73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

144 CÁMARA DE REPRESENTANTES Martes 26 de noviembre de 2002
establecimiento de excepciones justificativas y excusantes.
Esta posición intermedia, en líneas generales,
es la aceptada hasta ahora por el Código Penal uruguayo.
Hagamos un repaso rápido en la legislación nacional,
no solo en materia de derecho penal, sino en
la Constitución de la República y en algunos tratados
internacionales que han considerado este tema.
La legislación penal actual establece que el
aborto en el derecho penal uruguayo está legislado en
el Código Penal, en el Título XII, "De los delitos contra
la personalidad física y moral del hombre", en su Capítulo
IV, artículo 325. En dicho artículo se prevé el
aborto con consentimiento de la mujer, estableciendo
que "la mujer que causare su aborto o lo consintiera
será castigada con prisión de tres a nueve meses".
Otras disposiciones regulan situaciones de aborto
efectuadas con la colaboración de un tercero, con el
consentimiento de la mujer, y establecen las penalidades
para quienes colaboren en él. Pero también se
prevén atenuantes y eximentes en el artículo 328.
Ellos son: si el delito se cometiera para salvar el propio
honor, el de la esposa, o un pariente próximo,
puede disminuir la pena de un tercio a la mitad y el
Juez, atendiendo a las circunstancias del hecho, puede
eximir totalmente de castigo. En la situación en
que el aborto se cometiera sin el consentimiento de la
mujer, para eliminar el fruto de la violación, la pena
será disminuida de un tercio a la mitad, y si se efectuare
con su consentimiento, preceptivamente se establece
que debe ser eximido de castigo.
El numeral 5) del mismo artículo 328 aclara que
las atenuantes o la exención de la pena solo tendrán
aplicación en los casos en que el aborto fuese practicado
por un médico, dentro de los tres meses de la
concepción. Pero se aclara que el plazo de tres meses
no regirá en los casos en que el aborto se efectuare
por causas graves de salud -cuando es sin el consentimiento
de la mujer- y para salvar su vida, cuando es
con su consentimiento.
¿Qué dice la Constitución uruguaya? Entendemos
que merecen tenerse en cuenta los artículos 7°, 26 y
72 de nuestra Carta.
El artículo 7° establece: "Los habitantes de la
República tienen derecho a ser protegidos en el goce
de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.
Nadie puede ser privado de estos derechos
sino conforme a las leyes que se establecieren por razones
de interés general". Conviene recordar esta disposición
porque vamos a encontrar un artículo 4° de
la Convención Americana de Derechos Humanos que
plasma en el texto internacional el mismo concepto,
que fue introducido posteriormente en nuestra legislación.
Este artículo ya no consagra el derecho a la vida
y al honor, sino el derecho a obtener del Estado la
garantía de los derechos a la vida. También conviene
recordar que la segunda parte de esta disposición no
quiere decir que el Estado, por razones de interés general,
pueda privar del derecho a la vida, al honor, etcétera,
sino que debe interpretarse que la ley, por razones
de interés general, puede privar al habitante
del derecho a ser protegido por el Estado en el goce
del honor, la libertad, etcétera. En otras palabras,
nunca el Estado, por razones de interés general, puede
privar al habitante del derecho a la vida, al honor,
etcétera. Hubiera sido preferible que en vez de "habitante"
se hubiera dicho "todas las personas"; la intención
fue esa: que el amparo alcance a todas las
personas que estén en el país en el momento en que
suceden los hechos.
El derecho a la vida es, en primer término, el
derecho a vivir, a no ser privado de la vida, y está expresamente
garantizado por el artículo 26 de la Constitución,
que prohíbe la pena de muerte. Debemos
sumar a estos medios de garantía de la vida de carácter
constitucional otras disposiciones de carácter
legal, que establecen una protección indirecta. Me refiero
a las normas anteriormente referidas del Código
Penal, que eleva a la categoría de delito las acciones
que atentan contra la integridad física, a saber, el capítulo
referente a los delitos de lesiones y de homicidio
en sus distintas formas, dentro del cual interesa el
tema que hoy nos ocupa: las normas sobre aborto,
que a nuestro entender constituyen un modo especial
de protección de ese bien jurídico supremo que es la
vida.
Por último, tenemos que poner sobre la mesa de
discusión, al abordar el tema del aborto, el artículo 72
de la Constitución, que dispone: "La enumeración de
derechos y deberes y garantías hecha por la Constitución,
no excluye los otros derechos que son inherentes
a la personalidad humana o se derivan de la forma
republicana de gobierno". Esta norma nos está diciendo
que la enumeración de los derechos fundamentales
previstos en el artículo anteriormente citado -artículo
7°- no es de carácter taxativo, sino que pueden