Política y derecho: retos para el siglo XXI

V. La función propia del derecho de daños
1. Es indudable que el derecho de daños tiene una función compensatoria
o resarcitoria; pero, ¿puede cumplir, además, una función preventiva
o punitiva? Muchos autores sostienen que no, que el derecho
de daños no aspira a castigar a su causante ni a prevenir la causación
del daño (aunque, sin duda, la prevención puede presentarse como un
subproducto de la amenaza de tener que responder); en este sentido, se
ha señalado que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho norteamericano
de daños, el derecho europeo no ve en el derecho de daños un
instrumento con propósitos redistributorios o disuasorios, de donde
deriva el rechazo a importar a nuestro derecho las llamadas indemnizaciones
punitivas (punitive damages) y las indemnizaciones disuasorias
(deterrent damages) 18 .
2. En cuanto a los PETL, uno de sus artífices, Koziol, ha manifestado
de manera rotunda que los mismos no constituyen fundamento
alguno para las indemnizaciones punitivas 19 ; ello deriva, de un lado,
del artículo 1:101 PETL, que configura el daño como presupuesto
de la responsabilidad y su reparación como función primaria del
derecho de daños; y también del artículo 10:101 PETL, según el cual
la indemnización es para restablecer a la víctima en la posición que
hubiera tenido de no haberse producido el ilícito, a fin de compensarla.
Con todo, es de destacar que el artículo 10:101 termina señalando que la
indemnización “también contribuye a la finalidad de prevenir el daño”
(lo que por sí sólo podría considerarse como mero reconocimiento de
una consecuencia de la responsabilidad) y que, además, el artículo 2:104
PETL considera daño resarcible los gastos preventivos, en la medida
de la persona que tiene a su cargo a otra (por ejemplo, los padres del menor víctima);
por tanto, una culpa de este tipo no podría justificar conforme a estos textos
la rebaja o exclusión de la indemnización exigible por la víctima.
18
Así, entre otros, Pantaleón Prieto (2000), pp. 167 y ss., y (2005), p. 6, o Díez-
Picazo (1999), p. 46.
19
Koziol (2008), pp. 49 y 50. Esta opinión es secundada por Pantaleón Prieto
(2005), p. 6, quien considera que los PETL excluyen asimismo cualquier tipo de
indemnización disuasoria.
Los principios de derecho europeo
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