Política y derecho: retos para el siglo XXI

En el ámbito de Latinoamérica de resaltar la Declaración de Principios
Éticos de Médicos del Mercosur (Asunción del Paraguay, 18 de mayo
de 1995), en cuyo principio ético 6 se consagra:
Es derecho del paciente de decidir libremente sobre la ejecución de
prácticas diagnósticas o terapéuticas siéndole asegurado todos los recursos
de la ciencia médica donde sea atendido sin discriminación de
cualquier naturaleza.
Bolivia, por su parte, goza de la Ley 3131 del ejercicio profesional médico,
en la que se define el consentimiento informado, especifica sus
características (voluntariedad, información y comprensión), determina
sus límites, y momento de procedencia. Introduce en su texto legal
unos modelos para diversos casos de actos médicos. Según expertos
(Kvitko, 2009:182), se trata de una ley extremadamente completa toda
vez que se integra con los diversos aspectos referentes al consentimiento
informado, y al establecer los diferentes protocolos –como lo hace–
no deja librado al arbitrio de cada centro hospitalario, así como a cada
profesional, la forma en que se debe cumplir con este fundamental pilar
de la relación médico-paciente.
Por su parte, Perú tiene consagrada en la Ley General de Salud 26842
del 20 de julio de 1997, dicha institución y desarrolla en 27 artículos,
reconociendo el carácter de un derecho personal de autonomía de la
voluntad que se debe ejercer y garantizar en todo los actos médicos
o quirúrgicos. Lo regula especialmente en los casos de aplicación de
métodos anticonceptivos, técnicas de reproducción asistida, disposición
de órganos y tejidos de seres humanos vivos, estableciendo en
qué casos dicha facultad puede ser dispuesta por familiares o cercanos.
Se requiere también de su toma en cualquier tipo de práctica docente
o suministro de medicamentos, así como una explicación amplia del
derecho a negarse a cualquier intervención. De resaltar la reserva que
recae sobre la información relativa al acto médico que tiene carácter de
reservado.
En Uruguay, el decreto 258/992 de 9 de junio de 1992, regula las reglas
de conducta médica y los derechos del paciente. El consentimiento
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