73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

Martes 26 de noviembre de 2002 CÁMARA DE REPRESENTANTES 75
En resumidas cuentas, para hacer de la Corporación
Nacional para el Desarrollo un organismo más
sano, más creíble para la sociedad, más transparente
en su actuación es que votaremos afirmativamente la
creación de esta Comisión Investigadora, esperando
que en el futuro lo más próximo posible lo que surja
de aquí como grandes conclusiones sobre la gestión
anterior y las consecuencias que se puede sacar para
el futuro, pueda redundar en beneficio de todos los
posibles usuarios de créditos de la Corporación.
Otro punto al que me quería referir -y lo he hecho
a través de consultas con juristas de nuestra fuerza
política- es al que había tocado el señor Diputado
Bergstein en el día de ayer, fuera de actas, sobre la
duda que le surgía acerca de que la Corporación Nacional
para el Desarrollo pudiera ser objeto o no de la
investigación de una Comisión de la Cámara de Representantes.
Se refería a una consulta con el profesor
Cagnoni, que se pronuncia generalmente por la
negativa, lamentando -como tengo información que
me han alcanzado los compañeros abogados de
nuestra fuerza política- expresamente que la Asamblea
General haya dejado pasar el término constitucional
para la consideración de los vetos interpuestos
en su momento.
SEÑOR BERGSTEIN.- En eso estoy de acuerdo.
SEÑOR PANDOLFO.- Nosotros también. Hay que tener
en cuenta que esos vetos se interpusieron en pleno
verano. Había receso parlamentario, y creo que se
perdió la oportunidad de que la Comisión Permanente
lo levantara. Es un tema a tener en cuenta.
Tengo aquí una historia fidedigna de la sanción de
la Ley Nº 16.698, que dice que la historia de la sanción
de la norma legal aludida se constituye en un importante
fundamento, como el que expuso el señor
Diputado Bergstein, para considerar que la Comisión
Investigadora no tenga facultades para investigar la
Corporación Nacional para el Desarrollo. Mientras
que en el pasado se fueron dictando una serie de leyes
que regulaban la facultad de diversas Comisiones
Investigadoras para cada caso concreto, denominadas
leyes especiales, era posible sostener con fundamento
que la ausencia de una ley reglamentaria del
artículo 120 de la Constitución hacía aplicable el artículo
332 de la Carta Magna. La existencia de una
previsión expresa, en el proyecto sancionado por el
Parlamento, que preveía la posibilidad de que la actividad
de las personas de derecho público no estatales
-naturaleza jurídica que ostenta, justamente, la
Corporación que es objeto de esta investigación- fue
expresamente observada por el Poder Ejecutivo por
razones de mérito o conveniencia, considerándolo inconveniente
en tanto la Corporación no dicta actos
administrativos y por razones jurídicas, considerándolo
antijurídico, ya que las Comisiones no pueden
ostentar atribuciones en materia que no son competencia
de las Cámaras.
Es un antecedente importante para negar acceso
a habilitar a la Comisión Preinvestigadora en este caso
en particular. Pero no se puede utilizar la historia
fidedigna de la sanción de la norma legal con el objeto
de vulnerar el alcance de la disposición constitucional
sin contrariar el principio de jerarquía normativa
que puede sintetizarse en la expresión que la norma
de jerarquía normativa inferior debe obedecer sin
contrariar a la de jerarquía normativa superior. Como
el artículo 120 de la Constitución que manifiesta: "Las
Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias
de investigación o para suministrar datos con fines legislativos"
no contiene limitación alguna, debe interpretarse
sus cometidos dentro del contexto de otras
disposiciones constitucionales.
Además, hay que dejar constancia de que la Ley
Nº 16.698 no es una ley interpretativa del artículo 120
de la Constitución. Luego de la sanción de esta ley
puede sostenerse que por su estructura y por el régimen
general que dicta para todas las Comisiones Investigadoras,
esta ley posee vocación de reglamentar
el artículo constitucional. Decimos "vocación" pues no
surge del tenor literal de la norma legal que el legislador
le haya otorgado expresamente esa calidad interpretativa,
lo que no quiere decir que no ostente dicho
carácter, máxime que las referencias en el texto legal
a la norma constitucional son frecuentes. La falta de
previsión interpretativa expresa impide, a nuestro juicio,
considerar a la ley en análisis como un acto legislativo
que interpreta la Constitución.
En cuanto a la vinculación de todo esto con el
principio de separación de Poderes, nuestra Carta
tiene una distribución rígida de ese principio de separación
de Poderes y de funciones, según la cual el
constituyente le otorgó funciones y cometidos expresos
a cada uno de los Poderes. Dentro de dicha distribución
cometió al Poder Legislativo la investigación
de actividades sin limitación alguna. Lo que la Carta
no limitó no puede el legislador ni el intérprete limitar,
so pena de incurrir en inconstitucionalidad.
Las Comisiones Investigadoras tienen previsión
constitucional expresa, y la actividad de contralor de
la actividad administrativa se halla ínsita en las funciones
y cometidos otorgados al Parlamento, por lo
que la limitación en estos Poderes solo podrá emanar