selección de decisiones del comité de derechos humanos

limitación que no esté justificada. El Comité observa
asimismo, sin embargo, que este derecho no significa
que todos los ciudadanos tengan garantizado un empleo
en las funciones públicas.
13.3. El Comité toma nota de que el autor ha alegado
que fue despedido ilegalmente, ya que no era miembro
de la Policía de Seguridad. El Comité observa, sin embargo,
que el puesto del autor fue reclasificado retroactivamente
como oficial de la Policía de Seguridad el 2
de julio de 1990; fue a consecuencia de la disolución de
la Policía de Seguridad llevada a efecto por la Ley de
protección de los cargos estatales que el puesto de oficial
de la Policía de Seguridad del autor quedó eliminado,
como resultado de lo cual se le despidió el 31 de
julio de 1990. El Comité observa que el autor no fue el
único cuyo puesto se reclasificó retroactivamente, sino
que los puestos de otras personas que ocupaban cargos
similares a los del autor en distintos distritos regionales
también fueron reclasificados retroactivamente de la
misma manera. La reclasificación era parte de un proceso
de reorganización general del Ministerio del Interior,
con vistas a restablecer la democracia y el imperio
de la ley en el país.
13.4. El Comité observa que la terminación del puesto
del autor fue resultado de la disolución de la Policía de
Seguridad por la Ley de protección de oficinas del Estado,
y en razón de la disolución de la Policía de Seguridad
se abolieron los puestos de todos los miembros de
la Policía de Seguridad sin distinción ni diferencia.
13.5. Además, por lo que respecta a la denuncia del
autor por el procedimiento de verificación al que estuvo
sometido, el Comité toma nota de que se consideró en
apelación que el autor reunía los requisitos exigidos
para ocupar un puesto en la policía. Los hechos revelan,
por consiguiente, que no se excluyó al autor del acceso
a las funciones públicas en esta fase.
13.6. Sigue en pie la cuestión de si el hecho de no dar
empleo al autor en la policía constituye prueba suficiente
para determinar si la negativa estuvo basada en
sus opiniones políticas o fue consecuencia del número
limitado de vacantes. Como se recoge más arriba, el
apartado c) del artículo 25 no da derecho a todos los
ciudadanos a un empleo en las funciones públicas, sino
el acceso a esas funciones en condiciones generales de
igualdad. Con la información de que dispone el Comité
no es posible decidir si hubo violación de este derecho
en el caso del autor.
14. El Comité llega a la conclusión de que los
hechos que tiene ante sí no revelan una violación de
ninguna de las disposiciones del Pacto.
APÉNDICE
Opinión individual de los Sres. Elizabeth Evatt, Cecilia
Medina Quiroga y Christine Chanet, con arreglo al
párrafo 3 del artículo 94 del reglamento del Comité,
en relación con el dictamen del Comité sobre
la comunicación Nº 552/1993,
Wieslaw Kall c. Polonia
En este caso, el autor ha alegado una violación del
apartado c) del artículo 25 del Pacto porque fue despedido
injustificadamente de la Milicia Cívica. El Comité ha comprobado
que el Estado no violó el Pacto. No podemos estar de
acuerdo con esa conclusión sobre la base de los hechos y
argumentos siguientes:
1. En virtud de una ley polaca de 6 de abril de 1990, la
Policía de Seguridad quedó disuelta y fueron despedidos por
ley todos sus miembros. Es un hecho que la disolución de la
Policía de Seguridad se hizo por razones éticas y políticas,
como señala el Estado mismo (párr. 10.3). Esa ley no afectó
al autor, puesto que no era miembro de la Policía de
Seguridad.
Posteriormente, en virtud de la Ordenanza Nº 69 de 21
de mayo de 1990, todos los miembros de la disuelta Policía de
Seguridad fueron objeto de un proceso de verificación que, si
arrojaba una evaluación positiva, les permitiría solicitar nuevos
puestos en dependencias del Ministerio del Interior.
En una orden posterior de 2 de julio de 1990 del
Ministro del Interior se dio a conocer una lista de los puestos
que se considerarían pertenecientes a la Policía de Seguridad,
entre los cuales se hallaba el del autor. No existía ningún
recurso de jurisdicción interna para apelar contra esa orden
(párr. 8.3).
2. El Estado sostiene que el autor fue separado por ley de
su cargo, ya que no existía duda alguna de que ese puesto era
parte integrante de la Policía de Seguridad (párrs. 10.1 y
10.2). Sin embargo, la ley no bastó para destituir al autor, sino
que hizo falta dictar otra orden ministerial. Por consiguiente,
resulta difícil creer que no hubiera duda alguna de que el
autor perteneciera a la Policía de Seguridad, lo que nos lleva a
concluir que el autor no fue despedido por ley de su puesto.
Siendo así, debemos partir de la premisa de que el
autor fue destituido en virtud de la orden ministerial de 2 de
julio de 1990 y, por consiguiente, hay que examinar si la
clasificación del puesto del autor como parte de la Policía de
Seguridad constituyó un medio necesario y proporcionado
para alcanzar un objetivo legítimo, a saber el restablecimiento
de los servicios internos de aplicación de la ley sin la influencia
del régimen anterior, como el Estado Parte alega, o si se
trató de una decisión ilegal o arbitraria y/o discriminatoria,
como denuncia el autor. De la mera enunciación del problema
resulta claro que aquí se plantea una importante cuestión a
tenor del apartado c) del artículo 25, cuestión que el autor
debería haber podido plantear mediante la presentación de un
recurso que le permitiera impugnar esa orden.
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