selección de decisiones del comité de derechos humanos

obligado por dicho Pacto desde que entró en vigor en
1976, y aduce que, por esa razón, el Pacto no se puede
aplicar a sucesos ocurridos en 1945-1946. Respecto
del argumento del autor de que el fallo del Tribunal
Constitucional de 8 de marzo de 1995 reafirma las
violaciones del pasado y hace inútil cualquier recurso
ante los tribunales, el Estado Parte señala que a raíz
del citado fallo el Decreto Nº 108/1945 ya no tiene
fuerza de reglamento constitucional y su compatibilidad
con leyes de rango superior (como la Constitución
y el Pacto) puede por lo tanto ser impugnada
ante los tribunales. En este contexto, el Estado Parte
señala que la Ley orgánica Nº 2/1993 (Carta de Derechos
y Libertades Fundamentales) contiene una prohibición
de toda forma de discriminación. Por lo tanto,
el Estado Parte impugna la afirmación del autor de que
el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna
sería inútil. Según el Estado Parte, la declaración
del autor demuestra su desconocimiento de la legislación
checa y es incorrecta.
4.5. El Estado Parte afirma que los tratados internacionales
sobre derechos humanos y libertades fundamentales
vinculantes para la República Checa son
aplicables inmediatamente y prevalecen sobre la ley.
Explica que el Tribunal Constitucional está facultado
para anular leyes o reglamentaciones si determina que
son inconstitucionales. Todo el que pretenda que sus
derechos han sido violados por una decisión de una
autoridad pública puede entablar un procedimiento
para que se revise la legalidad de tal decisión.
4.6. En cuanto al argumento del autor de que la
violación de sus derechos persiste bajo la legislación
checa en vigor, el Estado Parte afirma que, sobre la
base de la aplicabilidad directa del Pacto en la legislación
checa, el autor podría haber entablado una acción
ante los tribunales checos. Además, el Estado Parte
niega que se hayan violado los derechos del autor por
lo cual las supuestas violaciones no pueden persistir en
la actualidad.
4.7. Por último, el Estado Parte pide al Comité que
declare inadmisible la comunicación por no haber
agotado el autor los recursos de la jurisdicción interna
y porque las supuestas violaciones tuvieron lugar antes
de que entraran en vigor el Pacto y su Protocolo Facultativo.
Comentarios del autor
5.1. En sus comentarios a las observaciones del
Estado Parte, el letrado recuerda que el hecho de que
el autor ya no sea ciudadano checo ni tenga residencia
en la República Checa no es culpa suya, puesto que
fue privado de su ciudadanía y expulsado por el Estado
Parte.
5.2. El letrado afirma que el Estado Parte, a su vez,
carece de fundamento para afirmar que el autor o su
familia podrían haber recuperado su ciudadanía mediante
una solicitud. El letrado recuerda que, a la sazón,
el autor y su familia, pese a que eran miembros
del Partido socialdemócrata y antifascistas, ya habían
sido expulsados por el Estado Parte (julio de 1945),
que también había confiscado todos sus bienes, a consecuencia
de lo cual se encontraban en la completa
indigencia. Por lo tanto, los recursos que existieran en
1945 no estaban, en la práctica, a disposición del autor
y su familia, ni de la mayoría de los alemanes. El
letrado afirma que si el Estado Parte sostiene que las
personas que se encontraban en la situación del autor
podrían haberse valido de recursos internos efectivos,
debe dar ejemplos de personas que lo hayan hecho y
hayan obtenido un resultado favorable.
5.3. El autor señala que cuando él y su familia fueron
expulsados se los trató como a proscritos. Millares
de alemanes fueron detenidos en campos de concentración.
Según el autor, las quejas a las autoridades
checas no sólo eran inútiles sino que, en muchos casos,
cuando la gente se quejaba era sometida a malos
tratos.
5.4. El autor reconoce que el Pacto entró sólo en
vigor para Checoslovaquia en 1976. No obstante,
afirma que la legislación de 1991 sobre restitución es
discriminatoria porque excluye la restitución a la minoría
alemana. Además, argumenta que la decisión del
Tribunal Constitucional de 8 de marzo de 1995, que
confirma la validez permanente de los Decretos Benes,
es una confirmación de una violación ocurrida y por lo
tanto pone a la comunicación dentro del ámbito de
aplicación del Pacto y el Protocolo Facultativo. El
letrado se refiere al dictamen del Comité en el caso Nº
516/1992 (Simunek c. la República Checa), en el que
sostuvo que las confiscaciones ocurridas en el período
anterior a la entrada en vigor del Pacto y del Protocolo
Facultativo podían ser objeto de una comunicación al
Comité si persistían los efectos de dichas confiscaciones
o si la legislación promulgada para ponerles remedio
era discriminatoria.
5.5. Respecto de la afirmación del Tribunal Constitucional
de que el Decreto Nº 108/1945 ya no tenía
carácter constitucional, el autor aduce que constituye
una exposición de hechos, puesto que las confiscaciones
ya se habían llevado a cabo y los alemanes no
tenían posibilidad de impugnarlas. Por lo que toca a la
afirmación del Estado Parte de que el Tribunal Constitucional
está facultado para derogar leyes o sus disposiciones
si son incompatibles con la Constitución o
con un tratado internacional de derechos humanos, el
letrado afirma que se pidió al Tribunal Constitucional
que derogara los Decretos Benes por ser discriminatorios,
pero en lugar de hacerlo confirmó su constitucionalidad
en su fallo de 8 de marzo de 1995. A raíz de
este fallo, al autor no le queda ningún recurso efectivo,
ya que sería inútil impugnar otra vez la legalidad de
los decretos.
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