selección de decisiones del comité de derechos humanos

devolverse los bienes o indemnizarse por su pérdida
cuando los reclamantes sean ciudadanos checos y
residentes permanentes de la República Checa supone
una discriminación contra él y sus hermanos con arreglo
al artículo 26 del Pacto.
Observaciones del Estado Parte y comentarios del
autor
4.1. El 23 de agosto de 1994 la comunicación fue
transmitida al Estado Parte con arreglo al artículo 91
del Comité.
4.2. En su exposición de fecha 17 de octubre de
1994, el Estado Parte aduce que los recursos en un
procedimiento civil, como los aplicables en el caso del
Sr. Adam, se rigen por la Ley Nº 99/1963, por el Código
de Procedimiento Civil en su versión enmendada
y, en particular, por las Leyes Nos. 519/1991 y
263/1992.
4.3. El Estado Parte cita los textos de varios artículos
de la ley sin explicar, no obstante, cómo el autor
debería haberse servido de esas disposiciones. Llega a
la conclusión de que desde el 1º de julio de 1993, la
Ley Nº 182/1993 del Tribunal Constitucional hace
también extensivo el derecho de apelación de los ciudadanos
al Tribunal Constitucional de la República
Checa. Por último, el Sr. Adam no utilizó la posibilidad
de recurrir al Tribunal Constitucional.
5.1. Por carta de 7 de noviembre de 1994 el autor
informó al Comité de que el Estado Parte estaba tratando
de burlar sus derechos vendiendo sus bienes y
propiedades comerciales.
5.2. Por carta de 5 de febrero de 1995 el autor impugna
la pertinencia de la información general del
Estado Parte y reitera que sus abogados en
Checoslovaquia han estado tratando de obtener sus
bienes desde el fallecimiento de su padre en 1985.
Sostiene que, en tanto la legislación checa obligue a
los reclamantes a ser ciudadanos checos y residentes
en la República Checa, no hay modo alguno en que
pueda reclamar con éxito los bienes de su padre ante
los tribunales checos.
Decisión del Comité sobre admisibilidad
6.1. Antes de considerar cualquier denuncia contenida
en una comunicación, el Comité de Derechos
Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo
87 de su reglamento, si la comunicación es admisible
en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.
6.2. El Comité observa ratione materiae que, aunque
la denuncia del autor concierne a derechos de
propiedad que no están en sí protegidos en el Pacto,
adujo también que las confiscaciones practicadas por
anteriores gobiernos checoslovacos eran discriminatorias
y que la nueva legislación de la República Checa
discrimina contra las personas que no son ciudadanos
checos y que no residen en la República Checa. Por
consiguiente, los hechos de la comunicación parecían
plantear una cuestión con arreglo al artículo 26 del
Pacto.
6.3. El Comité consideró también si las presuntas
violaciones pueden ser examinadas ratione temporis.
Observó que, aunque las confiscaciones tuvieron lugar
antes de la entrada en vigor del Pacto y del Protocolo
Facultativo para la República Checa, la nueva ley que
excluye a los reclamantes que no sean ciudadanos
checos y residentes de la República Checa surte efectos
que continúan haciéndose sentir después de la
entrada en vigor del Protocolo Facultativo para la
República Checa, lo que podría suponer una discriminación
en violación del artículo 26 del Pacto.
6.4. El apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del
Protocolo Facultativo impide que el Comité examine
una comunicación si el mismo asunto ha sido sometido
ya a otro procedimiento de examen o arreglo
internacionales. A ese respecto, el Comité ha determinado
que el mismo asunto no está siendo examinado
con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo
internacionales.
6.5. Con respecto a la exigencia del agotamiento de
los recursos internos, el Comité recordó que solamente
tienen que agotarse aquellos recursos que sean disponibles
y eficaces. La Ley aplicable sobre los bienes
confiscados no permite la devolución ni la indemnización
al autor. Además, el Comité observó que el autor
está tratando de recuperar sus bienes desde que su
padre falleció en 1985 y que, dadas las circunstancias,
puede suponerse que la aplicación de recursos internos
resulta injustificadamente prolongada.
7. Sobre la base de estas consideraciones, el Comité
de Derechos Humanos decidió el 16 de marzo de
1995 que la comunicación era admisible ya que parecía
plantear cuestiones relacionadas con el artículo 26
del Pacto.
Observaciones del Estado Parte
8.1. Por nota verbal de 10 de noviembre de 1995, el
Estado Parte reitera sus objeciones a la admisibilidad
de la comunicación, en particular que el autor no ha
agotado todos los recursos de la jurisdicción interna.
8.2. Sostiene que el autor es un ciudadano australiano
que reside de forma permanente en su país. En
cuanto a la presunta confiscación de los bienes de su
padre en 1949, el Estado Parte explica que el Decreto
del Presidente de la República Nº 5/1945 no representaba
el traspaso del título de propiedad al Estado
sino que restringía el ejercicio del derecho de propiedad
por el propietario.
8.3. El padre del autor, Vlatislav Adam, era ciudadano
de Checoslovaquia y abandonó su país para irse
a Australia, donde nació el autor. Si bien en su testa-
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