73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

98 CÁMARA DE REPRESENTANTES Martes 26 de noviembre de 2002
no están en confrontación. Es decir, primero está lo
jurídico y luego adoptamos las posturas políticas.
Entonces, frente a un hecho, a nuestro juicio, tan
claro como el cristal, ¿qué podía decir la doctrina nacional?
No vamos a abrumar al Cuerpo con citas de
fuerte sustentación. No obstante, quiero decir que
hasta donde me consta, distinguidos juristas que no
son de mi Partido se han expresado al respecto. No
debemos olvidar que este tema se discutió muchas
veces en el Senado en la pasada Legislatura y, si no,
pregúntenles al ex Senador Mallo y al Senador Korzeniak;
estoy hablando de figuras de sólida formación
en derecho público. No mencionaré expresamente sus
opiniones, pero si a alguien le interesan, se podrán
recabar por otras vías. Sí me voy a referir a la opinión
del doctor Cagnoni, porque fue publicada en una revista
jurídica especializada.
Permítaseme decir algo sobre el doctor Cagnoni y
sobre ese trabajo. El doctor Cagnoni debe ser el único
caso que registra la Facultad de Derecho de la Universidad
de la República en el que una misma persona es
catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho
Administrativo, o sea, las dos vertientes del derecho
público que tienen que ver con el tema en cuestión. El
doctor Cagnoni, en un trabajo publicado en el N° 8 de
la Revista de Derecho Público, en el año 1995, titula
un artículo "Potestades de las Comisiones Investigadoras
Parlamentarias en la Ley N° 16.698"; es decir,
para nuestro caso viene perfectamente como anillo al
dedo, como el guante a la mano, ya que no se trata
de una referencia de pasada o incidental, sino que va
directamente al grano en el tema que nos está ocupando
en este momento.
En este trabajo, luego de establecer los organismos
a los que ya dimos lectura, a los cuales sí se aplican
las Comisiones parlamentarias de investigación,
hay un apartado E), al que antes no dimos lectura,
que dice escuetamente: "No pueden ser objeto de investigación
las personas físicas, las personas jurídicas
de Derecho privado, ni las personas jurídicas de Derecho
público no estatales". Al cabo de un razonamiento
donde recuerda el proceso de los vetos no levantados
por la Asamblea General, dice: "[...] quedaron excluidos
de la investigación" -menciona lo que quedó excluido-
"y de las personas de Derecho público no estatales
(artículo 27)"; yo lo tengo, dicho sea de paso,
como artículo 28.
Luego agrega que no tiene explicación la referencia
del artículo 35 y dice: "[...] carece de sentido y
de aplicación, pues estos sujetos de derechos están
excluidos de la actividad de las comisiones parlamentarias
de investigación". El artículo 35 se refiere a los
funcionarios; no a la Corporación ni a las personas
públicas, sino a los funcionarios de las personas públicas
no estatales, y al respecto nos dice que carece de
sentido y de aplicación. Sin embargo, queremos aclarar
que esta disposición se refiere a la facultad de las
Comisiones Investigadoras de solicitar la separación
preventiva de los funcionarios, mientras dure la investigación.
Pero como se vetó parte de la ley quizás
haya habido un olvido. No obstante, de ninguna manera
es una afirmación que vaya en contra de la decisión
clarísima del legislador de la época.
Entonces, ¿qué sucede? Se ha invocado en sentido
contrario el artículo 120, combinado con el 332 de
la Constitución de la República. El artículo 120 es el
que establece la facultad de instalar Comisiones y el
332 dice: "Los preceptos de la presente Constitución
[...] no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación
respectiva, sino que esta será suplida, recurriendo
a los fundamentos de leyes análogas, a los
principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente
admitidas". Sin embargo, este no es el caso,
porque existe una ley que reglamenta el artículo
120, que es la N° 16.698, en función de la cual se
está pidiendo la creación de la Comisión Investigadora.
¡Por favor!, no me digan que sobre esto puede
haber otras opiniones, porque el artículo 332 de la
Constitución dice que si no hay una ley que reglamente,
eso no invalida el artículo 120, pero en este
caso existe una ley y esta excluyó a las personas públicas
no estatales.
En este punto podría terminar nuestro informe, si
es que a alguien le importa -como estoy seguro que
nos importa a todos- la legalidad de esta o de cualquier
otra propuesta.
Sin embargo, para el caso de que, sean cuales
fueren las razones, no se compartiera nuestra posición,
pasemos al segundo tema, es decir, a si las Comisiones
Investigadoras de la Cámara de Diputados
tienen competencia respecto de la Corporación Nacional
para el Desarrollo. Acá tenemos que remitirnos a
la ley de creación de la Corporación, porque se da la
circunstancia de que la Ley N° 15.785, que es la que
la crea, tiene un Capítulo IV, que se llama "Del Con-