73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

Martes 26 de noviembre de 2002 CÁMARA DE REPRESENTANTES 35
a. Marco jurídico y cometidos de la Corporación
Nacional para el Desarrollo
La Corporación Nacional para el Desarrollo fue
creada por Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985.
Se buscaba contar con una institución pública que
actuando bajo las normas del derecho privado operara
con agilidad y eficacia como factor de desarrollo
del país. En momentos previos al golpe de Estado de
1973 el Senador Juan Pablo Terra estaba trabajando
en un proyecto de ley con tales características; una
vez producido el retorno a la democracia es Wilson
Ferreira Aldunate el impulsor de la iniciativa que culmina
con la aprobación de la referida ley.
El artículo 11 de esta ley establece sus cometidos
que, como se verá más adelante, han sido en algunos
casos desnaturalizados mediante la actividad principal
que la Corporación para el Desarrollo, mientras
que en otros casos no se ha podido cumplir con los
mismos. Estos son:
a) Incentivar el desarrollo empresarial, con participación
del sector privado.
b) Favorecer la creación de empresas, fortalecer
las existentes, y participar, total o parcialmente,
en su capital.
c) Colaborar en las políticas económicas sectoriales,
mediante la promoción de la inversión de
capitales en sectores empresariales prioritarios.
d) Analizar y señalar campos para nuevas inversiones,
preparar proyectos concretos de inversión
y promover el estudio de mercados para
nuevos productos y para la colocación de la
producción nacional.
e) Fomentar la investigación, intercambio o incorporación
de tecnología.
f) Contribuir a la expansión del mercado de valores,
favorecer la creación de empresas por acciones,
cooperativas y otras formas de cogestión
empresarial; promover la ampliación de
capital en ramas de la actividad nacional donde
se requiera la producción en escala y los recursos
del sector privado sean insuficientes.
g) Promover la racionalización de los procedimientos
de administración empresarial.
h) Promover el desarrollo científico y tecnológico
nacional, en forma coordinada con la Universidad
de la República y otros organismos públicos
y privados, apoyando proyectos de investigación.
En la discusión parlamentaria que enmarcó la
sanción de la ley que la creó el entonces Diputado Alberto
Brause decía que: “Los dos grandes objetivos a
que debe propender esta institución son la concesión
de créditos a mediano y largo plazo y la participación
en el capital accionario o social de las empresas privadas.
Al contrario del Banco de la República Oriental
del Uruguay, la Corporación Nacional para el Desarrollo
debe orientarse con un concepto distinto de la
concesión de créditos, teniendo presente las políticas
sectoriales específicas que se han diseñado y los
propósitos que persigue”.
Por su parte, el Diputado Edison Rijo señalaba:
“Lo que hay que distinguir es que no se trata de premiar,
favorecer ni salvar al empresario privado; se
busca con el artículo 25 (facúltese a la Corporación
Nacional para el Desarrollo a adquirir total o parcialmente
a las instituciones privadas de intermediación
financiera, créditos de empresas deudoras de aquellas)
la reactivación del país, a fin de que esas industrias
puedan, de alguna forma, contar con los recursos
suficientes para volver a trabajar”.
De modo que el propio texto legal y las consideraciones
y argumentos que se expresaron durante la
discusión de su sanción demuestran con claridad que
la finalidad central de este organismo era impulsar y
apoyar, con la participación de capital privado, aquellos
emprendimientos que tuvieran valor para el desarrollo
del país en función de la prioridad otorgada a
determinados sectores productivos.
Sin embargo, al mismo tiempo que se indicaban
sus cometidos y se expresaba la finalidad de este organismo,
ya algún legislador dejó planteada su interrogante
sobre la ausencia de contralor institucional
suficiente. En efecto, el entonces Diputado Pablo Millor
señaló: “Podemos sostener que haber calificado a
este organismo como una persona jurídica de derecho
público no estatal, configura una manera elegante
de evadir contralores para operaciones que, sea cual
fuere la definición que se le da, están comprometiendo
el patrimonio del Estado, ya que éste participa con
el 60% del capital. Y si el Estado está habilitado de
una manera genérica para comprar créditos malos, si
se está legalizando la compra de carteras y si se
pueden comprar acciones, emitir vales y obligaciones,
nosotros podemos considerar que se está emitiendo
deuda pública. Y cuando el Estado emite deuda pública,
hay una disposición constitucional que lo somete
a determinados controles. Por supuesto que
existe un requisito constitucional establecido en la
propia ley para integrar el capital inicial. Pero ¿dónde