
Derechos Humanos se ha visto impedido de examinar si la
imposición de la pena de muerte en Jamaica se da dentro de
los límites estrictos que impone el Pacto.
No podemos, sin embargo, estar de acuerdo con la
consecuencia a la que la mayoría llega, cual es que es preferible
que el condenado soporte estar en el corredor de la
muerte, sin importar en ningún caso cuál sea su duración.
Las alegaciones de la mayoría son en todo caso subjetivas y
no expresan un análisis objetivo de las normas
convencionales.
En primer lugar se establece como postulado fundamental
que la espera de la ejecución es preferible a la ejecución
misma. Este razonamiento no puede ser válido, pues
como afirmáramos arriba, comunicaciones como las de la
especie sólo pueden verse a la luz de las circunstancias que
las rodean, ello es, solamente pueden decidirse caso por
caso.
Por otra parte, un alegato como el de la mayoría está
imbuido de subjetividad. Se trata de un análisis del comportamiento
humano que expresa el sentimiento de los
miembros del Comité, pero que no puede aplicarse a rajatabla.
Así, no sería extraño que un condenado a muerte que
sufriera de una enfermedad terminal o degenerativa prefiriera
ser ejecutado que esperar en el corredor de la muerte.
No es extraño el caso de personas que cometen asesinatos
con el objetivo de que se les imponga la pena capital; para
ellos, cada día que pasan en el corredor de la muerte constituye
una verdadera tortura.
5. Tampoco puedo estar de acuerdo en que si se
estableciera en el presente caso que la duración excesiva que
pasara el Sr. Errol Johnson en el corredor de la muerte
constituye una violación del Pacto, se estaría enviando un
"mensaje" a los Estados Partes en el sentido de que deben
ejecutar precipitadamente a todos los condenados a muerte.
Nos encontramos aquí de nuevo frente a una apreciación
subjetiva de la mayoría, que no expresa un análisis jurídico,
sino más bien el sentir de los miembros. Lo que es más,
adolece de un problema adicional, cual es que define a
priori cuál será la conducta de los Estados Partes.
A este respecto, también lamentamos que el Estado
Parte no le haya permitido al Comité examinar cuál es su
posición relativa a la imposición de la pena de muerte. Lo
que es más, es precisamente este hecho uno de los que nos
lleva a disentir de la opinión mayoritaria:
a) No creemos que pueda preverse la conducta
futura de un Estado que se ha negado a cumplir repetidamente
con sus obligaciones en relación con el artículo 40
(presentación de informes periódicos), en tanto que el Comité
no ha podido examinar a sus autoridades precisamente
sobre esta cuestión;
b) El resultado final ha sido el de beneficiar a
un Estado que durante por lo menos una década se ha negado
a cumplir sus obligaciones convencionales, al darle el
beneficio de la duda en cuanto a un comportamiento que
debió haber aclarado dentro del procedimiento del
artículo 40.
No le compete al Comité establecer qué sería preferible
en casos semejantes a la comunicación que se examina.
Tampoco le toca convertir esta comunicación en un mero
caso hipotético, a fin de provocar comportamientos de una u
otra especie por parte de funcionarios estatales indeterminados.
Toda consideración debe referirse a los hechos concretos
referentes a la prisión del Sr. Johnson.
Además, cualquier decisión sobre la presente comunicación
debe tomarse en un plano estrictamente jurídico.
No cabe duda que la certeza de la muerte constituye una
tortura para la mayoría de las personas; los condenados a
muerte se encontrarían, también mayoritariamente, en una
posición similar. A pesar de que como convicción filosófica
sostenemos que la pena de muerte, y por lo tanto sus corolarios
(la condena y la espera de la ejecución), constituyen
penas inhumanas, crueles y degradantes, debemos preguntarnos
si esos hechos -y para el caso de especie, el fenómeno
del corredor de la muerte- establecen violaciones del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cualquier consideración se encuentra con que el
Pacto no prohíbe la pena de muerte. Por tal razón, no puede
sostenerse que el fenómeno del corredor de la muerte constituya
en sí mismo un trato cruel, inhumano o degradante.
No puede tampoco prohibirse la aplicación de la pena
capital.
Sin embargo, todo Estado Parte debe reducir a un
mínimo la tortura psicológica que implique la espera de la
ejecución. Ello quiere decir que el Estado debe garantizar
que se reducirá al mínimo necesario el sufrimiento que
deban soportar quienes están en espera de la ejecución.
Al respecto debe garantizarse:
1. Que el procedimiento judicial en el cual se
determina la culpabilidad del condenado a muerte cumple
todas las exigencias que establece el artículo 14 del Pacto.
2. Que el imputado pueda hacer uso efectivo de
todas las vías de recurso necesarias, antes de que se demuestre
sin lugar a dudas su culpabilidad.
3. Que se prescriban plazos razonables para la
interposición de estas vías de recurso y para su examen por
tribunales independientes.
4. Que la ejecución no se llevará a cabo sino
después de agotada la última vía de recurso de que disponga
el imputado y de que la sentencia en que se establezca la
pena de muerte haya adquirido el carácter de cosa juzgada
material.
5. Que en todo momento en que el condenado
esté en espera de la ejecución se le tratará con la debida
humanidad, lo que incluye el que no se le sujete innecesariamente
a la tortura que implica la espera de la muerte.
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