73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

Martes 26 de noviembre de 2002 CÁMARA DE REPRESENTANTES 83
Pablo Terra -que en los momentos previos al golpe de
Estado de 1973 trabajó en un proyecto de ley para
crear una institución con similares características a las
de la Corporación Nacional para el Desarrollo-...
(Murmullos.- Campana de orden)
SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar
el señor Diputado.
SEÑOR PANDOLFO.- ...y Wilson Ferreira Aldunate,
que al retorno de la democracia fue el impulsor de la
iniciativa que culminó con la aprobación de la Ley
N° 15.785. Pero, para lograr que así funcione, exigimos
una Corporación que cumpla estrictamente con
los fines y objetivos que establece su ley de creación.
El artículo 1° de la ley N° 15.785 establece:
"Créase la Corporación Nacional para el Desarrollo,
persona jurídica de Derecho Público no estatal[...]".
El artículo 11 refiere a los cometidos. Vamos a
mencionar algunos, que son los más importantes:
"A) Incentivar el desarrollo empresarial, con participación
del sector privado.- B) Favorecer la creación de
empresas, fortalecer las existentes y participar, total o
parcialmente, en su capital.- C) Colaborar en la ejecución
de las políticas económicas sectoriales, mediante
la promoción de la inversión de capitales en sectores
empresariales prioritarios.- D) Analizar y señalar campos
para nuevas inversiones, preparar proyectos concretos
de inversión y promover el estudio de mercados
para nuevos productos y para la colocación de la
producción nacional.- E) Fomentar la investigación,
intercambio o incorporación de tecnología.- [...]
H) Promover el desarrollo científico y tecnológico nacional
[...]".
Además, se debe cumplir con los controles que
fija la misma ley en sus artículos 26, 28 y 29.
El artículo 26 establece: "El contralor administrativo
de la Corporación será ejercido por el Poder Ejecutivo
y la Cámara de Senadores en la forma y con el
alcance dispuesto por los artículos 197 y 198 de la
Constitución [...]".
El artículo 28 expresa: "La Corporación tendrá las
auditorías internas y externas que correspondan para
el control de la eficiencia, efectividad y economía de
su gestión".
Y el artículo 29 señala: "La Corporación publicará
anualmente un balance con la visación del Tribunal de
Cuentas [...]".
Por el Decreto N° 247/98, y ante la laguna que
deja la Ley N° 15.785 por no haberse integrado los
accionistas representantes de la inversión privada, los
Directores pasan, en su totalidad, a ser representantes
del Estado uruguayo.
Previamente a la consideración de los fundamentos
que nos llevaron a votar el proyecto de resolución
aprobado en mayoría en la Comisión y que está
a estudio de la Cámara en la tarde de hoy, quisiera
dejar alguna constancia sobre la pertinencia de que la
Corporación Nacional para el Desarrollo sea objeto de
investigación por parte de una Comisión parlamentaria.
Para ello voy a referirme al informe que nuestros
asesores nos prepararon con relación a la consulta
sobre si la Corporación Nacional para el Desarrollo
puede, o no, ser objeto de investigación por parte de
una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
La historia de la sanción de la Ley N° 16.698,
que es la que regula las Comisiones Investigadoras,
se constituye en un importante fundamento para considerar
que la Comisión Investigadora no tenga facultades
para investigar a la Corporación Nacional
para el Desarrollo. Mientras que en el pasado se fue
dictando una serie de leyes que regulaban la facultad
de diversas Comisiones Investigadoras para cada caso
concreto -denominadas leyes especiales-, era posible
sostener con fundamento que la ausencia de una ley
reglamentaria del artículo 120 de la Constitución hacía
aplicable el artículo 332 de la Carta.
El artículo 120 de la Constitución establece: "Las
Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias
de investigación o para suministrar datos con fines legislativos".
Y el artículo 332 estipula: "Los preceptos de la
presente Constitución que reconocen derechos a los
individuos, así como los que atribuyen facultades e
imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán
de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva,
sino que esta será suplida, recurriendo a los
fundamentos de leyes análogas, a los principios generales
de derecho y a las doctrinas generalmente
admitidas".
La existencia de una previsión expresa en el proyecto
sancionado por el Parlamento, que preveía la
posibilidad de que la actividad de las personas de