Política y derecho: retos para el siglo XXI

Dándose la falta de conformidad, habrá responsabilidad cuando
aquélla exista en el momento de la entrega del bien de consumo (art.
3.1) y se manifieste en un plazo de dos años desde entonces (art. 5.1).
Se permite, no obstante, a los Estados miembros, que consientan a las
partes pactar un plazo inferior (aunque nunca por menos de un año)
para los bienes de segunda mano (art. 7.1).
En todo caso, si la falta de conformidad aparece durante los primeros
seis meses a partir de la entrega, se presumirá —salvo cuando la
presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o la índole
del defecto de conformidad— que aquélla ya existía al tiempo de la
entrega, por lo que corresponderá al vendedor demostrar lo contrario
(art. 5.3).
Junto al plazo de garantía de dos años, el artículo 3.3 de la Directiva
hace referencia a otro, de establecimiento voluntario por los Estados
miembros, en el que el consumidor deba, “para poder hacer valer sus
derechos”, informar al vendedor de la falta de conformidad: dos meses
desde la fecha en que se percató de la misma.
En cuanto al sujeto responsable en virtud de la garantía legal, frente
al consumidor, sólo lo es el vendedor final (arts. 3 y 4). Ahora bien,
cuando éste responda frente a aquél, tendrá un derecho de repetición
contra el productor, el vendedor anterior perteneciente a la misma
cadena contractual o cualquier otro intermediario a cuya acción u
omisión se deba la falta de conformidad. Para la concreción de los
sujetos responsables contra los que el vendedor final puede emprender
acciones, así como para la determinación de éstas y de sus condiciones
de ejercicio, la Directiva se remite a las legislaciones nacionales de los
Estados miembros (art. 4).
La solución adoptada por el legislador comunitario fue, según afirma
Lete Achirica (1999, p. 1369), la menos “problemática” desde el punto
de vista de la incorporación a los ordenamientos nacionales, ya que en
definitiva coincidía con sus propias normas al respecto. Sin embargo,
como sigue diciendo el citado autor, fue duramente criticada por el
Grupo Europeo de Derecho de Consumo por considerarla incoherente
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