73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

Martes 26 de noviembre de 2002 CÁMARA DE REPRESENTANTES 87
tados de los ejercicios anteriores. Esto último determinó
una sobrevaluación del patrimonio del orden de
$ 800:000.000, lo que confirma la poca confiabilidad
de la información contable emitida hasta el ejercicio
1999, inclusive.
Las observaciones antedichas nos llevan a concluir
que los US$ 110:000.000 que integraron el patrimonio
de la Corporación se han perdido casi en su
totalidad, por lo que resulta imprescindible investigar
cuáles son las causas que llevaron a este resultado
patrimonial.
El tercer capítulo corresponde a la valoración del
contralor contable y financiero de la Corporación Nacional
para el Desarrollo.
Debemos manifestar que el Tribunal de Cuentas
solo pudo auditar los ejercicios cerrados desde el 31
de diciembre de 1986 al 31 de diciembre de 1989. A
partir de esa fecha, el Directorio de la Corporación
impidió que el Tribunal de Cuentas continuara auditando,
no obstante lo cual le envió los balances año a
año para su visado. Curiosamente, esta decisión ocurre
en 1990, luego de que el Tribunal de Cuentas
emitiera un dictamen negativo sobre el balance cerrado
al 31 de diciembre de 1989.
Concretamente, el Tribunal de Cuentas dictaminó
que el balance no representaba la situación financiera
y patrimonial del organismo por las siguientes consideraciones:
a) por las observaciones que la propia
auditoría externa presentó; b) por no haber sido consistente
con el ejercicio anterior, en cuanto a la creación
y al mantenimiento de una previsión por desvalorización
que hubiera afectado los resultados negativamente;
y c) por presentar una pérdida del ejercicio
subvaluada por un importe del orden del 120% de la
contabilizada.
Como se puede observar, no se trata de observaciones
menores, sino que demuestran, ya hace una
década, deficiencias en la forma de realizar la rendición
de cuentas por parte de este organismo.
Durante toda la década del noventa, el Tribunal
de Cuentas reclamó todos los años el derecho que le
asistía, de acuerdo al marco normativo vigente, a realizar
la auditoría de este organismo, en la medida en
que maneja recursos públicos. Sin embargo, una y
otra vez los sucesivos Directorios se negaron a la auditoría
del Tribunal.
Finalmente, a partir de la memoria y balance del
año 2000, la Corporación cambió el criterio y admitió
que el Tribunal de Cuentas volviera a realizar esta
tarea básica de contralor.
Por otra parte, durante toda la gestión de la Corporación
Nacional para el Desarrollo, sus balances han
sido auditados por auditorías externas privadas, entre
las que se encuentran, en distintos períodos de esos
trece años, Ottino, Pereira y Asociados; Tea, Deloitte
y Touche; R. Villarmarzo y Asociados; y en los últimos
años, Coopers y Lybrand.
Hasta el 31 de diciembre de 1988, los dictámenes
de Ottino, Pereira y Asociados fueron sin salvedades.
La auditoría realizada por la consultora Tea, Deloitte
y Touche sobre el ejercicio 1989 culminó en un
dictamen sin salvedades, pero dejando constancia de
que las inversiones en el Frigorífico Miguel Ameglio
S.A. y en Establecimientos Colonia S.A. se encontraban
valuadas a la fecha de sus respectivos cierres de
balances, aun cuando con posterioridad a esa fecha
sus patrimonios disminuyeron significativamente en
razón de las pérdidas sufridas. En ese momento, estas
inversiones representaban el 96,5% de las inversiones
en empresas por parte del organismo.
A partir del cierre efectuado el 31 de diciembre
de 1993, las auditorías externas comienzan a producir
dictámenes con salvedades. Con respecto al balance
de 1993 se establece que no se dispuso de confirmación
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas
sobre un crédito a cobrar que representa el 34% del
activo total. Sobre el balance correspondiente al ejercicio
1994 se establece que no se dispuso de balances
auditados. Desde 1995 a 1999 la auditoría pasa a
manos de Coopers y Lybrand. Todos sus dictámenes
han sido con salvedades importantes, por las siguientes
observaciones: a) dichos balances no reflejan
íntegramente los efectos de la inflación; b) se
reitera en cada ejercicio la imposibilidad de confirmar
el crédito a cobrar al Ministerio de Economía y Finanzas;
c) la ausencia de balances auditados que sustenten
algunas de las inversiones; d) que dicha ausencia
no les ha permitido confirmar la cobrabilidad
de los créditos que la Corporación mantiene con algunas
de dichas empresas; y e) no se ha podido confirmar
el valor de la inversión en tres inmuebles de Salto
correspondientes a El Espinillar.
En la misma dirección se orienta la posición del
Banco de la República que, como accionista minorita-