73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

Martes 26 de noviembre de 2002 CÁMARA DE REPRESENTANTES 97
este último caso, la investigación solo procederá a los
efectos de: A) Analizar actividades o situaciones que,
por su relevancia, afecten el interés general.- B) Verificar
si el Poder Ejecutivo ejerce, respecto de la persona
de que se trate, su obligación de hacer cumplir
las leyes (numeral 4° del artículo 168 de la Constitución)".
Quiere decir que había un artículo, en esa enumeración
desde los artículos 15 al 28, que incluía a las
personas públicas no estatales. ¿Por qué, entonces, la
discusión? Porque esa disposición fue vetada por el
Poder Ejecutivo de la época y el veto no fue levantado
por la Asamblea General.
En aquel entonces, el Presidente de la República,
doctor Lacalle, refiriéndose expresamente a ese artículo,
en un mensaje fundado establece -perdóneme,
señor Presidente, porque voy a dar lectura íntegra al
fundamento por el cual se vetó esa disposición-: "6.-
Se observa, por otra parte, el artículo 28 del proyecto,
por cuanto otorgar la potestad de investigar la actividad
de las personas de derecho público no estatales,
resulta inconveniente y antijurídico, por contrario a los
principios que informan el Derecho Público vigente.-
Es inconveniente, en la medida en que atenta contra
los principios que caracterizan el funcionamiento de
las personas públicas no estatales, cuya constitución y
régimen jurídico garantizan una mayor flexibilidad en
su accionar. Ello, en virtud de que sus actos no son
actos administrativos, por lo que su impugnación no
debe recorrer todos los procedimientos existentes en
sede administrativa y jurisdiccional. Sus empleados no
son funcionarios públicos, por lo que a su respecto no
rige la estabilidad, característica de varios sectores de
la actividad estatal, rigiéndose por el derecho laboral.
Sus contratos no deben cumplir las pesadas, y no
siempre flexibles, normas sobre administración y
contabilidad financieras del Estado".
Eso decía el mensaje del Poder Ejecutivo en
cuanto a la inconveniencia.
Y agregaba: "Es antijurídico, en la medida que
las Comisiones no pueden ostentar atribuciones en
materias que no son de competencia de las Cámaras.
En efecto, respecto de las personas públicas no estatales,
la ley únicamente podrá establecer las reglas
fundamentales de organización, funcionamiento y
contralor. Por lo que si bien podría aceptarse el nombramiento
de Comisiones parlamentarias para suministrar
datos con fines legislativos," -que es lo que, dicho
sea de paso, proponemos en el informe en minoría-
"más difícil resulta sostener la posibilidad de
constituir a su respecto comisiones de investigación.-
La ley no puede modificar el fin especial determinado
para tales personas jurídicas de Derecho Público, a
riesgo de desconocer los derechos o intereses legítimos
de las personas afiliadas o incorporadas a la institución,
cuyas aportaciones han formado su patrimonio".
En otra parte del mensaje del Poder Ejecutivo se
recuerda: "Pocos temas han sido objeto en nuestro
Derecho Público de discusiones tan complejas y extensas
como el de saber hasta dónde alcanzan los poderes
de las Comisiones Parlamentarias de Investigación".
Entonces, si tenemos en cuenta que el artículo
que con relación a las personas públicas no estatales
permitía actuar con limitaciones -que, a nuestro juicio,
tampoco se respetan en el pedido de la Comisión Investigadora-
fue vetado en este campo por el Poder
Ejecutivo, no menos importante es que la Asamblea
General no levantó el veto, y esta es la expresión de
la voluntad legislativa mientras no se sancione una ley
en sentido contrario. La Asamblea General no levantó
este veto y las personas públicas no estatales quedaron
fuera del campo de aplicación de las Comisiones
parlamentarias de investigación.
Se me dirá que para todo tema puede haber dos
bibliotecas y acá se mencionaron opiniones sin individualizarlas,
de personas que tienen todo el derecho
del mundo a opinar en sentido contrario. Pero el hecho
de que haya dos opiniones jurídicas no quiere decir
que no exista una verdad jurídica. Claro está, si
adoptamos una posición política y luego buscamos los
argumentos para sustentarla jurídicamente, siempre
encontraremos la biblioteca que nos respalde. Sin
embargo, el camino del legislador en el Estado de
derecho es al revés: primero trata de llegar a una
conclusión jurídica -para ello apela al sentido común
jurídico, ya que este es el puente de oro que vincula a
la justicia con el derecho-, es decir, se hace una composición
de lugar, y luego analiza si la solución política
o la propuesta política se ajusta al mecanismo de derecho.
Inclusive, debo decir que esa discusión muchas
veces se instala en nuestra bancada, cuando se habla
desde el punto de vista político o jurídico. Se trata de
dos caras de la misma moneda; en el Estado de derecho
lo político y lo jurídico se nutren recíprocamente y