selección de decisiones del comité de derechos humanos

de peces envenenados y de personas afectadas por la
ciguatera.
4.4. En base a lo anteriormente señalado, la abogada
argumenta que los autores sí tienen derecho a considerarse
víctimas según el significado que se da a este
término en el artículo 1 del Protocolo Facultativo. Se
sostiene que los riesgos para la salud del Sr. Temeharo
y la Sra. Bordes son considerables, y que exceden
claramente los límites de amenazas puramente hipotéticas.
Según la abogada, la evaluación de las amenazas
para los derechos de los autores reconocidos en los
artículos 6 y 17 sólo puede calcularse durante la evaluación
de la cuestión de fondo de las denuncias presentadas
por los autores. A los fines de la admisibilidad,
se sostiene que el requisito de la carga de la
prueba se ha cumplido, ya que los autores han sustanciado
prima facie sus afirmaciones.
4.5. La abogada niega que la comunicación sea
inadmisible con arreglo al apartado a) del párrafo 2 del
artículo 5 del Protocolo Facultativo. Señala que la Sra.
Bordes retiró su denuncia presentada ante la Comisión
Europea de Derechos Humanos mediante carta de
fecha 17 de agosto de 1995; por su parte, el Sr. Tauira
retiró la denuncia que había sometido al Comité de
Derechos Humanos mediante carta de fecha 18 de
agosto de 1995. La abogada sostiene, además, que la
reserva francesa al apartado a) del párrafo 2 del
artículo 5 del Protocolo Facultativo es inaplicable en
el presente caso: en este sentido, afirma que la reserva
sólo se aplica si el "mismo asunto" ha sido ya objeto
de una decisión sobre la cuestión de fondo emitida por
otra instancia de investigación o arreglo internacional.
En el caso en cuestión, la Comisión Europea de
Derechos Humanos declaró inadmisible el caso que le
fue sometido, sin entrar a debatir el fondo de las
reclamaciones de los autores.
4.6. La abogada sostiene que se debe considerar que
los autores cumplieron el requisito de agotamiento de
los recursos internos, ya que los recursos judiciales de
que disponen son claramente ineficaces. En este
sentido, hace notar que la decisión del Presidente
Chirac de reanudar las pruebas nucleares en el
Pacífico Sur no es susceptible de control judicial: se
sostiene que esto queda confirmado por la
jurisprudencia del Conseil d'Etat francés, que es el
más alto tribunal administrativo. Así, en un fallo
emitido en el caso Sieur Paris de Bollardière, 11 de
julio de 1975, el Conseil d'Etat ya mantuvo que el
establecimiento de una zona de seguridad en torno a
los polígonos de pruebas nucleares del Pacífico Sur
eran decisiones gubernamentales ("acte de
gouvernement") que no podían separarse de las
relaciones internacionales de Francia y que no eran
susceptibles de control por los tribunales nacionales.
Las mismas consideraciones son aplicables al presente
caso. La abogada señala además que la sección
francesa de Greenpeace denunció la reanudación de
las pruebas nucleares ante el Conseil d'Etat: mediante
fallo de 29 de septiembre de 1995, el Conseil d'Etat
desestimó la denuncia basándose en la teoría del "acto
de gobierno" 1 .
4.7. La abogada reitera que las denuncias de los
autores son compatibles ratione materiae con los
artículos 6 y 17 del Pacto. En lo que se refiere al
artículo 6, recuerda que el Comité de Derechos
Humanos ha argumentado sistemáticamente, inclusive
en la Observación general Nº 6 (16) sobre el artículo
6, que el derecho a la vida no debe interpretarse de
manera restrictiva, y que los Estados deben adoptar
medidas positivas para proteger este derecho. En el
contexto del examen de los informes periódicos de los
Estados, por ejemplo, el Comité ha querido a menudo
saber más sobre las políticas de los Estados Partes
relativas a la reducción de la mortalidad infantil, y al
mejoramiento de la esperanza de vida, así como sobre
las políticas relativas a la protección del medio
ambiente o a la salud pública. La abogada subraya que
el Comité mismo ha dictaminado, en su Observación
general Nº 14 (21) de 2 de noviembre de 1984, que el
diseño, el ensayo, la posesión y el despliegue de armas
nucleares constituyen una de las mayores amenazas al
derecho a la vida.
4.8. En lo que respecta a la reclamación presentada
por los autores a tenor del artículo 17, la abogada
señala que los riesgos para la vida familiar de los
autores son auténticos: así, el peligro de que pierdan a
un miembro de su familia como consecuencia del
cáncer, la leucemia, la ciguatera, etc., aumenta
mientras no se adopten medidas destinadas a impedir
el escape de material radiactivo producido por las
pruebas subterráneas y su vertimiento a la atmósfera y
al medio ambiente. Se dice que esto constituye una
injerencia ilegal en el derecho de los autores a su vida
familiar.
Cuestiones materiales y procesales de previo
pronunciamiento
5.1. De conformidad con el artículo 87 de su
reglamento, antes de examinar las reclamaciones
contenidas en la comunicación, el Comité de Derechos
Humanos debe decidir si ésta es o no admisible en
virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.
5.2. El Comité toma nota de que el Sr. Tauira retiró
la comunicación que había sometido al examen del
Comité mediante carta de fecha 18 de agosto de 1995,
a fin de poder someter su caso a la Comisión Europea
de Derechos Humanos. Por consiguiente, el Comité
interrumpe todo examen de su reclamación. La Sra.
Bordes, en cambio, retiró la solicitud que había
presentado ante la Comisión Europea mediante un
________
1 Association Greenpeace France, fallo del 29 de septiembre
de 1995.
18