73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

Martes 26 de noviembre de 2002 CÁMARA DE REPRESENTANTES 143
cebido. Las dos cosas. No será un proyecto que desconozca
la vida del concebido; al contrario, defenderá
la vida del concebido porque hará posible que la mujer
deje de sentir la necesidad de interrumpir su embarazo,
para pensar que, en definitiva, tiene posibilidades
ciertas y reales que la sociedad toda, que el
Estado, que el Gobierno y que las organizaciones no
gubernamentales le dan, que le permitirán continuar
con su embarazo con mucho más tranquilidad y, fundamentalmente,
en paz con su conciencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra
el señor Diputado Laviña.
SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: con respecto al
tema del aborto provocado, comprendemos que la
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que lo
ha estudiado, lo ha encarado en sus tres dimensiones:
la social, la médica y la jurídica.
Tenemos conciencia de que es un problema fundamentalmente
social. Tenemos conciencia de que es
un problema que afecta a las clases más necesitadas,
más pobres del país. Es decir, a aquellas mujeres y
familias que no tienen los medios necesarios como
para tener una asistencia cultural, médica, social y
económica que las aleje de los peligros que conlleva
esa situación a la que no es ajeno el tema del embarazo,
fundamentalmente de las chicas jóvenes, como
recién se decía, de trece, catorce, quince o dieciséis
años, lo que es bastante frecuente en la sociedad
uruguaya y también en el mundo en general.
También tenemos que comprender que es un
tema polémico, ante el cual la sociedad está dividida,
y asimismo este Parlamento, que es su reflejo, constata
ese hecho. El derecho no es ajeno a la realidad;
no puede ser ajeno a la realidad. De ahí que este
problema no fue ajeno a la doctrina del derecho penal,
la cual a través del tiempo ha asumido distintas
posiciones y ha dado distintos argumentos a favor y
en contra. Hoy en este Parlamento se repite esa escena
de confrontación de distintas posiciones que
pretendemos resumir de acuerdo con lo que hemos
escuchado hasta este momento en Sala.
Una de las posiciones justifica la excriminación
del aborto consentido y sostiene que el producto de la
concepción forma parte del organismo de la mujer,
por lo que esta tiene derecho a disponer libremente
de sí misma y a una maternidad consciente.
El segundo argumento, que es consecuencia del
primero, señala que falta un bien jurídico protegido,
tutelable, porque el presunto derecho agredido reside
en la mujer.
Un tercer argumento de esta posición es que la
pena es ineficaz para reprimir el aborto debido a la
dificultad de la prueba y a la tolerancia de los Jueces.
Un cuarto argumento señala que la represión
vuelve más peligroso el aborto, porque conduce a
efectuarlo en forma clandestina, mientras que el realizado
por médicos competentes representa un mínimo
de peligro para la mujer.
Otro de los argumentos esenciales expresa que
no debe confundirse la moral con el derecho penal.
Este último tiende a reducir al mínimo la ética indispensable
para el mantenimiento del orden político y
social.
La otra posición que hemos escuchado ha sido
estudiada largamente por la doctrina penal; es la que
justifica la criminación del aborto consentido. Para ello
se alegan los siguientes argumentos: el ser humano
tiene autonomía biológica y jurídica desde la concepción
y, aunque el feto no sea considerado persona en
el sentido jurídico, igualmente merece la protección
penal; el pretendido derecho de la mujer a disponer
de sí misma estaría limitado por el respeto debido al
fruto de la concepción; existe un complejo de bienes
jurídicos tutelables representado conjunta o alternativamente
por la vida de la madre o del feto, el derecho
del marido a tener descendencia, la moral y las buenas
costumbres.
Por otra parte, se dice que la penalidad del
aborto debe mantenerse como expresión de censura
social. Abona también en favor de esta tesis la afirmación
de que todo aborto, aun el realizado por un
médico competente, constituye un grave peligro para
la vida y la salud de la embarazada.
Por último, la libertad de abortar originaría un
enorme aumento del aborto provocado y el aniquilamiento
de la moral sexual como consecuencia de esta
libertad.
Una tercera posición, que podríamos catalogar
como intermedia entre las anteriores, sostiene que el
aborto es antijurídico, pero su represión debería hacerse
sobre las siguientes bases: atenuación de la penalidad
-sobre todo en casos de aborto consentido- y