73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

56 CÁMARA DE REPRESENTANTES Martes 26 de noviembre de 2002
do. b) Favorecer la creación de empresas, fortalecer
las existentes, y participar, total o parcialmente, en su
capital. c) Colaborar en las políticas económicas
sectoriales, mediante la promoción de la inversión de
capitales en sectores empresariales prioritarios. d)
Analizar y señalar campos para nuevas inversiones,
preparar proyectos concretos de inversión y promover
el estudio de mercados para nuevos productos y para
la colocación de la producción nacional. e) Fomentar
la investigación, intercambio o incorporación de tecnología.
f) Contribuir a la expansión del mercado de
valores, favorecer la creación de empresas por acciones,
cooperativas y otras formas de cogestión empresarial;
promover la ampliación de capital en ramas de
la actividad nacional donde se requiera la producción
en escala y los recursos del sector privado sean insuficientes.
g) Promover la racionalización de los procedimientos
de administración empresarial. h) Promover
el desarrollo científico y tecnológico nacional, en forma
coordinada con la Universidad de la República y
otros organismos públicos y privados, apoyando proyectos
de investigación". Junto a eso, la discusión
parlamentaria que se generó en torno a la aprobación
de la ley que dio origen a la Corporación fue muy rica
en los elementos que se aportaron. Al respecto, voy a
citar una intervención del entonces Diputado Édison
Rijo, que decía: "Lo que hay que distinguir es que no
se trata de premiar, favorecer ni salvar al empresario
privado; se busca con el artículo 25 (facúltese a la
Corporación Nacional para el Desarrollo a adquirir
total o parcialmente a las instituciones privadas de
intermediación financiera, créditos de empresas deudores
de aquellas) la reactivación del país, a fin de
que esas industrias puedan, de alguna forma, contar
con los recursos suficientes para volver a trabajar".
En la misma línea, el entonces, Diputado Alberto
Brause decía que: "Los dos grandes objetivos a que
debe propender esta institución son la concesión de
créditos a mediano y largo plazo y la participación en
el capital accionario o social de las empresas privadas.
Al contrario del Banco de la República Oriental
del Uruguay, la Corporación Nacional para el Desarrollo
debe orientarse con un concepto distintos de la
concesión de créditos, teniendo presente las políticas
sectoriales específicas que se han diseñado y los
propósitos que se persigue". Al mismo tiempo, en esa
discusión parlamentaria, el actual Senador y entonces
Diputado, señor Pablo Millor, sostenía: "Podemos
sostener que haber calificado este organismo como
una persona jurídica de derecho público no estatal,
configura una manera elegante de abrir contralores
para operaciones que, sea cual fuere la definición que
se le da, están comprometiendo el patrimonio del
Estado, ya que éste participa con el 60% del capital.
Y si el Estado está habilitado de una manera genérica
para comprar créditos malos, si se está legalizando la
compra de carteras y si se pueden comprar acciones,
emitir vales y obligaciones, nosotros podemos considerar
que se está emitiendo deuda pública. Y cuando
el Estado emite deuda pública, hay una disposición
constitucional que lo somete a determinados controles.
Por supuesto que existe un requisito constitucional
establecido en la propia ley para integrar el capital
inicial. Pero ¿dónde está el límite cuando la Corporación
Nacional para el Desarrollo empiece a firmar garantías
y avales?"
Estas prevenciones tenían relación con lo que, de
alguna manera, eran las garantías de contralor del
funcionamiento de la Corporación para el Desarrollo
que, como vamos a notar en el desarrollo de esta argumentación,
luego se verifican con sobrada certeza.
El artículo 14 de la ley establecía que el capital de
la Corporación sería en un 60% del Estado y en un
40% de accionistas privados. Por lo tanto, estaba
previsto que el Directorio estuviera integrado por cinco
Directores nombrados por el Estado y dos correspondientes
al capital privado.
Sin embargo, hay que señalar que ese objetivo de
integración del capital privado no se logró en absoluto;
en ningún momento de la vida de la Corporación el
capital que manejó este organismo perteneció al
sector privado. Por lo tanto, el 100% del capital ha sido
del Estado uruguayo. A su vez, si repasamos los
cometidos que la ley atribuía a la Corporación y los
comparamos con su funcionamiento en esos años,
descubrimos, con claridad, que ha habido, por lo menos,
un incumplimiento de los cometidos en cuanto a
que los mismos no fueron desarrollados de acuerdo
con lo previsto en la ley que la formó. El primer punto
era definir el organismo y sus cometidos.
El segundo componente es el patrimonio de la
Corporación para el Desarrollo. La ley de su creación
fijó el patrimonio en N$ 10.000:000.000 -por su artículo
13- que en aquel momento equivalían a
US$ 80:000.000. Luego, estableció un mecanismo de
reajuste del patrimonio al 1° de enero de cada año de
acuerdo con el IPC. Después, en el artículo 17, establecía
que el Estado integraría ese capital en función
de determinadas formas que están escritas en el informe.
El Banco de la República, que tenía que capitalizar
la Corporación, completó su aporte en un 100% al 30
de noviembre del año 1993. Es decir que a esa fecha