73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

Martes 26 de noviembre de 2002 CÁMARA DE REPRESENTANTES 59
nal de Cuentas, en función de argumentos jurídicos.
De acuerdo con su leal saber y entender, el Directorio
interpretaba que debía enviar el balance de la Corporación
al Tribunal de Cuentas para su visado. Cuando
en el año 1990 los funcionarios del Tribunal de
Cuentas pretendieron ingresar a la Corporación para
estudiar la documentación a efectos de auditar el siguiente
balance, se encontraron con la negativa. Eso
ocurre año tras año bajo protesta del Tribunal de
Cuentas, que todos los años reclamó el derecho que
le asistía de auditar a la Corporación. Una y otra vez
los sucesivos Directorios se negaron a la auditoría
hasta el año 2000. En ese año el nuevo Directorio
reinstaura la postura prevaleciente en el primer período
de la Corporación y establece que los balances de
2000 y 2001 serán nuevamente objeto del Tribunal de
Cuentas.
Este tema merece un análisis profundo. Estamos
hablando de dineros públicos a los que la Corporación
de manera reiterada y obcecada negó su fiscalización
por parte del Tribunal de Cuentas, que es el
que se encarga de valorar qué es lo que se hace y lo
que no. Cierto es que la Corporación fue auditada por
auditores privados externos durante todo el período.
En el texto figura la lista de quiénes son los auditores
externos de cada año, hasta 1999 inclusive. Es real
que la Corporación fue rotándolos, modificándolos y
variándolos por períodos de tres años, con excepción
del último, que a partir de 1995 es una única auditora
la encargada hasta 1999 inclusive.
Ustedes van a tener a disposición los informes de
esas auditorías externas.
En los primeros años no hay salvedades; las observaciones
son muy pocas.
En el año 1992, se produce un dictamen sin salvedades
y sin observaciones.
En el año 1993, las auditorías externas comienzan
a producir dictámenes con salvedades. En particular,
el famoso crédito con respecto al Ministerio de Economía
y Finanzas con relación a la capitalización de
los Bancos, aparece como una de las observaciones
principales.
Sobre el balance correspondiente al ejercicio
1994, se encuentra que no hubo balances auditados
que permitieran valorar las inversiones en las empresas
Agolán S.A., Maceol S.A., Suragrios S.A. y Janor
S.A. que, en conjunto representaban el 17% de las
inversiones del organismo. Tampoco se pudo establecer
con propiedad el valor de las deudas generadas
por El Mago S.A., sobre las que el balance adjudica
un valor estimado, pero no preciso.
Desde 1995 a 1999 la auditoría pasa a manos de
Coopers y Lybrand. Todos sus dictámenes han sido
con salvedades importantes. Paso a reseñar básicamente
los mismos: 1) los balances no reflejan íntegramente
los efectos de la inflación; 2) se reitera en
cada ejercicio la imposibilidad de confirmar el crédito
a cobrar al Ministerio de Economía y Finanzas...
SEÑOR BERGSTEIN.- ¿El crédito era por los aportes
que se hizo a los Bancos intervenidos?
SEÑOR MIERES.- Exactamente.
Continúo con la síntesis: 3) la ausencia de balances
auditados en algunas de las inversiones de la
Corporación; 4) que dicha ausencia no les permite
confirmar la cobrabilidad de los créditos y 5) no se ha
podido confirmar el valor de la inversión en tres inmuebles
en el departamento de Salto correspondientes
al establecimiento El Espinillar, que es un tema
ciertamente específico.
En el año 1996, el Tribunal de Cuentas, que recibía
el balance de la Corporación y el informe de auditoría
externa, pero no podía auditar directamente, al
analizar el informe de la auditoría externa, elaboró un
informe que establece que las salvedades que la auditoría
externa había establecido representaban el
57,7% del valor patrimonial de la Corporación.
Con respecto al ejercicio del año 1998, las salvedades
establecidas por esta misma consultora, evaluadas
por el Tribunal de Cuentas con relación al patrimonio,
llegaban al 94,9% del patrimonio. Inclusive,
el informe interno del Tribunal de Cuentas sostiene
una discrepancia con el auditor externo, en el sentido
de que dadas esas condiciones, la auditoría no podría
haberse expedido y debería haberse abstenido de
opinar. Las auditorías externas daban un dictamen
con observaciones, pero aprobaban; el Tribunal de
Cuentas, con la lectura de esos mismos informes de
auditoría, señalaba que no era correcto dar ese dictamen.
Pero hay un tema más importante con respecto al
balance del año 1998: que el Banco de la República,
que integra la Corporación Nacional para el Desarrollo
en un porcentaje accionario menor -tiene un porcentaje
de acciones cercano al 5%-, no lo aprobó.
Estamos diciendo que los representantes del Banco
de la República, en la Asamblea de Accionistas de la
Corporación, cuanto esta se dispone a aprobar el balance
del año 1998, votan en contra. Y esto lo pueden
corroborar, porque salió publicado en "El Observador"
del 22 de mayo de 1999, cuando uno de los Directores
de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el
escribano Gemelli, es consultado acerca de esa si-