Política y derecho: retos para el siglo XXI

sistemático de traer a colación las disposiciones presentes en el texto
constitucional sobre un presunto modelo de desarrollo, justifica la interpretación
extensa del vocablo.
El artículo 81 prohíbe la fabricación, importación, posesión y uso de
armas químicas, biológicas, residuos nucleares y desechos tóxicos. Disposición
que limita el ejercicio de otros derechos, como la libertad de
empresa, en aras de garantizar la sanidad de la población y la integridad
del ambiente. Sin embargo, se conocen ya las modificaciones que
de manera expresa y tácita han relativizado esta disposición constitucional
7 .
El artículo 95 establece de manera inequívoca los deberes de los colombianos,
y entre ellos señala: 5. Participar en la vida política, cívica
y comunitaria del país; y 8. Proteger los recursos culturales y naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
La Carta Política de 1991 consagró en los artículos 212 a 215 la figura
de los estados de excepción, y señaló que éstos puede ser de tres clases:
estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de
emergencia económica, social y ecológica. El primero de ellos contempla
la posibilidad de ser utilizado cuando el Estado se vea avocado a
enfrentarse con otro Estado, bien para repeler una agresión o porque el
Gobierno Nacional decida tomar una iniciativa de declarar la guerra.
El estado de conmoción interior implica, ya no la turbación del orden
7
La Ley 253 de 1996 ratifica el Convenio de Basilea, sobre el tráfico transfronterizo
de residuos peligrosos, y por tanto, a partir del año 2006 se permite la importación
al país, mediante Licencia Ambiental, de algunos residuos tóxicos como
baterías usadas. En su momento la primera autorización a la Empresa MAC S.A.,
por parte de la saliente Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Sandra Suárez, despertó todo tipo de discusiones al respecto, incluso la inconstitucionalidad
de las normas expedidas con esta finalidad. Al respecto la Corte
Constitucional señaló en su momento, que con la ratificación del Convenio internacional
quedaba mucho más claro el panorama para la interpretación de este tipo
de residuos, y que en ese sentido, la prohibición hecha por la Constitución no era
absoluta, en la medida en que permitía la importación de algunos residuos peligrosos
que podían ser gestionados y eliminados de manera adecuada. Sentencia
C-771/98. MP. Carlos Gaviria Díaz.
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