selección de decisiones del comité de derechos humanos

opiniones que disienten de las opiniones de la mayoría del
Comité. El Comité decidió en varios casos que la detención
prolongada en la galería de los condenados a muerte no
constituye en sí misma una violación del artículo 7 del Pacto
y nosotros pudimos aceptar estas decisiones a la luz de las
circunstancias específicas de cada comunicación examinada.
Sin embargo, el dictamen aprobado por el Comité en
el presente caso revela una falta de flexibilidad que ya no
permitiría examinar las circunstancias de cada caso para
decidir si, en un caso determinado, la detención prolongada
en la galería de los condenados a muerte constituye un trato
cruel, inhumano o degradante en el sentido del artículo 7 del
Pacto. La necesidad de apreciar las circunstancias de cada
caso nos impulsa a disociarnos de la posición de la mayoría
y a asociarnos a la opinión de otros miembros del Comité
que no pudieron aceptar las opiniones de la mayoría, en
especial, a la opinión individual formulada por la
Sra. Chanet.
APÉNDICE III
Opinión individual del Sr. Francisco José Aguilar Urbina,
con arreglo al párrafo 3 del artículo 94 del reglamento
del Comité, en relación con el dictamen del Comité
sobre la comunicación Nº 588/1994,
Errol Johnson c. Jamaica
La opinión de mayoría en la presente comunicación
me obliga a expresar mi opinión disidente. El Comité ha
establecido en su jurisprudencia que el fenómeno del corredor
de la muerte no constituye per se una violación del
artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. En repetidas ocasiones el Comité ha sostenido que
el mero hecho de encontrarse una persona condenada a
muerte no constituye un trato o pena cruel inhumano o
degradante. Algunas veces hemos concordado con esta
posición, haciendo la salvedad -como deseamos también
dejar claro en esta opinión individual- que consideramos
que la pena capital constituye en sí una pena inhumana,
cruel y degradante.
En mi opinión, el Comité se equivoca al tratar de
mantener su jurisprudencia inflexiblemente, sin precisar,
analizar y estimar caso por caso los hechos que se presentan
ante él. En la presente comunicación (Johnson c. Jamaica),
el deseo del Comité de ser coherente con su jurisprudencia
anterior lo ha llevado a dictaminar que el fenómeno de la
duración en el corredor de la muerte no es en ningún caso
contrario al artículo 7 del Pacto.
En efecto, la opinión de la mayoría pareciera partir
de la presunción de que únicamente un revertimiento total
de su jurisprudencia podría permitir decidir que una duración
excesiva en el corredor de la muerte pudiera conllevar
una violación de la norma mencionada. Para llegar a esa
conclusión, la opinión mayoritaria parte de varios supuestos:
1. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos no prohíbe la pena de muerte, aunque la
restringe de manera estricta.
2. Que la detención en el "corredor de la
muerte" es una consecuencia necesaria de la imposición de
la pena de muerte y que sin importar lo cruel, inhumana y
degradante que pareciera ser no puede considerarse de por sí
como una violación de los artículos 7 y 10 del Pacto.
3. Que mientras que el Pacto no prohíbe la pena
de muerte, sí se refiere a su abolición en términos que
muestran que tal eliminación es deseable.
4. Que las disposiciones del Pacto deben interpretarse
a la luz del objeto y el fin de ese tratado y que, dado
que uno de estos objetos y fines del Pacto es la reducción en
la utilización de la pena capital, cualquier interpretación que
pudiera llevar a un Estado a hacer uno de ella debería
evitarse.
A partir de estos supuestos, una mayoría de los
miembros del Comité de Derechos Humanos ha llegado a
ciertas conclusiones, que conllevan en su opinión una no
violación de los artículos 7 y 10 del Pacto por parte del
Estado objeto de la comunicación:
1. Que un Estado ejecute a una persona condenada
a muerte después de que hubiera pasado un tiempo
esperando su ejecución no violaría las disposiciones del
Pacto, en el tanto en que aquel que no ejecutara al prisionero
violaría las disposiciones convencionales. De ello deduce
que solamente podría verse el problema de la duración en el
corredor de la muerte si se establece un período perentorio
después del cual habría de encontrarse una violación del
Pacto.
2. Que al convertir el factor tiempo en el
determinante de la violación de la norma convencional se
envía un mensaje a los Estados Partes que deben ejecutar a
los condenados a muerte de manera expedita, una vez que se
impusiera la pena capital.
3. Que sostener que una duración prolongada en
el corredor de la muerte no constituye per se una violación
de los artículos 7 y 10 del Pacto, no implica que otras circunstancias
conectadas con la detención no la conviertan en
una pena cruel, inhumana o degradante.
Si bien concordamos con varios de los razonamientos
que utiliza la mayoría, concordamos únicamente con la
última de sus conclusiones. Consideramos que la opinión
mayoritaria es discutible:
1. Estamos de acuerdo en que si bien el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos no prohíbe la
pena de muerte, sí la restringe de manera estricta.
2. Concordamos también en que, como consecuencia
de la no prohibición de la pena capital, los Estados
Partes que aún la retengan como sanción tampoco están
impedidos de aplicarla -dentro de los límites estrictos que
impone el Pacto- y que la existencia de un "corredor de la
muerte" (o sea, un cierto tiempo entre la imposición de la
pena de muerte y la ejecución del condenado) es por lo tanto
inevitable.
3. Asimismo, consideramos que es cierto que el
Pacto expresa la deseabilidad de abolir la pena de muerte.
4. En ningún caso podríamos negar que las
disposiciones del Pacto deben interpretarse a la luz del
objeto y el fin de este tratado. No obstante, si bien estamos
de acuerdo en que uno de los objetos y fines del Pacto es la
reducción en la utilización de la pena capital, encontramos
que ello es una consecuencia precisamente de un propósito
mayor, cual es la reducción en el número de causales que
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