73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

58 CÁMARA DE REPRESENTANTES Martes 26 de noviembre de 2002
SEÑOR BERGSTEIN.- No entiendo.
SEÑOR MIERES.- Se trata de aquellas empresas que
están funcionando, que la Corporación les reconoce
pérdidas y, sin embargo, valora a los efectos del patrimonio
su participación en cero y no incluye las pérdidas
que puedan haber tenido. Este es el segundo
factor que nos lleva a valuar que el estado patrimonial
de la Corporación es más negativo que el que se reconoce
expresamente.
Aparte de estas pérdidas, están los US$ 41:000.000
de los que la Corporación dice ser acreedora con respecto
al Banco Central por pérdidas generadas en las
operaciones de capitalización bancaria, más el hecho
de que algunas de las empresas en las que la Corporación
ha invertido no están auditadas y no pueden
confirmarse los créditos que la Corporación declara.
En tercer término, hay créditos financieros con
respecto a compañías en las que la Corporación ha
invertido. Se establece como crédito US$ 1:500.000
que fue otorgado a Viñedos y Bodegas Bella Unión -
VIBOBUSA- en el año 1988. Razonablemente, en el
año 1997 se tenía que empezar a pagar pero se prorrogó
hasta noviembre de 1999. Notoriamente, un
crédito de US$ 1:500.000 no es cobrable; por lo tanto,
debería restarse y aumentar el valor del deterioro patrimonial
de la Corporación.
En cuarto lugar, hay un préstamo de US$ 3:350.000
a Agolán S.A. que es otra empresa en la que la Corporación
ha invertido dinero. Dicho préstamo se otorgó
en el año 1998 y fue calificado como crédito a
corto plazo y a fines del año 2001 permanecía pendiente,
cambiando su calificación a crédito de largo
plazo. Esos US$ 3:350.000 que figuran como activo
de la Corporación, dudosamente, puedan considerarse.
Debe señalarse que hasta el año 2000 los balances
de la Corporación no realizaron ajustes por inflación.
Por lo tanto, en el Ejercicio 2000, que es cuando
por primera vez se realiza ese ajuste, se observa que
la sobrevaluación del patrimonio que se había generado
en el período anterior llegaba al orden de los
$ 800:000.000. De alguna manera, esto confirma los
problemas de confiabilidad contable que tuvieron los
balances hasta el ejercicio 1999 inclusive.
Voy a referirme a las conclusiones en cuanto a
este capítulo. De acuerdo con nuestro análisis y con
los elementos que acabo de señalar, de los
US$ 110:000.000 que conformaron los aportes patrimoniales
del Estado uruguayo a la Corporación, ciertamente,
estamos cerca de una pérdida casi total.
Tenemos unos US$ 70:000.000 de pérdida reconocidos
expresamente, más esos créditos de largo plazo
con respecto al Banco Central, más esos créditos
otorgados a empresas en las que la Corporación ha
invertido y que no son recuperables.
Lo otro que queda de manifiesto en este análisis
es que los procedimientos contables de valuación de
activos que desarrolló la Corporación en estos años,
técnicamente, han sido muy cuestionables. Han merecido
-este es el siguiente punto en el que voy a ingresar-
observaciones por parte de auditores externos
significativos que nos llevan a formularnos varias preguntas.
La primera tiene que ver con la creación de
esta Comisión Preinvestigadora: ¿a qué se debió esta
pérdida patrimonial tan aguda, en la medida en que
se trata de recursos públicos del Estado uruguayo?
¿Por qué la Corporación no fue capaz de integrar
aportes de capitales privados que fueran en conjunto
en una sociedad con el cumplimiento de los objetivos?
¿Por qué la Corporación, teniendo a su cargo tareas
tan importantes en cuanto a los recursos financieros
que maneja, utilizó desde el punto de vista
contable con tan poca prolijidad sus propios balances
durante todo el período?
Voy a entrar en el tercer punto, que es la valoración
del contralor contable y financiero de la Corporación.
Aquí entramos en el asunto famoso de la capacidad
del Tribunal de Cuentas de auditar o no a la
Corporación. Desde su creación hasta el ejercicio del
año 1989, la Corporación Nacional para el Desarrollo
fue auditada por el Tribunal de Cuentas sin ningún
problema. El Directorio de la Corporación admitía
-como no podía ser de otra manera- que, tratándose
de recursos y de una persona pública, debía enviar
sus balances al Tribunal de Cuentas y este hacer la
auditoría correspondiente. El balance del año 1989
fue objeto de un dictamen negativo por parte del Tribunal
de Cuentas. Este dictaminó que el balance no
representaba la situación financiera y patrimonial del
organismo en función de las siguientes consideraciones:
por las observaciones que la propia auditoría
externa privada presentó, por no haber sido consistente
este balance con el ejercicio anterior, en cuanto
a la creación y mantenimiento de una previsión por
desvalorización que hubiera afectado los resultados
negativamente y por presentar una pérdida del ejercicio
subvaluada por un importe del orden del 120% de
la contabilizada.
Estos son los argumentos que el Tribunal de
Cuentas da para establecer un dictamen negativo. Se
trata de observaciones que no son menores. Como
respuesta a esto la Corporación resuelve al año siguiente
que no va a aceptar más auditorías del Tribu-