73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

96 CÁMARA DE REPRESENTANTES Martes 26 de noviembre de 2002
Anoche estuve leyendo algunas páginas del último
libro del doctor Sanguinetti, que se titula "El doctor
Figari". Todos sabemos quién era Figari. Todos
sabemos que fue un gran Diputado de nuestro Partido,
caracterizado por la pasión que puso al servicio
del trabajo legislativo y el respeto que conjugaba con
esa pasión, además de ser un destacadísimo abogado
penalista. Dicho sea de paso, también era pintor.
Realmente, a nosotros nos reconfortó saber cómo,
hace tantos años, este ilustre predecesor subrayaba
la importancia de la legalidad en todos los aspectos
del accionar político como elemento clave del
Estado de derecho y del imperio de la ley.
Y yo decía: "Pero, ¡caramba!, nosotros, en nuestra
permanente prédica" -si no parece demasiado presuntuoso
el término- "no estamos innovando nada".
Pero vale la pena insistir en este aspecto, porque
a veces se invierten de tal manera las garantías del
debido proceso, la presunción de inocencia, es decir,
aspectos fundamentales del derecho liberal, que parece
que si uno invoca una razón de legalidad es poco
menos que un chicanero o un encubridor. El día que
nosotros transitemos por este camino, evidentemente
vamos a deteriorar lo que queda del sentido jurídico
instalado en el seno de la sociedad.
En lo que se refiere a las razones de legalidad,
son tres o cuatro los aspectos que queremos subrayar,
cada uno de los cuales, a nuestro modo de ver,
invalida el funcionamiento de una Comisión Investigadora;
ni hablar si juntamos esos tres o cuatro aspectos.
El primer punto a dilucidar es si las personas públicas
no estatales, como la Corporación Nacional para
el Desarrollo, entran en la esfera de competencia de
las Comisiones Investigadoras parlamentarias.
En segundo término, y para el caso de que se
entendiera que entran, cabe preguntarse si la Corporación
Nacional para el Desarrollo puede ser objeto de
una investigación por parte de la Cámara de Diputados.
En tercer lugar -y este es un aspecto al cual luego
nos vamos a referir otra vez-, en realidad ese pedido
de conformación de una Comisión Investigadora
está concebido de una manera que abarca todo el accionar
de la Corporación Nacional para el Desarrollo,
lo cual crea el siguiente problema: ¿cómo vamos a
hacer para analizar la pérdida patrimonial -como dice
el informe en mayoría- sin invadir la esfera de personas
de derecho privado?
Y el cuarto y último argumento, que también refiere
a la forma genérica en que está concebido este
pedido, tiene que ver con el artículo 6° de la Ley
N° 16.698, que dice: "[...] Pero su designación solo
procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar
se haya denunciado con fundamento la existencia
de irregularidades o ilicitudes". Estimamos que el
legislador, con buen criterio en este caso, ha querido
que los temas sean precisos y concretos.
Vamos, entonces, al primer argumento, es decir,
si las personas públicas no estatales, como la Corporación
Nacional para el Desarrollo, entran en la esfera
de competencia de las Comisiones Investigadoras.
La ley relativa a las Comisiones Investigadoras
parlamentarias tiene una larga serie de artículos en
los que se establecen los organismos y las personas
que pueden ser objeto de investigación. Son trece artículos,
a los que no vamos a dar lectura, pero que
han determinado que en un trabajo del doctor Cagnoni
-al que luego vamos a volver- se establezca que el
marco normativo, en lo objetivo, queda precisado así:
"A) Poder Legislativo. Los actos de los legisladores,
pero solo a los fines indicados", etcétera. "B) Poder
Ejecutivo. La actividad administrativa y de gobierno,
con excepción de la declarada secreta [...].- La actividad
de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados",
etcétera. "C) Poder Judicial. La actividad
jurisdiccional queda excluida [...] La investigación
de los actos de los Magistrados procede solo a los fines
indicados" en otro artículo. "D) Los tres órganos
constitucionales autónomos. a) Tribunal de lo Contencioso
Administrativo [...] b) Tribunal de Cuentas [...]
c) Corte Electoral", con precisiones que no quiero
mencionar, porque no vienen al caso.
Quiere decir que la ley ha hecho una enumeración,
a nuestro juicio, taxativa. Originariamente, la ley
tenía además un artículo 28.
El artículo 28 de la Ley N° 16.698, que regula la
actividad de las Comisiones Investigadoras parlamentarias,
decía nada más y nada menos que lo siguiente:
"La actividad de las personas de derecho público
no estatales puede ser objeto de investigación,
tanto por Comisiones para suministrar datos con fines
legislativos como por Comisiones Investigadoras. En