selección de decisiones del comité de derechos humanos

la superficie tradicionalmente utilizada por los sami.
En este contexto, los autores se remiten a la comunicación
que la Junta Forestal Central presentó al Tribunal
de Primera Instancia de Inari (Inarin
kihlakunnanoikeus) con fecha de 28 de julio de 1993,
en la que la Junta expresaba su intención de talar, para
el año 2005, un total de 55.000 m 3 de madera en 1.100
ha de bosque de la parte occidental de las tierras de
pastoreo invernal del Comité de Pastores
Muotkatunturi. Los autores observan que ya se han
hecho talas en otras partes de las tierras de pastoreo
invernal, en particular en la zona de Paadarskaidi, en
el sudeste.
2.7. Los autores reiteran que la situación de los sami
del norte de Finlandia es muy difícil y que toda nueva
medida que produzca efectos desfavorables en la cría
del reno en la zona de Angeli equivaldrá a negar a los
sami locales el derecho a disfrutar de su propia
cultura. En este contexto, los autores citan el párrafo
9.8 del dictamen sobre la comunicación Nº 511/1992,
que interpretan como una advertencia al Estado Parte
con relación a toda nueva medida que pudiera afectar
a las condiciones de vida de los sami locales.
2.8. En cuanto a la necesidad de agotar previamente
todos los recursos internos, los autores dirigieron una
queja, invocando el artículo 27 del Pacto, al Tribunal
de Primera Instancia de Inari (Inarin
kihlakunnanoikeus). Los autores pidieron al tribunal
que prohibiera la tala de bosques o la construcción de
carreteras en una zona geográfica limitada. El tribunal
decidió entrar en materia pero falló en contra de los
autores el 20 de agosto de 1993. Según el tribunal, las
actividades en cuestión habrían causado algunos
efectos desfavorables durante un período limitado de
tiempo, pero sólo en grado menor.
2.9. Los autores recurrieron ante el Tribunal de
Apelación de Rovaniemi (Rovaniemen hovioikeus),
que, después de una vista oral, pronunció sentencia el
16 de junio de 1994. El Tribunal de Apelación concluyó
que las consecuencias desfavorables de las actividades
controvertidas eran mucho más graves de lo
que había sostenido el Tribunal de Primera Instancia.
Sin embargo, dos de los tres jueces del tribunal llegaron
a la conclusión de que los efectos desfavorables
para la cría del reno no equivalían a "negar el derecho
a tener su propia vida cultural", en la interpretación
del artículo 27 del Pacto. El Tribunal de Apelación
estimó que no se había demostrado que "la tala de
árboles en la tierra especificada en la petición y la
construcción de carreteras les impediría el disfrute, en
comunidad con otros miembros de su grupo, de la
cultura sami mediante la práctica de la cría de renos".
El tercer juez emitió una opinión disidente, sosteniendo
que se debería prohibir y detener la tala de
árboles y la construcción de carreteras. Los autores
pidieron autorización para recurrir ante el Tribunal
Supremo (Korkein oikeus), precisando que aceptaban
los hechos declarados probados por el Tribunal de
Apelación y pidiendo al Supremo que revisara solamente
la cuestión de si las consecuencias desfavorables
de las actividades equivalían a "negar" a los autores
los derechos reconocidos en el artículo 27 del
Pacto. El 23 de septiembre de 1994 el Tribunal Supremo
autorizó la presentación del recurso de apelación,
pero sin dictar medidas provisionales de protección.
Sin embargo, el 10 de noviembre de 1994 ordenó
a la Junta Central Forestal que suspendiera las actividades
iniciadas a finales de octubre de 1994. El 22 de
junio de 1995 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia
del Tribunal de Apelación en su totalidad y
anuló la orden provisional. Los autores sostienen que
han agotado todos los recursos de la jurisdicción
interna.
La denuncia
3.1. Los autores afirman que los hechos descritos
violan los derechos que les concede el artículo 27 y
citan los dictámenes del Comité en los casos de Ivan
Kitok c. Suecia (comunicación Nº 197/1985),
Ominayak c. el Canadá (comunicación Nº 167/1984) e
Ilmari Länsman y otros c. Finlandia (comunicación
Nº 511/1992), así como el Convenio Nº 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
el comentario general del Comité Nº 23 [50]
sobre el artículo 27 y el proyecto de Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
3.2. Por último, los autores, que afirman que la tala
de bosques y la construcción de carreteras podría reanudarse
en octubre o noviembre de 1995 y es, por lo
tanto, inminente, piden medidas provisionales de protección
de conformidad con el artículo 86 del reglamento,
a fin de evitar daños irreparables.
Informaciones y observaciones adicionales de las
partes
4.1. El 15 de noviembre de 1995 se transmitió la
comunicación al Estado Parte de acuerdo con el
artículo 91 del reglamento del Comité. De conformidad
con el artículo 86 del reglamento, se pidió al Estado
Parte que se abstuviera de adoptar medidas que
pudieran causar un daño irreparable al medio que,
según los autores, es vital para su cultura y su subsistencia.
Se pidió al Estado Parte que si no estimaba
conveniente la adopción de medidas provisionales de
protección en las circunstancias del caso, informara en
tal sentido al Relator Especial sobre nuevas comunicaciones,
exponiéndole las razones en que se apoyaba.
El Relator Especial reconsideraría la conveniencia de
mantener la petición formulada de conformidad con el
artículo 86.
4.2. En una nueva exposición presentada el 8 de
diciembre de 1995, los autores advierten que la Oficina
de la Alta Laponia de la Junta Forestal Central comenzó
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