73º Sesión extraordinaria del 26 de noviembre ... - Poder Legislativo

Martes 26 de noviembre de 2002 CÁMARA DE REPRESENTANTES 57
la Corporación había recibido todo lo que el Banco de
la República estaba obligado a aportar.
El aporte de la Administración Central se ha ido
ajustando por el IPC de acuerdo con lo establecido en
el Decreto N° 247/87 y en cada ejercicio se presentó
una nota a los estados contables en el que se establecía
correctamente el cuadro evolutivo de ese
aporte. Ese detalle, a partir del ejercicio de 1998, se
deja de presentar, pero se continúa efectuando de
acuerdo con lo previsto por ley.
Desde su creación hasta el fin del ejercicio 1999
el Estado había aportado a la Corporación Nacional
para el Desarrollo un capital equivalente a
US$ 101:000.000. Podemos decir que ese es el patrimonio
de la Corporación que se había integrado
hasta el 31 de diciembre de 1999. Esa integración se
obtenía en base a los siguientes elementos. En primer
lugar, lo establecido en la ley de creación. En segundo
término, lo aportado a partir del convenio básico
establecido en el plan de reconversión bancaria,
que consta en las memorias y estados contables de la
Corporación de los años 1990 y 1991. En tercer lugar,
emisiones de Bonos del Tesoro. Por último, la ejecución
del Programa de Apoyo a las PYMES, que se
estableció en la Ley N° 16.882 de octubre de 1997, y
que consistía en US$ 30:000.000. Sin embargo, el
patrimonio que la Corporación expresa en su balance
de fines de 1999 indica que este ascendía a
US$ 53:000.000, con lo cual estamos asumiendo que
luego de doce años de funcionamiento la Corporación
reconocía implícitamente, en su balance oficial de
1999, que había perdido casi la mitad de su patrimonio.
Si habíamos establecido que US$ 101:000.000
era la integración patrimonial que se había generado
a fines de 1999 y, sin embargo, la Corporación reconoció,
en esa misma fecha, US$ 53:000.000, estamos
hablando de una pérdida cercana a la mitad.
Luego, en los años 2000 y 2001 la Corporación
recibió nuevos aportes de capital por un valor de
US$ 8:900.000, lo que totaliza una capitalización,
por parte del Estado a la Corporación, de
US$ 110:000.000. Y en la memoria explicativa, adjunta
al balance que cierra al 31 de diciembre de
2001, se reconoce, ahora sí, explicítamente, haber
perdido el 63% del capital aportado, lo que significa
una cifra aproximada a los US$ 70:000.000. Esto es
lo que explícitamente la Corporación reconoce en su
balance del 2001: el 63% del patrimonio y el equivalente
a US$ 70:000.000.
Sin embargo, nuestro análisis, indica que en esa
cifra no están incorporados otros rubros que, desde
nuestro punto de vista y dadas las circunstancias que
ahora vamos a reseñar, también se deberían imputar
a pérdida patrimonial, con lo cual esa pérdida patrimonial
completa de la Corporación podría situarse
cercana al cien por ciento. ¿Por qué? En primer lugar,
porque bajo el rubro "Créditos Financieros Diversos
de Largo Plazo", se incluye un crédito por
US$ 41:000.000 que corresponde a cuentas a cobrar
por parte de la Corporación al Banco Central por las
pérdidas que la Corporación generó, originadas por la
participación de esta en el Banco La Caja Obrera, en
el Banco Comercial y Banco de Crédito. Sin embargo,
durante todo el período considerado, el supuesto
deudor no confirmó la existencia de tal crédito. Es decir,
las Auditorías sucesivas que se fueron desarrollando
con respecto a la Corporación, en ningún caso,
pudieron confirmar que este crédito financiero de largo
plazo de US$ 41:000.000 pudiera establecerse
con claridad. O sea que se trataba de un crédito de
cobro incierto. Esto no lo decimos nosotros sino los
auditores externos privados que la Corporación tuvo,
fundamentalmente, a partir de la segunda década del
noventa, cuando se señala, una y otra vez, como observación
al balance de la Corporación que este crédito
de US$ 41:000.000 no puede ser corroborado
porque no hay confirmación acerca de que todavía
pueda ser cobrado.
En segundo término, cuando bajo el rubro "Acciones"
se incluye la participación de la Corporación en
el capital de las empresas privadas en las que invirtió,
nos encontramos con que una parte importante de
esas empresas privadas no cuentan con Auditorías
contables. Por lo tanto, resulta difícil establecer si
esas inversiones siguen teniendo valorización o, por
el contrario, deben ser pasadas a pérdida. Se valúan
por el costo de la inversión como si eso fuera fijo y
esas empresas en donde se invirtió no hubieran tenido
ningún movimiento ni a favor ni en perjuicio. Por lo
tanto, no sabemos si esas inversiones están correctamente
valoradas o, por el contrario, deberían ser
restadas. Este hecho no es menor, porque en algunos
ejercicios las empresas en las que la Corporación
Nacional para el Desarrollo ha invertido y que no han
sido objeto de Auditoría superan el 50%. Quiere decir
que más de la mitad de las empresas en las que la
Corporación ha invertido dinero no ha sido objeto de
Auditorías. Por lo tanto, los auditores de la Corporación
no pueden corroborar que las cifras que esta dice
tener en activo por su participación en ciertas empresas
realmente exista. Las compañías en las que la
Corporación ha invertido que tienen patrimonio negativo
se presentan a valor cero, por lo cual no se contabilizan
las pérdidas.