selección de decisiones del comité de derechos humanos

3.3. Con respecto al ejercicio de sus derechos minoritarios
en su país de origen, el Sr. Schlosser señala
que a ningún Estado se le permite frustrar la realización
de los derechos de sus súbditos privándoles de su
ciudadanía y expulsándolos.
3.4. El Sr. Schlosser denuncia específicamente la
falta de igualdad ante los tribunales, en violación del
artículo 14, y de discriminación, en violación del
artículo 26. Señala que la expatriación forzada en
1945, las expropiaciones y las expulsiones se realizaron
colectivamente, teniendo en cuenta no la conducta
sino, más bien, la condición jurídica. Se expulsó a
todos los miembros de la minoría alemana, incluidos
los socialdemócratas y otros antifascistas, y se confiscaron
sus bienes sólo porque eran alemanes; a ninguno
se le brindó la oportunidad de reivindicar sus derechos
ante los tribunales. En este contexto, se refiere a la
política de depuración étnica en la ex Yugoslavia,
reconocida como una violación del derecho internacional.
También se refiere a la expatriación y expropiación
de los judíos alemanes por los nazis, que fueron
arbitrarias y discriminatorias. Señala que aunque
las leyes nazis han sido derogadas y se ha procedido a
una restitución o indemnización por los delitos nazis,
ni Checoslovaquia ni la República Checa han ofrecido
restitución o indemnización de ningún tipo a la minoría
alemana expatriada, expropiada y expulsada.
3.5. El Sr. Schlosser señala que en virtud de la Ley
Nº 87/1991 los ciudadanos checos con residencia en el
país pueden obtener restitución o una indemnización
por los bienes que les fueron confiscados por el Gobierno
de Checoslovaquia en el período de 1948 a
1989. El Sr. Schlosser y su familia no reúnen las
condiciones para ser indemnizados con arreglo a esa
ley porque sus bienes fueron confiscados en 1945 y
porque perdieron la ciudadanía checa como consecuencia
del Decreto Benes Nº 33, así como la residencia
debido a su expulsión. Además, señala que mientras
que para los checos existe una ley de restitución e
indemnización, para la minoría alemana no se ha promulgado
ninguna que le permita obtener alguna forma
de restitución o indemnización. Esto se considera que
constituye una violación del artículo 26 del Pacto.
3.6. Con respecto a la aplicación del Pacto a su
caso, el Sr. Schlosser señala que, aunque los Decretos
Benes se remontan a 1945 y 1946, tienen efectos permanentes
que en sí constituyen violaciones del Pacto.
En particular, la privación de la ciudadanía checa tiene
efectos permanentes e impide que él mismo y su familia
regresen a la República Checa, salvo en calidad
de turistas. En la legislación checa actual no se prevé
el derecho de los antiguos ciudadanos checos de origen
étnico alemán a regresar a su país de origen y
residir en él. Además, esos Decretos fueron reafirmados
por decisión del Tribunal Constitucional de la
República Checa de 8 de marzo de 1995. La ley discriminatoria
sobre la restitución de 1991 también corresponde
al período de aplicación del Pacto y del
Protocolo Facultativo a la República Checa.
3.7. En cuanto al requisito de que se hayan agotado
los recursos internos, el autor dice que en la legislación
checa no sólo no se prevé una vía de recurso para
las personas que se encuentran en su situación sino
que, cosa peor, mientras se considere que los Decretos
Benes, de carácter discriminatorio, son válidos y
constitucionales, toda apelación en contra es inútil. En
este contexto, el autor se refiere a una reciente impugnación
de dichos Decretos que un residente de etnia
alemana de la República Checa presentó al Tribunal
Constitucional de la República Checa. El 8 de marzo
de 1995 el Tribunal sostuvo que los Decretos Benes
eran válidos y constitucionales. Por lo tanto, no existen
remedios disponibles y efectivos en la República
Checa.
Observaciones del Estado Parte sobre admisibilidad
4.1. En su comunicación de fecha 15 de febrero de
1996, el Estado Parte señala que el autor es ciudadano
alemán residente en Alemania. Cuando presentó la
comunicación, no era ciudadano checo ni residente en
la República Checa, por lo cual carecía de condición
jurídica en el territorio de dicha República para
formular su denuncia.
4.2. El Estado Parte recuerda que el Decreto Nº 33
de 2 de agosto de 1945, en virtud del cual se privó al
autor de la ciudadanía checa, contenía disposiciones
que permitían recuperar ésta. Las solicitudes de restitución
de la ciudadanía se debían presentar a la autoridad
competente antes de que transcurrieran seis meses
de la fecha de publicación del decreto. Como el autor
y su familia no aprovecharon esa oportunidad de que
se les restituyera su ciudadanía, el Estado Parte sostiene
que no se han agotado los recursos de la jurisdicción
interna.
4.3. El Estado Parte impugna el argumento del autor
de que ni él ni su familia tuvieron ninguna oportunidad
auténtica de oponerse a su expulsión de
Checoslovaquia. Aduce que el autor y su familia
abandonaron el país por su propia voluntad y no porque
se les obligara a hacerlo. Puesto que en ese momento
todavía eran ciudadanos checoslovacos, podrían
haber hecho uso de los recursos disponibles para todos
los nacionales. Tampoco agotaron los recursos de la
jurisdicción interna contra la privación de su ciudadanía.
Con referencia al principio ignoratia legis
neminem excusat, el Estado Parte sostiene que el cambio
en la condición jurídica del autor y de su familia
fue debido a omisión por su parte y que la posible
objeción de que no se les informó acerca de la legislación
adecuada está fuera de lugar.
4.4. Respecto de la expropiación de los bienes de su
familia y de la supuesta violación de sus derechos con
arreglo al Pacto, el Estado Parte señala que sólo está
25