73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

Martes 26 de noviembre de 2002 CÁMARA DE REPRESENTANTES 81
Son dos las interrogantes:
- En primer término, si las personas públicas no
estatales, como es el caso de la Corporación Nacional
para el Desarrollo, entran en la esfera de la competencia
de las Comisiones Investigadoras parlamentarias.
- En segundo término, y para el caso que se entendiere
que la respuesta a la primera interrogante
fuere afirmativa, resta preguntarse si la Corporación
Nacional para el Desarrollo puede ser objeto de una
investigación por parte de la Cámara de Diputados.
En cuanto al primer aspecto, la Ley N° 16.698 relativa
a las Comisiones parlamentarias en su Capítulo
IV enumera los órganos, actividades y personas que
pueden ser objeto de investigación (artículos 15 a 28)
y no incluye a las personas públicas no estatales.
En tal sentido, nada menos que el profesor José
Aníbal Cagnoni, Catedrático de Derecho Constitucional
y de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho
de la Universidad de la República -esta doble
condición nos exime de mayores comentarios en
cuanto a la trascendencia de su opinión en esta materia-
expresa en su trabajo "Potestades de las Comisiones
Investigadoras Parlamentarias" (Revista de
Derecho Público N° 8, pág. 99), que "no pueden ser
objeto de investigación las Personas Físicas, las Personas
Jurídicas de Derecho Privado, ni las Personas
Jurídicas de Derecho Público no Estatales". (Los
subrayados corren por cuenta nuestra).
Y a mayor abundamiento agrega (pág. 100) que
"la referencia del artículo 35 a las Personas Públicas
no Estatales, carece de sentido y de aplicación pues
estos sujetos de derecho están excluidos de la actividad
de las Comisiones Investigadoras".
Dicha disposición se refiere a la facultad de las
Comisiones Investigadoras de solicitar la separación
preventiva de funcionarios mientras dure la investigación.
Por la vía de esta referencia incidental en el contexto
del artículo, no puede, en nuestra opinión servir
de base para dilucidar tema tan complejo como es la
competencia de las Comisiones Investigadoras parlamentarias
en relación a las personas públicas no
estatales.
Por ello, el profesor Cagnoni manifiesta que esta
referencia carece de sentido.
Por tanto, entendemos que las Comisiones Investigadoras
parlamentarias no tienen competencia en
materia de personas públicas no estatales, lo cual se
refuerza con lo dispuesto en el artículo 14 del que se
desprende que los cometidos de estas Comisiones no
pueden ser ejercidos respecto de materias no sujetas
a regulación legal ni sometidas al contralor administrativo
del Poder Legislativo.
Una interpretación amplísima, si fuera el caso del
artículo 120 de la Constitución no debería, a nuestro
juicio, vulnerar, con el principio de especificidad del
Derecho Público.
Aquí podría terminar nuestro informe, en cuanto a
la ilegalidad de la propuesta.
Pero para el caso que no se compartiere esa posición
vayamos al segundo tema, o sea si las Comisiones
Investigadoras de la Cámara de Diputados tienen
competencia respecto a la Comisión Nacional para el
Desarrollo.
Porque se da la circunstancia de que la Ley
Nº 15.785 por la que se crea la Corporación Nacional
para el Desarrollo y en la que se establecen sus cometidos,
en el Capítulo IV denominado "Del Contrato
Administrativo, Financiero y Jurisdiccional" tiene una
disposición inicial, el artículo 26 que en su primer inciso
expresa que "el contralor administrativo de la Corporación
Nacional para el Desarrollo será ejercido por
el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores".
A esta altura permítaseme una digresión.
La actividad parlamentaria, como es sabido tiene
dos vertientes fundamentales: legislar y controlar.
En este caso la actividad del control administrativo
por parte del Parlamento está reservada a la Cámara
de Senadores.
Esta es la razón por la cual todas las Memorias y
Estados Contables de la Corporación Nacional para el
Desarrollo han sido remitidos anualmente al Senado
de la República.
Como el cometido de una Comisión Investigadora
de la Cámara de Diputados no puede tener por objeto
investigar la forma cómo la Cámara de Senadores ha
ejercido las facultades que le otorga la ley, debemos
concluir que se trataría de un control similar a los
controles que la Cámara de Diputados desempeña
habitualmente, uno de cuyos presupuestos es precisamente
investigar para ampliar el ámbito de conocimiento
de los hechos.
Sin embargo este control está, a nuestro juicio cincunscripto
a la Cámara de Senadores que es la que
tiene las facultades de control.